La colonización agrícola y los problemas de tenencia de la tierra en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, en San Ramón, son parte de un trabajo de investigación que realizó el geólogo Guillermo Artavia Rodríguez, para optar por la Maestría Académica en Geología de la Universidad de Costa Rica.
Según Guillermo Artavia, autor de la investigación, «la periferia de la Reserva no presenta modificaciones drásticas o muy significativas  de pérdida de bosque».
El trabajo tiene dos componentes principales. En primera instancia pretendía observar lo que ha pasado durante estos 30 años en la zonas de periferia de la Reserva, ya que por contar con una extensión de 7.800 hectáreas ha sido difícil medir si los propietarios vecinos del área protegida se han adentrado en ella, modificando el uso de su suelo.

Por otra parte, dado que existen personas que reclaman la propiedad de fincas que son parte del territorio de la Reserva, el investigador se propuso plasmar, de manera espacial, la problemática de tenencia de la tierra que enfrenta.

COLONIZACIÓN AGRÍCOLA



¿Ha afectado la colonización agrícola los linderos de la Reserva? Esta es una de las preguntas que ha tratado de responder Artavia en la primera parte de su investigación, desde su creación, para la cual se planteó mostrar los efectos de los frentes de colonización agrícola sobre la periferia de la Reserva.

Para ello, se dedicó a visitar gran parte del territorio limítrofe y evaluar si durante estos 30 años el bosque ha sido intervenido  de manera significativa por parte de los vecinos, cambiando el uso del suelo para fines agrícolas.

Entre los resultados, Artavia menciona que, «a pesar de que no ha existido una buena presencia de autoridades en el área, dada su extensión y el poco personal con que cuenta, la intervención desde fuera de la Reserva hacia su interior ha sido muy escasa, salvo una finca denominada Bajo Jamaical ubicada dentro del territorio y que existía desde antes de esta área protegida».

«Lo cierto es que la periferia de la Reserva no presenta modificaciones drásticas o muy significativas  de pérdida de bosque», afirmó Artavia.



TENENCIA DE LA TIERRA



Con base en información sobre el reclamo de propiedades que son parte de la Reserva, el investigador se propuso esclarecer, de manera gráfica, la situación espacial en que se encuentra el territorio.

Desde antes de la creación de esta Reserva Biológica existen solicitudes sobre fincas que se encuentran dentro de sus límites de parte de personas físicas, las cuales todavía no están jurídicamente claras.

En 1964 se realizó el primer reclamo y desde entonces se han presentado 80 solicitudes sobre fincas ubicadas dentro de esta área. En los últimos 12 años se han incrementado las demandas, con lo cual ascienden a 40 los reclamos desde que se declaró Reserva Biológica, en 1993.

Consciente de la importancia del tema y de que la conservación -además de la flora y fauna- debe velar por el uso del terreno en donde se encuentran, el director de la Reserva, Lic. Alberto Hamer Salazar, se ha dado a la tarea de acopiar información sobre las solicitudes de tierra que existen, contando actualmente con 80 expedientes al respecto.

Este material fue utilizado por el investigador como base fundamental de su trabajo, con lo que logró dar una ubicación espacial a la situación de tenencia de tierra que enfrenta esta zona.

Artavia presenta un mapa general en donde se indica la totalidad del territorio que ha sido reclamado, siendo de aproximadamente un 60% de las 7.800 hectáreas. Gran parte de estas fincas están traslapadas, por lo cual el investigador señala que «si lo ubicamos todo en una sola capa, hay como 25 kilómetros  de traslape».

Según Salazar, este es «el trabajo más importante en conservación que se ha hecho en la Reserva en los últimos 30 años, ya que ha contribuido a dilucidar el problema de tenencia de tierra y a ponerlo en evidencia para empezar a trabajar».



AMENAZA



Debido a que esta zona está regida por la Ley Forestal y esta no permite la modificación del bosque en esta categoría de manejo, no debería haber repercusiones ambientales siempre y cuando se respeten las leyes,  pero si se violentan, la zona es muy frágil y podría sufrir muchos daños,  señala el investigador.

Salazar refuerza este argumento, apuntando que «desde el punto de vista de la conservación de las especies no hay ningún problema, pero la amenaza es de carácter administrativo, porque según la ley, el Estado tiene que pagar por las tierras de propiedad privada dentro de las áreas denominadas Reservas Biológicas».

Por otra parte, Salazar argumenta que si esas tierras son de propiedad particular y el Estado no las paga, son suceptibles de cambio de uso de suelo.

Esta es una problemática que la Universidad no puede resolver porque no es de su competencia, pero sí puede contribuir aportando todo el conocimiento para que quien tiene que resolverlo lo haga, puntualizó Salazar.

Por lo pronto, ya está claro el problema desde el punto de vista espacial, ahora falta poner en orden la parte legal, trabajo que ya iniciaron tres estudiantes de la Maestría en Derecho Ambiental de la UCR. Una vez que se tengan los resultados, este material se le presentará a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Catastro Nacional, que son las instituciones competentes para resolver el problema.