La lucha para proteger el ambiente se vuelve peligrosa para funcionarios de la UCR y actores comunales.
Recibir presiones empresariales, ser objeto de robo y asalto, y enfrentar los cuestionamientos de algunos sectores inversionistas, se ha vuelto algo cotidiano en el quehacer del programa “Kioscos Ambientales” de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual impulsa la participación comunal para enfrentar la problemática ambiental.
Dicho programa, al parecer se ha convertido en “una piedra en el zapato” para ciertos intereses económicos y políticos del país, cuyas actuaciones en el campo empresarial de alguna manera atentan contra los recursos naturales, la calidad del ambiente y la justicia social.
Este proyecto, que nació como “Kioscos Informativos sobre el TLC y el Referendo”, en el 2007, tenía como fin contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía informada y activa frente a los mencionados procesos.
Una vez que estos pasaron, se convirtió en”Kioscos Ambientales”, destinado a promover en la población una participación activa y organizada, con capacidad de incidir en la resolución de las problemáticas ambientales.
Con el propósito de cumplir con estos objetivos, la UCR -por medio de los integrantes del proyecto- puso a disposición de los actores comunales: asesoría en materia técnica y legal, procesos de información y comunicación, y acompañamiento organizativo.
Debido a que el trabajo que realizan desde hace más de un año afecta ciertos intereses del poder económico, las coordinadoras de Kioscos Ambientales, Liliana Monge Sánchez y Maureen Rodríguez Cruz, dijeron estar preocupadas por la seguridad personal de quienes conforman el proyecto y por ello empezaron a adoptar medidas de protección.
Aunque hasta hace algunos meses veían algunas situaciones que les habían pasado como simples hechos casuales, experiencias recientes les han hecho cambiar esa percepción, y hacia el futuro serán más precavidos, anunciaron.
Pero no solo al equipo de Kioscos Ambientales los ven con malos ojos en diversos lugares del país, pues personas que se desempeñan como actores comunitarios junto a los proyectos locales de la UCR, también están recibiendo presiones e incluso amenazas de muerte, como es el caso de Aquiles Rivera -un dirigente de la zona sur- y otros.
Se intentó conocer el punto de vista de la vicerrectora de Acción Social –María Pérez-, pero se encontraba fuera del país, por lo que se refirió a la situación Allan Monge, director de gestión de esa vicerrectoría.
Monge aseguró que si bien es preocupante el riesgo que parece enfrentar Kioscos Ambientales, el proyecto cuenta con todo el respaldo de la Vicerrectoría y de ninguna manera la UCR va a rehuir de su responsabilidad de informar y preparar a las comunidades, para que sean gestoras y partícipes de un desarrollo que no lesione su  el ambiente.
PUNTOS DE CONFLICTO
Prácticamente en cada punto del territorio nacional en el que Kioscos Ambientales desarrolla algún proyecto, se dan manifestaciones de malestar por parte de personas o empresas que se sienten cuestionadas en materia ambiental.
Al trabajar en temas del ambiente, esto se convierte en un potencial detonante de conflictos, ya que tocan los intereses de personas o compañías que hacen inversiones importantes en ámbito turístico, industrial, inmobiliario o comercial, las cuales podrían ver afectadas su operación, explicó Liliana Monge.
Mientras tanto, Maureen Rodríguez destacó que por las reacciones por parte de sectores empresariales y por la participación de las comunidades, se puede decir que los proyectos de Kioscos Ambientales están cumpliendo con sus objetivos.
Para ellas, la preocupación de los sectores afectados por el trabajo de Kioscos, revela de alguna manera la credibilidad y el prestigio de que goza la UCR en el país. Con el apoyo de 14 personas, el programa ejecuta cinco proyectos en diversas partes del país, como los cantones de Talamanca, Osa, Siquirres, Guácimo, Poás, Barva, y Golfito, así como en la Gran Área Metropolitana. Además, la labor de Kioscos se ve complementada con la participación de estudiantes de Trabajo Comunal Universitario (TCU).
Las comunidades con las que se relaciona Kioscos Ambientales, tienen casi siempre problemáticas del ambiente que generan confrontaciones entre los pobladores y empresas que hacen pocos o nulos esfuerzos por tener prácticas armoniosas con el entorno, que incluye a las personas.
