*La adjudicación de siete rutas de buses intersectoriales enfrenta a autobuseros y revive denuncias sobre tráfico de influencias en el Ministerio de Obras Públicas Transportes (MOPT).
 
Tras la adjudicación del permiso que obtuvo el consorcio de autobuseros MPT para operar siete rutas intersectoriales en San José y la resolución del Tribunal Administrativo de Transporte de anular esa decisión del Consejo de Transporte Público (CTP), una guerra de acusaciones se desató entre sectores de transportistas involucrados en el negocio. El tribunal anuló la adjudicación del permiso para operar las intersectoriales señalando vicios en el proceso, tras la impugnación presentada por la empresa Autobuses Barrantes Araya S.A, a una de las rutas.
Mientras tanto la Sala IV acogió la semana pasada un recurso de amparo de los empresarios de MPT, quienes alegan que no fueron escuchados por el tribunal administrativo y esperan que éste reconsidere la resolución de anular el proceso.

Empresarios del consorcio MTP: Ricardo Sáenz (izq), Mayabell Montero y
José Roberto Morera. (Foto Katya Alvarado).

El CPT, adscrito al MOPT, ha sido blanco de denuncias de algunos empresarios y políticos de oposición que le achacan favorecimiento a los adjudicatarios de las nuevas rutas. Critican que se autorizara la puesta en marcha de las nuevas rugas sin planificación, sin estudios ni inversión en infraestructura para asegurar el éxito del nuevo servicio, entre otros puntos. La polémica se centra mayormente en la integración del CTP, donde uno de los miembros es el autobusero Jorge Arturo Herrera, integrante de MPT, mientras que Sara Corrales figura como representante de los usuarios y es cuñada de Mario Bermúdez, otro socio de MPT. Sara Corrales ya había sido acusada de conflicto de intereses ante la Contraloría General de la República (CGR), en el 2006, por los representantes de Asmesa S.A., empresa a la que el CTP le canceló la concesión de la ruta a Aserrí, luego de 50 años de operación, y se la adjudicó a Mario Bermúdez. Asmesa tiene planteado un proceso contencioso en los tribunales contra el Estado, exigiendo la devolución de la concesión y el pago de indemnizaciones, dijo Cynthia Morales, abogada de la empresa. Morales estableció un paralelismo entre ambos casos, pues dijo que en aquella ocasión Corrales ya era miembro del CTP que aprobó la concesión a Bermúdez, su cuñado, y éste tenía desde meses antes los nuevos autobuses que pondría luego en operación en la ruta de Aserrí, antes de que a Asmesa le decretaran caducidad (Ver recuadro «La historia se repite) En el caso de las intersectoriales, la presidenta del CTP y viceministra del MOPT, Viviana Martín, ha negado insistentemente que haya habido irregularidades en el proceso de adjudicación. Para poner en marcha las intersectoriales, como director del proceso se contrató  a un abogado con amplia experiencia, con el propósito de asegurar la transparencia y el adecuado cumplimiento de los procedimientos, dijo Martín ante una consulta de UNIVERSIDAD. Asimismo, el CTP contrató al equipo de técnicos, abogados, administradores e ingenieros encargados de ejecutar todos los pasos, asegurándose de que fuese integrado por personas que nunca hubieran tenido ninguna relación anterior con transportistas. Este fue el grupo encargado de hacer las valoraciones en torno a las ofertas y las calificaciones. La Junta Directiva se limitó a recibir, en sobre cerrado, la puntuación final de los oferentes para las líneas intersectoriales, explicó. A pesar de que, usualmente, en el procedimiento para otorgar permisos de transporte el CTP invita a quienes considera que deben participar, esta vez se procedió a hacer una invitación pública. Y aunque tradicionalmente el criterio para evaluar nunca es conocido de previo por nadie, en esta ocasión se procedió a publicar la tabla de evaluación en aras de la transparencia más absoluta, afirmó. Respeto de la integración del CTP, señaló que en la junta directiva hay un representante de los autobuseros y otro de los usuarios, según lo dispone la ley, y en ningún momento algún familiar o interesado votó ni opinó para decidir el permiso al consorcio ganador, anotó Martín. Por otro lado, el Estado tiene la obligación de promocionar el transporte público y el deber de dar la información a la ciudadanía ante las nuevas rutas intersectoriales. Los usuarios del transporte público, que se mueven a diario en San José necesitan saber sobre las paradas, recorridos, horarios, frecuencias y nuevos servicios de las rutas intersectoriales, añadió Martín. Esto en respuesta a las críticas de que el CTP aprobara una partida de ¢100 millones para hacer publicidad a las nuevas rutas, pese a que entre los compromisos pedidos a los oferentes estaba la de hacer este tipo de divulgación. «No es posible que tras una espera de 27 años para echar a andar el proyecto de las intersectoriales, y luego de dos años completos de estarse diseñando esta respuesta ante al clamor nacional por  un transporte público con buses nuevos, recorridos más cortos, sin tener que hacer cambios de buses, rutas que hoy no tienen transporte público, todos con rampas, una tarifa económica de ¢350, reducción del valioso tiempo de los usuarios, y lo que es hoy una emergencia nacional, el incremento desmedido de los combustibles, venga una decisión de un tribunal del MOPT a suspender el derecho de la población costarricense», cuestionó la funcionaria.
 
