Expertas señalan que los casos de violencia de género se mantienen por la carencia de políticas públicas definidas.
La clave para combatir la violencia contra las mujeres es que esta lucha sea reconocida como una política de seguridad ciudadana y no solo lograr una coordinación entre instituciones o impulsar nueva legislación, coincidieron expertas en el área de género consultadas por UNIVERSIDAD.
Esta conclusión surgió luego de una encerrona efectuada el pasado 9 de agosto en la que se reunieron autoridades como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Poder Judicial, la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Seguridad, entre otras, con el fin de analizar cuánto se ha avanzado en el tema de protección a las víctimas y qué esfuerzos se deben realizar.
Asimismo, el tema se discutió la semana trasanterior en la Sexta Reunión del Comité de Expertas y Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede fue Costa Rica. Trabajadoras de instituciones públicas y de grupos a favor de los derechos de las mujeres concuerdan en que en el sistema hay debilidades que surgen desde las comunidades y se amplifican en el ámbito nacional, por lo que una política global para prevenir la violencia de género es esencial.
Concertaron en que las cifras evidencian la necesidad de una política especializada. En lo que va del año, 27 mujeres han muerto bajo circunstancias de violencia de género. 
VISIBILIZAR EL PROBLEMA
Alejandra Mora, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, mencionó que en tanto no se defina en Costa Rica de forma clara que la violencia contra el género femenino es un tema de seguridad ciudadana, continuará su invisibilización.
Consideró que se debe colocar en la agenda política, porque de lo contrario solo permanece como un discurso.
Por tanto, requiere la asignación de presupuesto e importancia estratégica, para diferenciarla de otras clases de violencia.
“No ha sido prioridad dentro de los gobiernos tradicionalmente, pero cerca de 50.000 denuncias por violencia doméstica entran al Poder Judicial, que sucede dentro de las casas, lo que dice que debe haber otros métodos de atención, el concepto debe diferenciarla con acciones distintas como prevención y sistemas de disuasión a ese tipo de conductas”, comentó.
Criticó que el tema ha permanecido en la agenda pública durante mucho tiempo y que los resultados son pocos en términos de su disminución, lo que puede provocar que las jerarquías lo hagan a un lado.
Igualmente, reprochó que existan instituciones involucradas en el tema de la violencia de género, que han dejado de asumir las competencias de la misma forma que lo hacían antes. La muestra más palpable es que no hay ninguna entidad que centralice todos los procedimientos que una mujer debe realizar cuando denuncia. Asimismo, una víctima de agresión carece de asistencia legal gratuita e ingresa sola a un complejo sistema. Mora refutó que ninguna institución haya tomado la batuta y asumido la asesoría legal de las víctimas, entre las que citó al INAMU o el Poder Judicial, organismos que han sido llamados a actuar.  Otros ejemplos de trabajo poco eficaz, se dan en la Caja Costarricense de Seguro Social, que no cuenta con unidades especializadas de atención a violencia, sino que la brinda en cada sede o en el Laboratorio de Medicatura Forense, que se ubica en Heredia, y quienes fueron sometidas a una violación deben trasladarse hasta ese lugar.
La defensora manifestó que además la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que tipificaban el maltrato y la violencia emocional, dejó de sostener su estructura legal, por lo que es necesaria su recuperación.
“La violencia es un asunto cotidiano y sostenido en el tiempo, y por lo tanto requiere atención sistemática. Cuando no tiene carácter de política de Estado, pierde esa acción coherente a todo el sistema. La agenda de las mujeres no necesariamente ha estado como una prioridad, esa es la demanda, estamos hablando del derecho a la vida”, expresó la directora.
La integrante de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres Sylvia Mesa  manifestó que los intentos de coordinación entre instituciones se han estado haciendo desde hace 15 años, pero cada vez que llega un nuevo gobierno, deshace lo que se logra.
“Es voluntad política, no solo negociación. Mientras no se internalice en los gobiernos, estas coordinaciones no sirven”.
La psicóloga añadió que la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres pocas veces se aplica de manera correcta, lo que desestimula su denuncia. Tal es el caso de considerar un femicidio como un homicidio.
