Mediante el oficio DM-F-1274-10, fechado 11 de febrero de 2010, la Ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila Agüero, le ha comunicado a la Rectora de la Universidad de Costa Rica, Dra. Yamileth González García, que “no va a renovar el convenio” entre ambas instituciones para uso gratuito de los terrenos por parte del Instituto Clodomiro Picado (ICP), convenio que rige hasta el 26 de julio del 2015.
La notificación dice, además, que la UCR “podrá retirar todos los equipos de su propiedad” y, en referencia a la cláusula quinta del convenio, señala que “las demás mejoras quedan a favor del Ministerio como contraprestación por el uso de los inmuebles”.
La Dra. Ávila indica el uso que el Poder Ejecutivo, en la Administración que seguirá a la de doña Laura Chinchilla, le dará a los terrenos que el ICP ha ocupado durante 40 años: allí se instalará el Centro de Capacitación de Recursos Humanos del Ministerio de Salud (MS).
Sin considerar ahora las implicaciones legales y la eficacia jurídica de esta decisión, es menester hacer algunas puntualizaciones. El ICP fue creado en 1970 como culminación de un programa de sueros antiofídicos promovido por el Ministerio de Salubridad y la Facultad de Microbiología de la UCR. Este programa tuvo sus antecedentes históricos en la labor pionera del Dr. Clodomiro Picado Twight, Benemérito de la Patria.
En el ICP se articularon armoniosamente propósitos comunes e intereses complementarios de ambas instituciones; tanto así que este instituto fue inicialmente una entidad del Ministerio de Salud y no de la UCR, a la cual finalmente se adscribió mediante el convenio firmado entre ambas instituciones el 2 de junio de 1972. No obstante, el ICP mantuvo su función asesora del MS en el campo de desarrollo de políticas, definición de normas, divulgación, educación y prevención del accidente ofídico.
Desde sus inicios y gracias a la visión de su primer director, Dr. Róger Bolaños Herrera, el ICP abordó el fenómeno del envenenamiento ofídico de una manera integral, o sea desde una perspectiva que une entre sí la producción de suero antiofídico, la investigación científica, la docencia, la divulgación del conocimiento y la acción social dirigida a la comunidad nacional. Es asi que el ICP, desde su creación y hasta el presente, ha engarzado creativamente la investigación científica de excelencia con una filosofía institucional de vocación social. El ICP no ha sido nunca una torre de marfil, sino un caso emblemático de alta calidad científica unida a procesos ejemplares de manufactura con servicio a la comunidad nacional e internacional. Estos tres elementos consolidan la racionalidad social del ICP y sustentan su naturaleza paradigmática.
En Costa Rica, alrededor de dos personas por día sufren una mordedura de serpiente. Esto hace que el accidente ofídico tenga una incidencia semejante al cáncer gástrico y constituya, por lo tanto, uno de los más importantes problemas de salud pública de nuestro país. Que solo un pequeña cantidad de esos pacientes muera, se debe sin duda a la calidad de los antivenenos del ICP, circunstancia de la cual se benefician países de varios continentes. Todo esto ha llevado a que sea un instituto apreciado y admirado en el mundo entero. El ICP enorgullece a la UCR y enaltece a la nación costarricense.
Sabemos que en un país no todas las voluntades impelen hacia el desarrollo social. Eso que llamamos progreso es algo ambivalente que resulta de un juego de fuerzas que impulsan hacia el futuro y otras que nos aferran al presente o nos precipitan al pasado. La carta de la Dra. Ávila es uno de esos desafortunados momentos que amenazan con cerrar las puertas del futuro.
Dada la concurrencia de objetivos entre el MS y el ICP, este último cumple una función que complementa la misión del Estado en materia de salud pública. Esta feliz circunstancia invita a hacer esfuerzos conjuntos y oportunos para hacer realidad la coincidencia de propósitos manifestada en el considerando séptimo del convenio del año 2.000: la donación de los terrenos que ocupa el ICP a la UCR, y no la desatinada y grotesca notificación de un desalojo que perjudica al mismo MS, a la UCR y al país.