Candidatos presidenciales y organizaciones propugnan modernización de JAPDEVA.
Una nutrida caravana de vehículos seguida de una jornada cultural con la participación de grupos artísticos y miles de personas, así como la presencia de una delegación de muelleros centroamericanos en la ciudad de Limón marcaron el pasado 9 de octubre el inicio de una serie de acciones de apoyo a SINTRAJAP, el  sindicato de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica  (JAPDEVA).
En la caravana participaron tanto limonenses como personas que llegaron de diversas partes del país en representación de organizaciones de la sociedad civil, estudiantiles, docentes, ecologistas y todas las centrales sindicales. La actividad remató con discursos de solidaridad y una presentación de grupos musicales y de danza que tuvo lugar de dos a cuatro de la tarde a un costado del Parque Vargas, frente a la entrada del muelle de Limón.
SINTRAJAP reiteró la semana pasada su rechazo a la millonaria oferta económica que el Gobierno de Óscar Arias hace a los trabajadores para que acepten la concesión de los puertos de Limón y Moín a una transnacional.
Como alternativa, la organización propone que en lugar de entregar el jugoso negocio portuario a empresas privadas, se autorice a la entidad adquirir un crédito de $80 millones para modernizar los muelles, suma que –afirma- se pagaría en menos de tres años con las propias entradas de los puertos,  sin que le cueste un cinco al Estado.
La propuesta recibió respaldo de los candidatos presidenciales que asistieron el jueves de la semana pasada a un encuentro con miembros de SINTRAJAP y delegaciones sindicales de Centroamérica y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF en inglés), celebrado en la capilla Sión de la Asamblea Legislativa.
Estuvieron Ottón Solís (Partido Acción Ciudadana), Eugenio Trejos (Frente Amplio) y Rolando Araya (Alianza Patriótica). Según los organizadores, Laura Chinchilla (Liberación Nacional) y Otto Guevara (Movimiento Libertario) se excusaron de asistir aduciendo compromisos previos, mientras que Óscar López (Accesibilidad sin Exclusión) se vio impedido de llegar, porque ese día en su condición de diputado tuvo que permanecer en una maratónica sesión de la Asamblea Legislativa para elegir a un magistrado de la Sala Constitucional.
El encuentro se dio luego que la directiva de SINTRAJAP rechazó por segunda vez la petición del llamado “Grupo Mediador”, para que se convoque a una asamblea general donde los trabajadores voten si aceptan o no la oferta del Gobierno y, por consiguiente, la concesión de los puertos.
Ésta solo se podría hacer mediante una modificación a la convención colectiva, que debe autorizar el sindicato. El grupo mediador está encabezado por trabajadores afines a la administración de JAPDEVA, a los que la dirigencia sindical califica de “testaferros.”
Miembros del grupo informaron que habían entregado más de 500 firmas respaldando la solicitud, equivalentes a más del 50% de los afiliados, por lo que esperaban que esta vez la demanda fuera acogida; caso contrario, pedirían la intervención del Ministerio de Trabajo.
Liroy Pérez, secretario de prensa del sindicato, dijo que las razones para rechazar la petición del Grupo Mediador fueron las mismas por las que se denegó la primera vez hace tres meses, a saber: que no cumplían las formalidades requeridas.
“Al comprobar que se incumplían las formalidades, la obligación de la junta directiva es rechazar la solicitud y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Pérez.
 Además, hay un acuerdo de la junta directiva y del Consejo de Delegados Adjunto, que es el consejo deliberativo más importante del sindicato después de la asamblea general, donde se había decidido que no se iba a convocar a asamblea hasta que el Gobierno no solucione el tema de los salarios en la institución. Sobre eso ya hay acuerdo de la Junta directiva de JAPDEVA, pero  a propósito le dieron largas al asunto y lo mandaron hasta el 21 de setiembre a la Autoridad Presupuestaria, cuando lo tenían listo desde junio y tenían que aplicar ese acuerdo a partir del 1 de octubre, aseguró Pérez.
Ronaldo Blair, secretario general de SINTRAJAP, puntualizó, durante una conferencia de prensa realizada junto a representantes de sindicatos portuarios de Centroamérica, que no se oponen a la modernización de los muelles sino a la concesión, entre otros motivos, porque las concesiones han sido un fracaso en Costa Rica, Además, porque la Constitución Política, la ley de concesiones y la convención colectiva impiden dar en concesión los muelles, y porque “no podemos permitir que 1.400 trabajadores se tengan que ir para la casa así no más.”
Blair cuestionó informes que presentan a los puertos de Limón entre los más deficientes en el ámbito internacional, cuando más bien según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) figuran en el undécimo lugar en Latinoamérica en cuanto a movimiento de carga de contenedores.
