En el marco de la cultura democrática que ha caracterizado a Costa Rica, la libertad de expresión y el derecho de protesta, al margen de cualquier posición ideológica, son esenciales si queremos un desarrollo nacional fundamentado en el diálogo, la discusión crítica y el aporte integrado de los diferentes sectores que componen el país.   
Por ello, preocupa sobremanera el clima de represión que se ha evidenciado en los últimos años y de forma muy concreta en los acontecimientos que han tenido lugar recientemente: la invasión militarizada del campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, el 12 de abril; la prisión y el posterior establecimiento de medidas cautelares contra un grupo numeroso de manifestantes en la provincia de Limón el 29 de abril y la violencia de que fueron objeto un grupo de jóvenes en las cercanías del Parque La Sabana, por parte de la Policía el 8 de mayo, día del llamado Traspaso de poderes, aunque en realidad solo se convierta en un modo formal de garantizar la continuidad de los mismos en el poder. 
  Esta secuencia de hechos, y las similitudes que se observan en el accionar de los cuerpos policiales y de sus jefes, demuestra que no han sucedido por casualidad y que en el fondo existe un plan intelectualizado para comunicar algo al país, para transmitir una imagen negativa de todas aquellas personas o instituciones que mantienen una voz crítica y que han cuestionado las políticas del gobierno anterior, cuyo presidente, incluso antes de serlo, desdeñó el diálogo, con su particular prepotencia y arrogancia.  En términos generales, los responsables de las fuerzas policiales han procurado manifestar a la opinión pública nacional que lo actuado ha sido correcto y apegado a los principios del ordenamiento jurídico que nos rige, con lo cual se busca descalificar cualquier argumento que los ponga en evidencia y cuestione la eficiencia y la calidad de la delicada función que les corresponde.   Para ello no han buscado el diálogo y la reflexión sobre los hechos. No han considerado las voces de los otros, se han limitado a excluirlas, mediante el empleo  de un lenguaje estereotipado, y por consiguiente, de unos conceptos que operan en el imaginario colectivo a modo de metáforas de la realidad y que permiten interpelar a una gran mayoría de miembros de la comunidad nacional. Estos conceptos están estructurados y funcionan en un nivel simbólico, imposibilitando espacios de diferenciación o análisis. Cabe agregar, que en un gesto de complicidad, múltiples medios de comunicación, han reforzado el uso de este lenguaje estereotipado, estableciendo significativas asociaciones con la inseguridad que se vive en Costa Rica, con lo cual se logra un efecto mayor.   Entonces, mediante este lenguaje se pretende castigar la protesta y la crítica al poder gubernamental. Así, en las declaraciones y escritos de los jerarcas de nuestra seguridad y en la prensa es fácil construir asociaciones como: Universidad de Costa Rica/ extraterritorialidad/territorio independiente/refugio de delincuentes; estudiantes de la Universidad de Costa Rica/revoltosos/chancletudos/vagos; manifestantes/delincuentes. Aunque no es el único, el artículo periodístico “Fronteras inexistentes”, publicado por el Licenciado Jorge Rojas Vargas, si bien plantea varios asuntos de interés para analizar, es un claro ejemplo del uso de esos tópicos estereotipados, y por lo tanto, ideologizados, y al mismo tiempo una afrenta a una cultura  de análisis en la que deben privar el conocimiento histórico, la aprehensión científica y la investigación profunda.  Concluyo enfatizando las palabras (ojalá el compromiso) de la Señora Presidenta Laura Chinchilla en su discurso del 8 de mayo de 2010 en el que afirma que  “la democracia es el rechazo a la arbitrariedad”, sugiriendo de manera explícita la necesidad y pertinencia de crear diálogo y oportunidades, y muy especialmente de luchar por una Costa Rica más educada y preparada mediante acciones debidamente coordinadas. Esperamos que este discurso no solo sirva para decirle al pueblo lo que quiere escuchar y al mundo lo que conviene, y se concrete en una política permanente del nuevo gobierno.  Es nuestra obligación, como ciudadanos y ciudadanas velar por el retorno del diálogo y evitar, a cualquier precio, que se afiance la represión, que en tan corto tiempo tanto daño le ha causado a nuestra institucionalidad democrática.