Se disminuyeron los requisitos para inscribir partidos políticos,  así como la garantía de paridad y alternancia de género en las papeletas.
La urgencia de la descentralización municipal y los retos de cara a las próximas elecciones de alcaldes del próximo 5 de diciembre, fueron los temas alrededor del cual versó el foro “Las Elecciones Municipales de Diciembre 2010. Cambios en la normativa electoral y competencias de los Gobiernos Locales”, organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos, de la Universidad de Costa Rica, el pasado 5 de octubre.Para Juan Marín, ministro de Descentralización y Desarrollo Local, lo más importante que debe  tener en cuenta el futuro alcalde de un cantón, es conocer la normativa y tener claridad sobre lo que se debe hacer en beneficio de la comunidad.El ministro hizo un repaso de las competencias municipales, las cuales a su criterio van más allá del  mantenimiento y creación de infraestructura, sino que debe tratarse de una gestión financiera eficiente, que se mueva cada vez más hacia la descentralización municipal.
En este sentido, Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) afirmó que el modelo centralista está agotado y que el gobierno local es lo que está más cercano a los ciudadanos.
En ese camino hacia la descentralización, Porras señaló el impulso de reformas a la «Ley general para la transferencia de competencias y recursos a los Gobiernos Locales» (No. 8801). Esta legislación asigna a los municipios el 10% del Presupuesto Ordinario de la República, mientras que la normativa anterior establecía el 1.8%, el porcentaje más bajo de Centroamérica.
También destacó el rol del nuevo Ministerio de Descentralización, el fortalecimiento de las capacidades municipales y el proyecto de ley de contratación administrativa municipal, como pilares para conquistar la autonomía de los gobiernos locales en lo político, financiero, administrativo,  y normativo, entre otros.
De acuerdo con Porras, las municipalidades deben ser gestoras de políticas públicas locales y  promotoras del desarrollo social, económico y cultural; pero, para eso es necesaria la creación de instrumentos y mecanismos de los cuales el sector municipal se apropie.
Mientras tanto, Olman Rojas, coordinador del Programa de Regularización de Catastro y Registro, criticó que el alcalde tenga voz pero no voto en el Consejo Municipal. Para él, esa medida lo que fomenta es una lucha de poder entre el presidente del consejo y el alcalde, que pese a haber sido electo popularmente, ve limitada sus gestión al control político de una directiva.
Para Rojas, actualmente los gobiernos locales tienen pocas funciones importantes, restringidas al mantenimiento de las calles, recolección de basura, administración de cementerios y otras, cuando podría ser ejecutor de proyectos de mayor impacto para la comunidad.
Es por eso que propuso un cambio en el modelo organizacional, y como parte de la redefinición de funciones hay que considerar el uso de sistemas tecnológicos de punta, como una red de conectividad entre municipalidades, por ejemplo. ABSTENCIONISMO
La normativa del nuevo código electoral se aplicará por primera vez en elecciones de alcaldes  durante los próximos comicios municipales, en las que se disputarán 4979 puestos en el ámbito  nacional.
Para Max Esquivel, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entre los principales aciertos se encuentra la disminución de  los requisitos para inscribir a los partidos políticos, con la eliminación de las asambleas distritales,  así como la garantía de paridad y alternancia de género en las papeletas.
Sin embargo, la baja participación ciudadana en los procesos electorales municipales, es uno de los principales retos por superar en las elecciones de alcaldes, vicealcaldes y síndicos el próximo 5 de diciembre.
De acuerdo con Esquivel,  para el TSE es como organizar 81 elecciones presidenciales, por la complejidad del proceso. Pese a lo anterior, el abstencionismo figura como el gran reto por vencer, ya que en las anteriores votaciones municipales alcanzó cifras superiores al 70%. Para el magistrado, uno de los problemas es que la elección se haga en diciembre, lo cual no convoca a los ciudadanos.
Mencionó que los partidos políticos tienen derecho a financiamiento para las campañas (0.03% del Producto Interno Bruto del año trasanterior al año electoral). No obstante, el dinero es entregado posteriormente al proceso; mientras tanto, deben costear sus campañas con recursos propios.
En este sentido, Esquivel hizo ver que el TSE sostiene la tesis de que la transferencia de los recursos económicos debe ser anticipada.