Esta nueva chayotada gubernamental sobre una Constituyente, aunque lo pareciera por quien la plantea, no es un delirio etílico. Es con muy clara intención. Es la amenaza más grande engendrada desde el TLC.
Se vienen a la mente tres posibles maldades que pueden estar detrás del asunto. La primera, que sea por apropiarse, robarse, un clamor ciudadano (encabezado en su momento por José Miguel Corrales), en cuanto a la necesidad de descentralizar el Estado y darle más eficiencia a nuestra democracia, pero en sentido contrario planteando ahora el régimen más concentración del poder.
La segunda posible razón, sería para tratar de desacreditar la Constitución actual, ante un inminente pronunciamiento de inconstitucionalidad del TLC por parte de la Sala IV, específicamente en cuanto al capítulo 3.3 y los negocios de armas (Consulta presentada desde hace muchos días por Luis Roberto Zamora). El tercer posible motivo, sería para perpetuar en el poder al gobierno más nefasto de la historia moderna costarricense. Al tener ya contados los días el reino de las tinieblas, y estar acostumbrados a tener las pesuñitas en el fondo del poder, la desesperación aflora y el cinismo se agudiza.
Del otro lado de la cerca se escuchan posiciones que hay que respetar, como que «No hace falta una Constituyente; lo que hace falta es respetar la Constitución». Claro que hace falta, que siempre se respete la Constitución. Pero también es cierto que nos merecemos una Carta Magna revitalizada.
Decía Don Pepe que la democracia es el mejor carro político para los pueblos, pero que ese motor requiere un «overhaul» cada cincuenta años. A Costa Rica hace rato se le pasó el tiempo idóneo para ese «overhaul». Estamos tan mal de motor, que estos dinosaurios llegaron al poder.
El meollo del asunto es: constituyente ¿para qué, o para quienes? Si es para reordenar esta maraña de leyes que tienen al país imposibilitado de avanzar, entonces es tarea prioritaria. Si es para volver a dar mayores oportunidades a los más, y no a los que ya no necesitan, entonces es de suma urgencia. Si la Constituyente es para potenciar un Estado más eficiente, democrático, y equitativo, un aparato productivo nacional más competitivo pero sobre todo más solidario, y si es para tener un país de propietarios y no de proletarios, hay que convocarla sin necesidad de esperar a que este des-gobierno termine de hundir el país y el futuro de nuestros jóvenes. El problema, volviendo al meollo del asunto, es que quienes vienen con la propuesta no tienen ni credibilidad alguna ni recuerdo de autoridad moral para emprender semejante proyecto. Si desde el 86 nos lanzaron a un modelo de desarrollo hoy demostrado como equivocado, si ejecutaron un golpe de estado para lograr una reelección con nombre, si «ganaron» muy estrechamente las elecciones nacionales con cientos de mesas electorales cuestionadas, si hasta al embajador gringo se le entregaron para meterle miedo al pueblo en el pasado referéndum, y si ya se han brincado cualquier vestigio de separación de poderes del estado, ¿con cuál cara de chayote se les ocurre venir ahora con esto?
Si, necesitamos Constituyente, pero con una elección realmente democrática de sus Constituyentes. Serían ellas y ellos quienes sentarían las bases y prioridades de desarrollo nacional dentro de ese nuevo marco jurídico. Por eso, necesariamente se tendría que garantizar representatividad democrática de las distintas visiones de país que existen en Costa Rica. Por eso, para comenzar a hablar del tema, primero hay que ver las reformas y garantías electorales necesarias, porque el Tribunal Supremo de Elecciones de hoy es la ofensa más profunda a nuestra democracia y a nuestro sistema electoral.
Nos damos por entendidos entonces que por ahora no habrá Constituyente, porque el régimen, si es en cancha pareja, no juega. No sea que se les caiga el negocito, y tengan que volver, o comenzar, a trabajar.