A raíz de los acontecimientos del 12 de abril, y del 8 de mayo del año en curso, relacionados con los choques entre grupos que adversaron las políticas del gobierno de Óscar Arias Sánchez, y los grupos de represión correspondientes, me saltan la duda en torno a cuál es el límite existente entre lo que representa una tarea, un deber como el que deben efectuar las fuerzas de “seguridad” del gobierno, y la complacencia, el matonismo exacerbado, la represión efectuada por tales fuerzas en contra de aquellos que, con derecho, al fin y al cabo, querían manifestar el repudio ante lo que ha sido, a todas luces, un gobierno como el recién acabado.
Aunado a ello, llama la atención que personas que se presumen de críticas e intelectuales, abiertamente den su respaldo al salvajismo efectuado por quienes, de forma  salvaje, la emprendieron a golpes contra personas que, de manera abierta, estaban en total desventaja.
La seguridad, verdadera preocupación de este país, tiene una cuenta pendiente con la comunidad costarricense,   y es eso precisamente en lo que deberían ocuparse nuestras fuerzas “militares”, y no en los golpes, patadas, y prepotencia que exhiben ante aquellos que, sin pretender excusar los actos fuera de tono en los que se haya incurrido, claramente no podían enfrentarse en igualdad de condiciones.    
Cuando las fuerzas represivas organizadas del Estado impiden que incluso manifestantes puedan acercarse a los actos de traspaso de poderes con el fin de manifestar su desencanto por lo que han sido cuatro años de poco a nada para la gran mayoría, es evidente que se está violentando una libertad primordial, y que por lo demás se enmascara, hipócritamente ante los invitados,  lo que ha sido un gobierno que dista en mucho de las declaraciones del ex-Presidente Arias Sánchez.
Cuando un gobierno reprime el derecho a la  libertad, al disenso, no puede presumir de ética, de moral y de espíritu cristalino. La represión debe ser la vergüenza mayor de los pueblos.