Aludía a un estudio sobre “Los puertos del Atlántico y la competitividad de Costa Rica”, elaborado por el economista Luis Loría, investigador asociado de la Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC),  según el cual Costa Rica ocupa la posición 128 de 133 países en términos de la calidad de la infraestructura portuaria, que “es donde está la principal desventaja competitiva del país.”
La publicación, reproducida en varios medios de prensa, insistió en acusar al sindicato del disfrute de excesivos “privilegios” y de entorpecer la gestión de los muelles. No mencionó la responsabilidad de los gobernantes que han usado la institución como botín político y no hicieron las inversiones que necesitaba la entidad para cumplir adecuadamente con la demanda de los servicios portuarios.
En el encuentro en la capilla Sión, Ottón Solís admitió que la eficiencia de los puertos no es la que desearía, pero dijo que la modernización no se debe imponer y se puede conseguir mediante el diálogo.
Recordó que el año pasado se logró consenso de diferentes sectores, incluidos sindicatos y empresarios exportadores, en torno a una propuesta de cinco puntos para modernizar los puertos de Limón y Moín.
La propuesta incluye flexibilizar la ley constitutiva de JAPDEVA para que la institución pueda invertir $80 millones en la modernización y una modificación de la convención colectiva. Al mismo tiempo se podría dar en concesión de un complejo muellero nuevo, que competiría con los muelles de JAPDEVA.
Los trabajadores mostraron apertura y señal de querer ceder y gran parte del empresariado comparte esa visión, pero el Gobierno no aceptó la propuesta, y no dio razón alguna, por lo que cabe preguntarse si éste busca la eficiencia como dice, o si detrás de la concesión lo que hay es un negocio, cuestionó Solís.Por su parte, Eugenio Trejos manifestó un profundo rechazo a entregar los puertos de JAPDEVA a empresas transnacionales y lo mismo hizo Rolando Araya.
José Luis Castillo, uno de los miembros de SINTRAJAP, cuestionó que la administración de JAPDEVA hable de falta de recursos y de crisis financiera en la institución, mientras el Gobierno “chantajea” a los trabajadores ofreciéndoles $137 millones para que acepten la concesión. Eso es más del doble de lo que cuesta modernizar los puertos, y es una propuesta que no tiene fundamento económico, técnico ni ético, sostuvo.
Otra contradicción es que mientras a los empleados públicos se les amenaza con no pagarles el aguinaldo porque el Gobierno no tiene fondos, JAPDEVA sí tiene para pagar aguinaldos y donó $1 millón (¢580 millones) a Transat, una competencia internacional de veleros que se realizará en noviembre. ¿Entonces dónde está la crisis financiera?, preguntó Castillo.
SOLIDARIDAD
Dagoberto Osorio, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria de Puerto Cortés, Honduras, dijo: “Vamos a estar pendientes de cualquier situación de los compañeros para apoyarlos en todo lo que sea necesario para evitar las privatizaciones. Afirmó que estarán listos a “tomar acciones en todos nuestros puertos para apoyar a los compañeros de JAPDEVA.”
En Honduras, los muelleros han luchado arduamente contra la privatización de los puertos, porque han demostrado que todo lo que se privatiza encarece el producto.
“Además de defender nuestros intereses como trabajadores portuarios también defendemos los intereses de la comunidad y del pueblo, porque por los puertos es por donde entra toda la mercadería para los países, y si se encarecen los servicios portuarios y todo lo que va a esa comunidad portuaria por ende se encarece todo el producto a nivel nacional”, dijo.
Nelson Rodríguez, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria de Quetzal, Guatemala, señaló que los centroamericanos “tenemos que unirnos para no dejarnos arrebatar lo que es nuestro”.Dijo que en Puerto Quetzal hay un muelle con cinco atracaderos, dos de los cuales están concesionados, “y eso nos ha traído bajas económicas.” El mensaje es que no hay que dejar que sigan adelante las concesiones y mucho menos las privatizaciones.
Gregorio Vanegas, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador, advirtió que la concesión o la privatización no trae nada bueno para los trabajadores.
“Nosotros hemos comprobado que en siete años de privatización que se ha dado en Acajutla, todo ha sido en detrimento de los trabajadores.”
Allí utilizaron empresas privadas que no estaban siquiera legalmente constituidas, y la “tercerización” de los servicios ha dado como resultado un deterioro de las condiciones de trabajo y que hayan ocurrido una serie de accidentes laborales. “Es terrible lo sucedido en Acajutlva, no queremos que a los compañeros de JAPDEVA ni a los portuarios del resto de Centroamérica les suceda eso”, manifestó.
Dijo que gracias a las denuncias que han hecho, al acompañamiento que han tenido de ITF y otros sindicatos han recibido señales del nuevo gobierno de Mauricio Funes, de que se va a corregir la situación y ya no va a haber más contratistas en el puerto.
