Históricamente, una tendencia humana ha sido discriminar al otro, al diferente y entre la discriminación ha surgido la violencia, así, la Inquisición y el holocausto han sido ejemplos extremos de lo que es capaz de hacerse en contra del que sea considerado anormal. 
En nuestro país se avecina esta tendencia, la arcana penalización de la locura, el encierro penitenciario del enfermo mental, la reclusión de los inimputables en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario (HPP), centro que atentaría contra la dignidad y derechos humanos de quienes sean internados en él.
Debe partirse de una premisa de realidad, la Sala Constitucional ha dispuesto separar a los pacientes psiquiátricos con medidas de seguridad de aquellos que no las tengan, no por medio del encierro médico-penitenciario, sino solamente médico.  La ministra Martín, en manifestaciones dadas a la prensa en las últimas semanas, ha indicado que en las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, se establece que a los enajenados no se les recluirá en prisiones, sino en instituciones médicas especializadas. 
En este sentido, resulta imperativo y respetuoso de los derechos de los inimputables que el centro médico especializado no se convierta en una prisión, que no sea un centro penitenciario, esto debe ser una voz de alerta.
En la Asamblea Legislativa, se tramita el proyecto de ley sobre la creación del HPP (exp. 16269), donde se propone crear un centro especializado para el tratamiento de los inimputables, pero desde una óptica médica-carcelaria.  Esto posee una implicación devastadora, la cárcel para los enajenados, contrariando así de manera encubierta lo estipulado al respecto en las Reglas Mínimas de la ONU.  En dicho proyecto, se plantea que dicho nosocomio estará adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia y se construirá en las inmediaciones del CAI La Reforma, evidenciando con ello graves errores que ponen de manifiesto potenciales violaciones contra los derechos humanos de los inimputables, situación  que debe de evitarse.
Tal y como lo ha manifestado la ministra Martín, los “casos que corresponden a medidas de seguridad de internamiento en el Hospital Psiquiátrico impuestas por los tribunales penales no son competencia del Ministerio de Justicia… dado su carácter médico”,  pues a dicho ministerio le atañe lo referente a la ejecución de las penas privativas de libertad, mismas que no se les pueden imponer a un inimputable, ya que implicaría que al mismo se le ordenara prisión por estar enfermo, es por ello que a éste se le impone tratamiento médico-psiquiátrico. 
El proyecto de ley de creación del HPP, deja esto de lado y pretende ideológicamente que a las personas enfermas mentales se les recluya médica-penitenciariamente por su condición mental, situación que nos devuelve en tema de derechos humanos siglos atrás, cuando en los siglos XVII y XVIII se confinaban a criminales y locos a encierros, sin reparar sustancialmente en sus condiciones individualizantes. 
Tal es el sustrato ideológico de regresión histórica, que dentro de dicho proyecto de ley  se propone que el HPP, sea construido en las proximidades de la cárcel La Reforma, lo cual denota una idea espacial del nosocomio como anexo de la prisión, particularidad que pone de manifiesto el sentido real de este proyecto: La cárcel para los locos.
El tema de los inimputables y su encierro especializado, debe ser tratado con sensibilidad, respetando los derechos de quienes que serán objeto de reclusión y tratamiento. 
El HPP, no será una solución al problema, sino una involución histórica, un centro que abrirá portillos de vulneración de los derechos humanos. 
El tratamiento especializado para los inimputables bien puede ser humanista, pero su encierro penitenciario sería encarcelar a alguien por su enfermedad, situación que en un Estado social de derecho no debe ocurrir.