Además, hay una divergencia en su manejo por desconocimiento y resistencia, al ser una legislación innovadora en derecho penal y porque en el país aún no se comprende que  deben promulgarse y aplicarse leyes específicas para las féminas. “El panorama es grave, como antes o peor, se ven discursos que perdonan al agresor, ignorancia de los medios de comunicación (al calificar estos crímenes como ‘actos de amor’) y la falta de los dos artículos en la ley que  daban cuenta del 75% de los casos de violencia”, acotó Mesa. A su vez, se lamentó de que hay una tendencia a desplazar recursos de las mujeres hacia trabajo con hombres. Opinó que la capacitación para los varones nunca debe ser financiada por entidades como el INAMU. Sin embargo, hizo la salvedad de que sí se debe educar a los niños y jóvenes para modificar los patrones de crianza, tanto de las áreas urbanas como rurales, mediante las redes de violencia.
Las campañas informativas son fundamentales, indicó, pues muchas mujeres desconocen las leyes que las protegen.

Mayrene Sánchez, INAMU: “Costa Rica está rezagada”
La coordinadora del área de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU),  Mayrene Sánchez, expresó que la lucha contra la agresión hacia el género femenino debe ir de la mano con la declaratoria de este problema como una política de seguridad nacional, para que se le asigne mayor presupuesto a las redes en el país. La trabajadora social fue tajante al señalar que esta institución no financia ningún programa para hombres que agreden a sus parejas.
¿Cuáles son las causas de que haya descoordinación entre las instituciones que atienden la problemática de violencia contra la mujer?
– Ha habido varios factores que han influido, no es que no haya habido coordinación, sino que se ha debilitado, porque si fuera así, ya la política habría desaparecido.Uno de los factores que ha influido negativamente es que el INAMU no está representado en el Consejo de Gobierno y el cargo de Ministra de la Condición de la Mujer fue eliminado desde la administración pasada, y la posibilidad de la jerarca de estar más de cerca con los otros superiores se terminó. Ahora el trabajo es más fuerte porque se debe trabajar desde otros ángulos.
¿Cuáles son las acciones más urgentes que se deben tomar para aminorar el problema de la violencia?
– Lo más urgente en este momento es fortalecer la atención de las mujeres afectadas independientemente de su edad en el nivel local, porque se ha ido debilitando la atención desarrollada en instituciones como la CCSS y oficinas municipales de la mujer.Tenemos 81 redes, pero al no considerarse prioritario, hay lugares donde hay una trabajadora social para 45.000 habitantes, que no solo tiene que atender casos de violencia.
¿Entonces es un problema de presupuesto o de no colocarlo como una prioridad?
– No colocarlo como una prioridad, en otras instancias no es que se carezca de recurso humano, sino que se les impide participar, volvemos a lo mismo que es no darle la prioridad dentro del quehacer institucional.
Especialistas en el área de género aseguran que no solo se requiere de mecanismos coordinados, sino que es clave una política de seguridad ciudadana ¿Cuál es su posición al respecto, porque se critica que el Gobierno no ha colocado el combate a la violencia contra la mujer como una prioridad?
-Apostamos a que dentro de la política de esta administración se le incorpore no solo la perspectiva de género, sino también el hecho de que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad ciudadana. No se incluye a pesar de que hay datos estadísticos que demuestran que, excluyendo cantones costeros y fronterizos por problemas de narcotráfico, la primera causa de movilidad policial en este país es la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. 
¿Está Costa Rica rezagada?
– Es evidente que está rezagada, está incumpliendo ante la comunidad internacional la Convención de Belém do Pará y puede recibir un llamado de atención de la OEA por incumplir.
¿Está de acuerdo con que un ente creado para fortalecer los derechos de las mujeres, como el INAMU, pretenda destinar recursos para capacitar y tratar a los hombres que agreden a sus parejas?
– Hay una mala información, la Ley de Penalización en el artículo 16 habla de las penas alternativas, y señala que las instituciones públicas y organizaciones privadas interesadas en desarrollar programas de atención a ofensores, deberán gestionar su acreditación ante el INAMU, no es que éste los va a dar, establecer o financiar. En todo caso, se benefician aquellos ofensores cuyos delitos tienen sanciones menores de tres años. Un femicidio no tiene derecho a eso, es muy estricto porque está en juego la vida de una mujer.