Expediente de Las Cóncavas, donde figura el viceministro Pedro Castro,  sigue sin poderse consultar.
El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) aún no ha analizado el expediente enviado por la Dirección de Geología y Minas, sobre la concesión minera otorgada a Las Cóncavas S.A. para explotar el cauce del río Agua Caliente de Cartago.
Geología y Minas emitió una resolución el 5 de marzo de este año, en la cual recomienda la anulación de dicho permiso, pues fue concedido bajo presuntas anomalías señaladas por la ley, puesto que el actual viceministro de Transportes Pedro Castro, figura como socio de la empresa minera.
El artículo 9 del Código de Minería expresa la prohibición de otorgar concesiones al Presidente de la República, ministros, viceministros y a familiares en primer grado de consanguinidad, salvo cuando se trate de permisos adquiridos por legado o con al menos seis meses de anterioridad al nombramiento.
Según el procedimiento, Geología y Minas debe trasladar el caso al Departamento Legal del MINAET, para que esta instancia estudie el expediente y  evalúe si sería necesario enviar la consulta a la Procuraduría General de la República, encargada de hacer los señalamientos definitivos.
Sin embargo, el trámite ha sufrido retrasos, puesto que Geología y Minas primero debió emitir otra resolución a raíz de las inconsistencias que Juan Diego Castro -hermano del Viceministro, socio de las Cóncavas y también denunciante ante el Tribunal Ambiental- argumentó acerca de la primera resolución.
En especial objetó que en el primer documento la responsabilidad de las anomalías recaía principalmente en su madre, representante legal de Las Cóncavas Carmen María Fernández Robles y  no se detallaba lo suficiente la complicidad del Viceministro.
Este Semanario intentó conseguir dicha resolución, pero fue imposible antes del cierre de edición. El pasado 3 de abril se nos indicó en la Dirección de Geología y Minas que el expediente ya había pasado a manos del MINAET y que no poseían ninguna copia en el archivo.
Según informes del Departamento de Prensa del  MINAET dados el 13 de abril a este periódico, la institución recibió el expediente el 27 de marzo, pero solicitó datos técnicos a la Dirección de Geología para llevar a cabo el análisis. En ese momento se encontraban a la espera de estos documentos.
El 17 de abril el Departamento Legal del  MINAET nos pidió una solicitud por escrito para revisar el expediente y afirmaron que el trámite se realizaba de manera inmediata. El lunes 20 de abril se realizó la solicitud vía fax, pero esta vez comunicaron que estos trámites tomaban tiempo, pues se deben revisar como correspondencia.
Además, el Director de este departamento, Eduardo Lara, afirmó que el expediente ni siquiera se encontraba ahí, pues estaba siendo fotocopiado y que el trámite de solicitud se podría realizar cuando los documentos estuvieran de vuelta.
Aclaró que el tiempo que podría tomar el estudio del caso dependería de la cantidad de trabajo del departamento y de los plazos límite establecidos, pero que intentarían darle prioridad. Las demás preguntas se negó a contestarlas por teléfono.
ANOMALIAS
El caso fue revelado por este Semanario en octubre del 2008 (Edición No. 1780) cuando una persona de forma anónima presentó una denuncia ante el Tribunal Ambiental alegando que dicha empresa había deforestado grandes segmentos de la orilla de este río y que los socios tenían vínculos familiares con la ministra de Transportes, Karla González.
UNIVERSIDAD confirmó entonces que la concesión minera fue otorgada en febrero del 2007, momento en que Pedro Castro Fernández tenía nueve meses de ocupar el cargo de Viceministro de Transportes, quien además funge como socio de Las Cóncavas.
Cinco días después de publicado el reportaje, el Tribunal Ambiental Administrativo recibió una denuncia de parte de Juan Diego Castro, en la cual explica que no tuvo participación ni conocimiento acerca de la autorización otorgada por el MINAET. Asimismo, solicitaba al Tribunal “proceder conforme a derecho y sentar las responsabilidades del caso”.
“Aunque desde el 8 de mayo del 2006, se conoce públicamente que Pedro Castro ocupa el cargo de viceministro de Obras Públicas de su gobierno, ningún funcionario de la Dirección de Geología y Minas se percató de esta situación, mientras la apoderada y socia de la empresa y su apoderado especial –Víctor Castro- guardaron absoluto silencio y jamás informaron al Registro Nacional Minero de la situación ilegal en que se encontraban ella y su hijo, funcionario público al que cubría la prohibición de numeral nueve del Código de Minería”, aseguró Juan Diego Castro.     
CONTRADICCIONES     
En la primera resolución de la Dirección de Geología (No. 123) se asevera que pese a que el Viceministro Castro no ostenta representación dentro de la sociedad anónima, sí se encuentra cubierto por las prohibiciones de este artículo y que en el momento en que se adquirió la concesión, la representante de la empresa, Fernández Robles, declaró bajo juramento lo contrario.
En su declaración, Fernández Robles  había alegado que la empresa dio inicio a los trámites de la concesión desde el 2002 y que el Viceministro es dueño de apenas un 3,5% del capital, debido a una distribución equitativa de las acciones entre todos los hermanos luego del fallecimiento de su padre.
No obstante, Juan Diego Castro afirma que Fernández Robles incurrió en una falsedad, ya que su hermano Pedro recibió estas acciones por cesión en 1988, pues su padre murió en 2006 y las acciones heredadas aún no habían sido recibidas por este Viceministro.
Entre los beneficiarios con la concesión -otorgada por un plazo de seis años- se encuentran el también exministro de Seguridad Juan Diego Castro Fernández junto con otros 3 hermanos del jerarca de Transportes: Víctor, Amalia y Diana Castro;  su madre Carmen María Fernández Robles y dos sobrinos de Pedro Castro: Luis Ricardo y José Miguel Estrada Castro.
La representante legal de Las Cóncavas alegó que si existe algún vicio en el otorgamiento de la concesión se debe a disfunciones administrativas por parte del Estado, ya que la empresa cumplió con todos los requisitos y que además representa una fuente de empleos y de ingresos para patronos y la hacienda pública y municipal.