El trámite de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para proyectos mineros en Talamanca es ilegal, de acuerdo con la legislación vigente, advirtieron profesionales que estudian el tema de la minería.
Tal y como está la legislación al respecto en este momento, las concesiones de exploración o explotación minera tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa y los estudios de impacto ambiental de los proyectos se hacen después de que son concedidas.Eso quiere decir que es ilegal hacer el estudio de impacto ambiental en este momento, dijo el antropólogo Marco Guevara, profesor de la Universidad de Costa Rica que ha estudiado el problema de la minería en el país.De acuerdo con el artículo 8 del Código de Minería, las concesiones mineras en  territorios indígenas deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Hasta el momento la Asamblea Legislativa no ha tramitado ningún permiso, ni de exploración ni explotación minera en territorios indígenas, por lo que es totalmente ilegal la invitación al público para que se manifieste sobre EIA presentados ante la SETENA, recalcó Guevara.
En momentos en que supone vigente la moratoria minera decretada el pasado 8 de mayo por la presidenta Laura Chinchilla, la semana antepasada se publicaron en el diario La República sendos avisos de la SETENA, invitando al público a formular en el término de diez días, observaciones, oposiciones o coadyuvanzas respecto de dos EIA  presentados.Los estudios fueron presentados el pasado 6 de octubre a esa entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) por el Grupo Sureño Ocho Rojo S.A., con base en el expediente 22-2009 SETENA, con el que se pretende realizar una exploración minera de 20 kilómetros cuadrados en el distrito Telire del Cantón de Talamanca,  Alto Urén, dentro de la Reserva Indígena Bibri.
Otra sociedad de nombre casi idéntico, Grupo Sureño Rojo S.A., presentó solicitud basada en el expediente 85-2009 SETENA, para una exploración minera de igual extensión en el distrito de Bratsi, en el mismo territorio indígena.Como responsables de los proyectos aparecen Ana Lucrecia Quirós Montoya, representante legal, y el ingeniero forestal Miguel Ángel García Jiménez, como coordinador del EIA.
La SETENA había dado trámite a las solicitudes de exploraciones el 6 de octubre del 2009. En ese entonces, como  presidenta y representante legal de las sociedades aparecía la abogada Jessica Trejos Cubillo, y como apoderado el abogado Esteban Cordero Quirós.
En el caso del expediente  85-2009, el EIA dice que el objetivo del proyecto es determinar si “existe potencial minero” en el lugar, y “en caso positivo, se definiría el tipo de yacimiento, las reservas, su ubicación y el método” de explotación.No obstante, la solicitud inicial del permiso de exploración -que abrió el expediente el año pasado- dice que es para la “exploración de minerales metálicos, plata, oro, cobre y minerales asociados”, y la anotación del evaluador de la SETENA dice que “se trata de una evaluación aurífera”.
Por su parte, en el expediente 22-2009, del Grupo Sureño Rojo S.A., se dice que la exploración es para investigación de minerales cuyo interés se centra en plata, cobre, níquel, oro, molibdeno y zinc.José Francisco Castro, jefe de la Dirección General de Geología y Minas, informó que con base en la moratoria esa dependencia suspendió el pasado 11 de octubre los expedientes de exploración minera y que se le había comunicado a la SETENA, por lo que no se deberían tramitar.
Recordó que la SETENA lo que da es la viabilidad ambiental y por ley los permisos deben ir a Geología y Minas, y cuando se trata de proyectos en territorios indígenas, si fueran aprobados tendrían que pasar luego por la Asamblea Legislativa.El funcionario puntualizó que son unas cuatro o cinco las solicitudes de permiso para exploraciones en esa zona y cree que son las mismas personas las que las impulsan.
Al viceministro Andrei Bourret, actualmente encargado de la dirección SETENA, se le consultó a través de la oficina de prensa del MINAET la razón por la que la SETENA está dándole trámite a estos expedientes de Talamanca y si no los afecta la moratoria;  pero, al cierre de esta edición no había respondido.
Por su parte, un funcionario del departamento de evaluación de la SETENA explicó que los expedientes habían ingresado para el análisis y ver si los afecta o no la moratoria.
José Páez Guerra, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bibrir (ADITIBRI), presentó a la SETENA con fecha 8 de octubre un escrito en el manifiesta oposición rotunda y pide anular lo actuado respecto al EIA del proyecto 22-2009, por cuanto “no se nos está tomando en cuenta como co-propietarios de los minerales que se pretende explorar y explotar y porque esa actividad es contraria a nuestras tradiciones y creencias más sagradas.”
En el 2008 la Asociación había logrado que el MINAET archivara tres solicitudes de exploración minera, que habían sido tramitadas por dos directivos a nombre de la ADITIBRI, a espaldas de la comunidad. Cuando esta se enteró, los dos dirigentes fueron expulsados por diez años.
