La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio presentará reglamento que permitiría a una parte del personal administrativo decidir su traslado de régimen.
Los directivos de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) se reunieron el pasado 22 de junio en la UCR con el propósito de exponer los cambios que se presentarán en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y aclarar las dudas del personal en torno a la nueva ley.
El régimen de capitalización es el sistema jubilatorio que ofrece el Magisterio a las personas que empezaron a trabajar en el sector educativo a partir del 14 de julio del 1992.
Según Alfredo Hasbún, director ejecutivo de la Junta, el proyecto 14611 surgió ante la necesidad de reformar aspectos medulares de dicho Régimen. La ley 8721 fue publicada en la Gaceta del 24 de abril del presente año.
La directiva de la (JUPEMA se encuentra en el proceso de formulación del reglamento respectivo, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio de Hacienda.
TRASLADOS DE RÉGIMEN
El principal cambio que introduce la nueva legislación es la posibilidad de trasladarse al RCC, pues a partir de 1995 debían ser ubicados en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, entre ambos regímenes la contribución de la persona trabajadora muestra una diferencia de un 5.5%, por lo que todas aquellas personas que se trasladen deberían pagar el faltante que hayan acumulado de manera retroactiva.
Es en este punto donde surge la mayor controversia entre el sector administrativo de las universidades públicas, ya que algunos quienes alegan que no están de  acuerdo en realizar el traslado a un régimen donde el porcentaje de contribución sobre el salario aparte de aumentar bruscamente, implicaría adquirir una deuda no deseada. (Ver: “Llueven inquietudes”)
Al respecto, Kattia Rojas, jefa del departamento financiero contable de la JUPEMA aseguró que dentro del reglamento que es elaborado por la Junta se incluye un artículo que declararía voluntario el traslado de las personas del IVM al RCC. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda tendría la última palabra en la aprobación de estas disposiciones.
Sin embargo, el subdirector ejecutivo de la Junta, José Antonio Segura, dejó claro durante el foro que la posibilidad de traslado al RCC no está abierta para las personas que entraron a trabajar entre el 15 de julio de 1992 y el 13 de julio de 1995, y por voluntad propia decidieron trasladarse al IVM.
Guillermo Fernández, actuario de JUPEMA, explicó que se llegaría a acuerdos de pago entre la persona y el magisterio para cancelar los montos acumulados en caso de generarse el traslado.
El reglamento también contempla que “llegado el momento de la jubilación, en caso de que no haya sido posible cancelar la deuda obrera, se procederá a calcular el monto de la prestación con las cuotas efectivamente enteradas”.
Con la nueva ley, quienes también deberán hacer frente al incremento retroactivo de las cotizaciones son los sectores patronales, pues en el magisterio las cuotas son de un 6.75% y en la CCSS, un 4.75% mensual sobre el salario de la persona.
Según datos de la Sección de Tesorería de la Oficina de Administración Financiera de la UCR al Semanario, el mes pasado la Universidad pagó ¢161.787.177 por concepto de contribución patronal al IVM y ¢68.393.377 al RCC.
Con esta nueva ley, la CCSS también debería trasladar al magisterio todas las cotizaciones realizadas por obreros, patrones y el Estado en años anteriores.
OTROS CAMBIOS
Al establecerse la fecha de ingreso al sector educativo como único requisito para pertenecer al RCC, la Junta de Pensiones y Jubilaciones procederá a reubicar a las personas que se encuentran en el Régimen de Reparto (que contempla a quienes entraron a laborar antes de la entrada en vigencia del RCC, en 1992), ya que otro de los requerimientos para pertenecer al RCC era haber nacido luego de agosto de 1965.
Para los directivos de JUPEMA, uno de los logros de la nueva legislación es la sanción a los centros educativos que no cumplan con la colocación de toda su planilla en los regímenes y el pago oportuno de las cotizaciones, pues se daban casos de  personas que por estas causas perdían su derecho a una pensión.
“Fundamentalmente, se pretende controlar la evasión y morosidad que existe en el sector privado administrativo. Hemos detectado la presencia de gran cantidad de contratos de servicios profesionales y otras prácticas ajenas a los principios de seguridad social”, afirmó Hasbún.
Por otro lado, la nueva ley permitiría que la Junta realice préstamos a las personas que lo necesiten, la participación en fideicomisos para proyectos de interés nacional y la posibilidad de adquirir títulos de otras entidades financieras.
“La Ley 8721 es fruto de un proceso de muchos años de búsqueda de consensos con las organizaciones laborales e instituciones de primaria, secundaria y de nivel universitario. Las observaciones fueron tomadas en cuenta, analizadas y resueltas siempre de una manera democrática entre todas las partes involucradas”, resaltó Hasbún.

Llueven inquietudes
Pese a los beneficios que otorgaría esta ley al personal administrativo de la educación, hay quienes ven afectados sus intereses con el traslado al RCC.
Así lo manifestaron a UNIVERSIDAD Randall Torres, Arturo Arrieta y Ligia Martínez (organizadora de la charla con los directivos de JUPEMA), todos funcionarios de la Oficina de Seguridad y Tránsito de la UCR.
La principal preocupación es el aumento de las cuotas que solicita el Magisterio Nacional, ya que estas pasarían de un 2.5% a un 8% del salario, en medio de la crisis económica que afronta el país.
“Al hacer un balance de lo que yo ganaba fuera de la Universidad y lo que gano ahora, con lo que me van a rebajar prefiero renunciar y regresar al anterior trabajo. A mi edad, estando con el Magisterio me iría más tarde que con la Caja”, afirmó Arrieta.
Aunado a ello, el trabajador debería afrontar el pago de los montos acumulados correspondientes a la diferencia entre las cotizaciones del IVM y del RCC.
Durante la actividad del 22 de junio, el representante administrativo ante el Consejo Universitario Héctor Monestel, expresó que le parece inaceptable que una ley obligue a  las personas del sector administrativo a trasladarse de régimen.
“No tuvieron ni siquiera el pudor de exigir que esa cuenta la asumiera el Estado”, dijo a los delegados de la Junta.Monestel aboga porque la persona pueda decidir en qué régimen prefiere estar y de ser necesario, movilizarse en favor de la aprobación de este artículo reglamentario.
En la Universidad se reportan caso de personas que entraron a trabajar en el sector educativo hace poco y que debido a que ya tienen una edad avanzada, se encuentran inmersos en la incertidumbre.
El Presidente de JUPEMA, Carlos Martínez mencionó durante la charla que se pondrá a disposición un espacio dentro del sitio web de la Junta para que las personas interesadas puedan hacer sus preguntas y atender sus dudas.