Por su parte, Pilar Manríquez, mexicana, representante regional de la ITF, afirmó que este es un tema de relevancia nacional, que no solo atañe a un grupo de trabajadores portuarios, sino a toda la población.Lo que está sucediendo en el país es motivo de gran preocupación de la organización, cuya sede está en Londres, y aglutina a casi 690 sindicatos de las diferentes ramas del transporte en todo el mundo, con aproximadamente 6 millones de afiliados, comentó.
Hay que tomar en consideración las experiencias que se han tenido en la región. Las llamadas empresas globalizadoras, como la danesa Mersk, no tienen reparo en “devastar” los puertos y las condiciones laborales en las regiones donde operan, afirmó.
Aclaró que la ITF no está en contra de la privatización y del progreso de los países, siempre y cuando venga acompañado de progreso y de beneficio para las personas trabajadoras.
“Lo que si no vamos a avalar nunca es esa devastación que a lo largo del tiempo se da en colusión con el gran capital y con algunos gobernantes, en detrimento del trabajo y de la vida de los hombres y mujeres trabajadoras.”
“Nos parece que de pronto hay iniciativas con caretas de Premios Nobel, de iniciativas que se enmascaran, y lo único que están haciendo es atentar contra los derechos humanos de la gente y nadie debe perderlo de vista”, dijo la representante sindical en alusión a Costa Rica.
“En la ITF estaremos muy al pendiente y siguiendo muy de cerca todo lo que suceda en los movimientos de la gente en el poder y sin duda vamos a estar de la mano de SINTRAJAP”, concluyó.
PROCESO SIGUE
El presidente ejecutivo de JAPDEVA, Francisco Jiménez, dijo que “estamos amarrados” en lo de la concesión de los puertos por la negativa del sindicato a negociar. Sin embargo, por otro lado, sigue “a toda vela” el proceso de concesión para la construcción y operación de un nuevo muelle en Moín. En los próximos días saldrá publicado de nuevo el cartel de licitación para recibir ofertas, con las reformas que la Contraloría General de la República ordenó hacer al cartel anterior, informó.
En el caso de las instalaciones actuales de JAPDEVA, lo que se busca es “un cambio de modelo de gestión de los muelles, exactamente igual al cambio de modelo de gestión que se dio en Caldera”, Puntarenas, en el 2006, explicó Jiménez.
En la asamblea general solicitada lo que se pretendía era tomar el parecer de los trabajadores sobre una “propuesta mejorada” que hicieron los mismos trabajadores. La administración está valorando, con base en un estudio financiero, si es viable dicha propuesta, que unifica en una sola suma los pagos y es sumamente sencilla, comentó.
Dijo que si no se logra avanzar por la vía de la negociación con el sindicato, la administración considera una reestructuración de JAPDEVA, para lo cual la propia convención le da facultades. Los cambios se harían con base en un estudio de la Universidad de Costa Rica y otras entidades, según el cual la restructuración costaría unos $80 millones y la institución podría operar con 700 personas, (en vez de las 1.400 actuales).
Durante casi un año se ha venido discutiendo con el sindicato un plan de reestructuración con base en ese estudio, pero no ha sido posible ponerlo en práctica. No obstante hay “una pequeña luz de esperanza”, porque se llegó a un acuerdo con la dirigencia sindical de hacer una prueba durante uno o dos meses. Esto abre una ventana para probar un cambio de modelo operativo y que ambas partes valoren el resultado, aseguró Jiménez. Lamentó, sin embargo, que “este tipo de cosas siempre van a acompañadas de una coerción de parte del sindicato, que exige a cambio algún pago.”
Los sindicalistas alegan que la administración viene incumpliendo sistemáticamente acuerdos logrados en negociaciones anteriores, incluida una revaloración salarial.
“Espero que esta prueba que vamos a hacer no me chantajeen con que tengo que pagar, yo esperaría que tomemos conciencia de la critica situación de la institución, que no es por la situación interna, sino que es internacional en gran medida, y obviamente por modelos operativos que no se han actualizado”, dijo Jiménez.
El funcionario insistió que la institución atraviesa una difícil situación financiera, debido a una baja en el movimiento de contenedores por los puertos, de los que dependen sus ingresos, al punto de que si no se congelan los gastos “en diciembre cerraremos en rojo.”En relación con el sindicato, comentó que hay una coadministración inconveniente, que ha sido cedida por la propia administración a lo largo de los años.
Por eso “hay que entrarle a la (reforma de la) convención colectiva en lo que habla de aspectos operativos, no en cuanto a los logros y reivindicaciones salariales, que deben ser respetadas cuando sean éticas y morales. Pero sí en cuanto a la libertad que debe tener un administrador para adoptar modelos operativos que permitan cumplir con el mandato del servicio publico. Es lo que se ha cedido a lo largo de los años, al punto de que yo no puedo cambiar el modelo operativo si no tengo el permiso del sindicato, como si fuera mi socio, cuando no ha puesto ni un solo centavo, sino que son los costarricenses.”