Mauricio Álvarez, geógrafo facilitador de la red Oilwatch en Mesoamérica, recordó que desde el 2006 grupos indígenas han denunciado la realización de exploraciones mineras ilegales en las partes altas del Río Urén en Talamanca, concretamente en los cerros Sukut y Namasol, sitios sagrados para los indígenas.
Un estudio en el registro minero, realizado en el marco del proyecto Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica en el 2008, identificó la existencia de cuatro solicitudes de concesión para exploración y explotación minera en dicha región. Las zonas de interés son las partes más altas de río Urén, donde existe por lo menos una familia bribrí que ha rechazado el contacto con los blancos. Justo a unos pocos metros de donde habita esta familia, se denunció en el 2006 la construcción ilegal de un helipuerto, que según vecinos fue utilizado para sacar “muestras de materiales” del  cerro Sukut.
NORUEGO INTERESADO
Un grupo empresarial liderado por el inversionista noruego Helgue Haaversen Samuelsen, que pretende extraer oro y otros minerales de la reserva indígena Bibri en Talamanca, logró en el 2007 que el entonces presidente de ADITIBRI, Abelardo Morales, le cediera un permiso para gestionar una concesión minera en esos territorios.
Al año siguiente el nuevo presidente de la Asociación, Jorgeli Rodríguez, le cedió poder al abogado de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) para tramitar tres concesiones. Cuando la comunidad se dio cuenta expulsó a los dos dirigentes y logró que el MINAET archivara las solicitudes.
Las tres exploraciones tramitadas por el abogado de la CONAI fueron reactivadas ante Geología y Minas, con datos exactamente similares, por las sociedades Grupo Sureño Rojo, Grupo Sureño Ocho Rojo, y Grupo Sureño Seis Negro, presididas por la abogada Ana Lucrecia Quirós, representante legal de Santuario Indígena, ligado a Haaversen.
Los  expedientes están activos en Geología y Minas y SETENA desde el 2009, y Grupo Sureño Ocho Rojo aportó un documento del 2009 en el que Abelardo Morales, entonces director de la CONAI, aprobaba el proyecto minero.
En marzo pasado, el diario La Nación publicó que el grupo de Haaversen construyó un helipuerto sin permiso de Aviación Civil en Vesta, Valle de la Estrella, Limón, a unos 30 kilómetros de los sitios donde pretende hacer la exploración minera. Asimismo, que firmó un acuerdo con la comunidad indígena Cabécar-Tayní, con el propósito de construir supuestamente un proyecto hidroeléctrico en el río Cariei.
Mauricio Álvarez recordó que el tema de minería no es nuevo en Talamanca y sus habitantes tuvieron en el último ciclo minero -en los años 90- prácticamente todo su territorio solicitado para concesiones, principalmente de oro, cobre y carbón. El pueblo indígena Bribri en distintas asambleas, ha rechazado  masivamente la minería en su territorio.
La mayoría de indígenas creen que la minería está fuera del modelo de vida que han llevado y que esperan consolidar con sus reivindicaciones de autonomía. Estas propuestas incluyen el respeto por la naturaleza que les da la vida y su cultura, que son  la base del ser bribri.
Legalmente es el gobierno local indígena el propietario, junto con el Estado, de  los recursos del  subsuelo (art 6, Ley Indígena) y debieron haberles consultado previamente estas iniciativas  que se pretenden desarrollar, dijo Álvarez.

Polémico decreto
En su oportunidad, especialistas universitarios advirtieron que el decreto de moratoria de la minería de oro a cielo abierto del Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, dejó la puerta abierta para que se exploten otros metales en el país, con métodos tanto o más dañinos que los usados en la extracción de oro.
Según el grupo “Llamado Urgente por el País”, integrado por especialistas universitarios, el decreto contiene los mismos errores que tenía el decreto de moratoria emitido durante el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), al no dejar claro el alcance de la frase “todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, como uno de los posibles portillos para nuevos proyectos mineros.
En la perspectiva de Marco Guevara, sin embargo, no se puede entender que esa moratoria sea específicamente solo para oro, sino que debe entenderse en un sentido más amplio de que cualquier cosa que esté asociada con oro, puesto que el oro no se encuentra solo, sino asociado a otros minerales.
Por eso, cualquier expediente que tenga que ver con explotación de cobre, oro o plata,  siempre tiene que ver con otros minerales, y generalmente especifican que es para explotar oro, cobre y otros minerales asociados.
Lo que se concesiona son áreas territoriales para hacer exploración primero, y en caso que se demuestre que hay factibilidad económica para una explotación, entonces se tramita otro permiso para explotación. Pero en el caso de territorios indígenas, siempre tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, y además tendrían que ser consultadas a la población indígena, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según un informe del Colegio de Geólogos de Costa Rica entregado a la Asamblea Legislativa en marzo pasado, el país tiene un potencial en oro de 20 millones de onzas, lo que tendría un valor de $20.000 millones.
La organización profesional recordó además que en la cordillera de Talamanca se identificó desde 1974, un depósito de cobre de 600.000 toneladas, con un valor actual de ¢2.5 billones.