PREOCUPACIÓN
El diputado Mario Quirós, del Movimiento Libertario, contradijo a la viceministra al decir que la discusión no es si el proyecto de las intersectoriales es beneficioso o no, sino que la discusión es sobre la forma en que se está entregando. «Uno puede estar de acuerdo con las intersectoriales, pero de ahí a decir que cualquier cosa se vale a la hora de ejecutar el proyecto, hay una gran diferencia», manifestó. «Ahora se va llegar a absurdos, como que hay rutas como la de Moravia-Tibás-Santo Domingo, de mucho tráfico y muy convenientes, y otras a las que no les veo mucho futuro, como Bello Horizonte-Alajuelita, donde hasta el equipo es diferente, y ¿cómo van a tener el mismo precio?, es un absurdo lo que están haciendo», comentó el legislador. Quirós y el diputado Marvin Rojas, del Partido Acción Ciudadana, dijeron no haber recibido información solicitada a Martín y al regulador de los servicios públicos, Fernando Herrero, sobre aspectos relativos a esta adjudicación. Citaron como ejemplo el estudio de impacto ambiental, un requisito de ley a la hora de aprobar el permiso y las tarifas de las intersectoriales. «Esto pareciera indicar que los funcionarios consultados no tienen respuesta, y es muy grave que una cosa tan importante como el transporte público, se esté manejando de esta forma», manifestó Quirós. Una de las cosas que impugna este último es la «cartelización» de las rutas que se daría con este proyecto, lo que va contra el espíritu de la ley, «que muy sabiamente no quería que el transporte quedara en pocas manos, sino que siempre buscó que un solo empresario no tuviera mas de tres rutas.» Por su parte Rojas mostró preocupación, porque el país necesita un adecuado reordenamiento del transporte público, «pero aquí las cosas se hacen al revés, porque primero había que hacer los sectores y luego las intersectoriales». Las intersectoriales son necesarias una vez que se hayan establecido los sectores, lo que quiere decir por ejemplo que en Guadalupe, Tibás y Pavas se crea un sector en cada uno de ellos. De cada sector al centro de la ciudad irán buses de alta capacidad por carriles exclusivos, y los diferentes barrios alimentan con buses pequeños al bus grande, eso es lo que conforma un sector. Después tiene que haber buses intersectoriales que unan esos sectores, explicó Rojas, aludiendo al plan de reordenamiento del que se ha hablado desde años en los diferentes gobiernos. «Aún así, y conscientes del alto costo de los combustibles, de la contaminación y de la alta densidad vehicular en la ciudad, estamos apoyando ese proyecto. Pero resulta que hay indicios de corrupción en el CTP, donde hay varios directores que a su vez son empresarios interesados en el tema de las intersectoriales; entonces eso da pie para pensar que ahí las cosas no se están haciendo bien», concluyó.
LEGALIDAD
Luis Diego González, representante de la empresa Discar S.A. que tiene la concesión de la línea periférica alrededor del casco capitalino, dijo que éste es un asunto de legalidad, pues «las rutas intersectoriales deben operar, pero deben hacerlo mediante un procedimiento legal.» Destacó que el tribunal administrativo anuló la adjudicación del permiso de las intersectoriales, porque encontró dos defectos graves en el proceso. Uno, que es irracional limitar la posibilidad de otorgar el servicio a empresarios que no sean del área metropolitana, mientras que PRU-GAM sugiere planes de acción para la GAM, y evidentemente los empresarios que prestan servicio en está área deberían poder participar y ganar puntos por su experiencia. El otro fue que la tabla de calificación con su respectiva matriz fue publicada a cuatro días de que venciera el plazo de las ofertas, y contenía elementos de imposible cumplimiento para quien no tuviera en sus manos la información. Esto dejaba a los demás en la indefensión, por eso tribunal administrativo la anuló e invalidó todo el proceso a partir de ahí, resaltó. Otro punto es que un ingeniero que trabaja en la empresa contratada por PRU-GAM es el mismo que firmó la oferta de la empresa que resultó beneficiada con el permiso y cabe la pregunta de si conocía todo lo relativo a lo requerido en esa tabla de calificación, mencionó González. Por su parte, los representantes de MPT consideraron que hay mezquindad en estos señalamientos, porque en la invitación hubo oportunidad de que todos participaran en igualdad de condiciones y no hay nada irregular en el proceso. Afirmaron que ellos mismos tuvieron que correr, trabajando incluso en jornadas nocturnas para ordenar la información y poder entregar a tiempo las ofertas. Negaron que el gobierno los haya favorecido con el permiso para pagarles compromisos políticos, como se ha dicho, por haberle ofrecido autobuses durante la pasada campaña política y en el referéndum del TLC. Subrayaron que en el consorcio participan 34 empresarios de todas las tendencias políticas, que representan el 92% de las rutas que sirven San José, y por primera vez se han unido en forma solidaria en esta empresa, asumiendo riesgos de inversión altos, sin tener ninguna seguridad que al cabo de dos años, cuando finalice el permiso, vayan a ganar la concesión de las rutas. Prevén poner en operación 99 buses, parte de los cuales serán comprados por ellos con una inversión de $10 millones, y parte serán alquilados. Afirmaron a la vez que el consorcio está abierto a la participación de otros empresarios, e incluso Discar forma parte de él, aunque se retiró de la sociedad que ellos crearon para operar los buses. Los dueños de Discar renunciaron a la sociedad MPT, pero no renunciaron al consorcio, porque quieren operar solos una ruta que manejan entre Hatillo y Guadalupe. Así se dejan esa ruta mientras las otras seis rutas siguen dentro del consorcio, con lo que pretenden hacer «mesa gallega», afirmaron.
 