Por lo anterior, no extraña entonces que el equipo humano de Kioscos y por extensión de la UCR, se conviertan en el pararrayos de las presiones de los inversionistas.
Actividades que mueven grandes capitales, como la minería a cielo abierto, el cultivo extensivo de piña y helechos, el desarrollo inmobiliario, la construcción de marinas, son las que han sentido con más fuerza la oposición de los sectores comunales que luchan por evitar el deterioro de sus ambientes.
En vista de que las presiones contra Kioscos Ambientales tiende a incrementarse y de que el irrespeto al ambiente cada día se evidencia más, las coordinadoras del proyecto creen que los conflictos se acentuarán y con ello también el peligro hacia los miembros de su equipo, al igual que hacia los dirigentes comunales.
Monge y Rodríguez estiman que el riesgo para la seguridad personal es mayor en el contexto rural en que se mueven, dado que algunos sitios son a la vez campos de acción donde se mezclan actividades como el tráfico de drogas, la corrupción, los intereses políticos.
¿INTIMIDACIÓN?
Un caso al que los integrantes de Kioscos Ambientales no le prestaron mucha atención ocurrió en abril pasado, cuando a dos de sus miembros les robaron pertenencias durante la noche en donde se hospedaban en Puerto Viejo. Dinero, cámara fotográfica y una grabadora, fueron algunas de las cosas robadas.
Dos semanas después, se suscitó una situación más seria en ese mismo lugar, ya que hombres armados irrumpieron en horas de la madrugada en el cuarto de las cabinas en que pernoctaban dos de los jóvenes de Kioscos y tras amenazarlos de muerte les robaron todas las pertenencias e incluso materiales de trabajo; solo les dejaron la ropa que tenían puesta.
Este asalto los alertó sobre la posibilidad de que tales hechos tuvieran una articulación, en vista de que ese proyecto tuvo una participación importante en la lucha que dio esa comunidad caribeña contra la instalación de una marina con una inversión de $15 millones.
Más recientemente, miembros de Kioscos Ambientales y un biólogo de la UCR fueron obligados a abandonar una comitiva integrada por funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y de la Defensoría de los Habitantes, quienes inspeccionaban daños ambientales en una finca ubicada cerca de Dominical de Osa. Ese día les ordenaron salir de manera tajante y solo dejaron permanecer a las otras personas.
Allí la UCR ha tenido un papel activo en la defensa de la Fila Costeña, la cual enfrenta un severo deterioro por la tala de bosques y la remoción de tierras para desarrollos inmobiliarios, con la anuencia de la Municipalidad de Osa.
En la ambientalmente amenazada zona sur, el dirigente sindical Aquiles Rivera fue amenazado de muerte el pasado 12 de mayo, en el barrio La Palmera, en el cantón de Buenos Aires. Rivera es un activista y colaborador de Kioscos Ambientales en la lucha contra el impacto ambiental de la actividad piñera.
El dirigente fue conminado a las 10 de la noche por cuatro individuos, para que “dejara de hacer lo que estaba haciendo si deseaba continuar con vida”. Desde hace meses había recibido otras amenazas por teléfono y su oficina fue robada dos días antes.
Por otro lado, una persona que ha luchado de la mano con Kioscos Ambientales contra la minera en territorios indígenas de Talamanca, también ha padecido de persecución  laboral en su puesto dentro de un ministerio estatal.
Mientras tanto, en los archivos de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR –a la cual está adscrito Kioscos Ambientales- abundan las cartas de presiones y amenazas legales solapadas contra este proyecto.
Por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri solicitó que cualquier proyecto que se pretenda desarrollar allí sea coordinado con ellos; en ese momento, el presidente de dicha asociación tenía intereses en la actividad minera.
Asimismo, el grupo empresarial que promovió la marina en Puerto Viejo, criticó por oponerse al proyecto a “algunas instituciones académicas” que “incluso usan recursos públicos para desprestigiar a las empresas privadas que desean invertir”.
De igual manera, hay reacciones ante la Vicerrectoría de la Federación de Cámaras de Ornamentales de Costa Rica por el proyecto de Kioscos que tiene que ver con la producción de helechos (véase edición anterior); de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña; y del Grupo INTELEGO que representa a la empresa Bahía Cocodrilo, interesada en construir una marina en Puerto Jiménez, Golfito.