«La historia se repite»

Los autobuses del nuevo operador de la ruta a Aserrí, Mario Bermúdez, ya estaban en la aduana pintados y rotulados en diciembre del 2005, mucho antes de que el Consejo de Transportes decidiera el 23 de abril del 2006 cancelar a la empresa Asmesa la concesión, aseguró la abogada Cynthia Morales. Asmesa mantiene un contencioso contra la administración pública para pedir su reinstalación y una indemnización por daños y perjuicios, dijo la abogada. Esa empresa operó la línea de Aserrí por 50 años, pero otro empresario la pretendía y a la viceministra Viviana Martin «le urgía sacar a la empresa de Aserrí por cualquier medio posible», para lo cual se valieron de caducidades que no existen, aseguró Morales. UNIVERSIDAD intentó conversar con Bermúdez o con algún otro representante de su empresa Autotransportes Desamparados, pero se dijo que no había nadie para referirse al tema. Según Morales, a Asmesa se le canceló la concesión por no presentar unos requisitos, que no están tipificados en la ley de tránsito como motivo de caducidad, y hay un peritaje encargado por la empresa donde se demuestra que ninguna de las unidades representaba peligro, contrario a lo aducido por el CTP. La gente debe saber que en el CTP no existen peritos, ni siquiera un cuerpo técnico calificado para determinar si las unidades cumplen o no cumplen, todo se basa en requisitos que no están en ninguna parte sino que son inventos de la administración, comentó. En cuanto a Sara Corrales, la abogada dijo que ella como integrante del Consejo de Transportes tenía pleno conocimiento de que la concesión se le iba a otorgar al cuñado (Bermúdez), y que ella no votara las decisiones no significa que no estuviera conociendo el caso, pues participaba y hablaba en forma abierta del tema. «Es lo mismo que ocurre con las intersectoriales, es una historia que se repite, hay un compromiso que tiene un sector del MOPT hacia un determinado grupo de empresarios y están haciéndolo cumplir a la fuerza, porque se irrespetan los derechos de las demás personas que desean concursar o de los que ya tienen sus diferentes rutas» Ésta no es una posición en contra de las intersectoriales, aclaró, sino que lo que se señala es que faltó consulta y una mayor inclusión de todos los sectores, porque también los taxis se van a ver perjudicados y el resto de los empresarios de rutas, igual los que transportan estudiantes. «Sé que todos queremos ser transportados de forma digna, pero eso no significa que vayamos a generar un caos metiendo cien buses mas a la calle, y que los dueños digan después que es un verdadero fracaso por la inversión realizada y el número de personas que los están utilizando», señaló Morales.