Desde hace varios años, ha habido una creciente crítica a los premios nacionales que otorga el Ministerio de Cultura. Así, se ha hecho común escuchar a muchos artistas, escritores y científicos sociales señalando la necesidad de que la estructura en que se seleccionan dichos premios sea reformada, de forma tal que asegure, al menos de mejor forma, las injusticias en premiaciones o no premiaciones.
En ese sentido, ha hecho bien el Ministerio de Cultura al recoger ese sentimiento y plantear un proyecto nuevo sobre los premios nacionales. Pero sólo en eso ha acertado Ministerio, porque el proyecto que ha presentado amenaza con ser más injusto y menos preciso que la ley de premios nacionales que ha regido hasta el momento.
El problema fundamental es que existe una distancia muy grande entre las críticas que se han hecho constantes a los premios nacionales y el proyecto que plantea el Ministerio.
 
Las críticas, hay que recordarlo, fundamentalmente se han centrado en tres ejes: Primero, se ha cuestionado el que las personas que se seleccionan para los jurados de ciertos premios, no tienen la trayectoria necesaria para poder valorar las obras que se someten a su juicio. Segundo, se ha señalado que en muchas ocasiones no se seleccionan las mejores obras, sino que simplemente se selecciona la obra de algún amigo de los jurados. Tercero, se han vertido críticas en las ocasiones en que algunos jurados, en lugar de declarar un ganador, han decidido declarar desierto el premio.  En lugar de concentrarse en esos ejes de la crítica, el nuevo proyecto de ley de premios nacionales del Ministerio de Cultura pareciera concentrarse en lo monetario. Pero eso no es, para nada, lo importante de los premios nacionales. Así, si el problema de fondo que motiva una reforma a la ley de premios nacionales es de carácter económico, no se debe perder de vista que estos premios, además, tienen un alto valor simbólico, de reconocimiento, para quienes obtienen los galardones. De allí que “ahorrar” presupuesto no debería ser una consigna para crear las nuevas categorías nebulosas de premiación que sugiere el proyecto.
Lo que más nos llama la atención, empero, es la eliminación de varios premios al crearse esas nuevas categorías, específicamente la eliminación del Premio Nacional de Historia. La Historia ha sido y es una disciplina fundamental en el contexto del conocimiento producido en Costa Rica. De hecho, hace unas semanas nos reunimos en la Universidad de Costa Rica alrededor de 40 historiadores para discutir en 15 mesas (con un público promedio de 150 personas por mesa), el estado de salud de la historiografía costarricense.
Las ponencias presentadas dan cuenta de la vitalidad, compromiso y variedad de la producción historiográfica de este pequeño país. Quedó claro que la producción histórica costarricense es la más avanzada del istmo centroamericano y que sus historiadores, en términos de conocimiento, teoría y metodologías, no tienen nada que envidiar a los de las más grandes universidades del mundo. Pero todo eso es desconocido, sin saber por qué, por el nuevo proyecto de ley de premios nacionales del Ministerio de Cultura.        En una de las nuevas categorías que crea el proyecto de premios nacionales, pareciera asimilarse la historia a la literatura, pero es un grave error hacer esa asimilación. Es cierto, que en el pasado el historiador Iván Molina había propuesto una reforma para que se creara una nueva rama de premiación que visualizara la producción de las Ciencias Sociales del país.
No obstante, este proyecto presentado por el Ministerio de Cultura no sólo silencia la gran producción historiográfica que se hace en Costa Rica, sino que deja de lado la oportunidad de incluir la reforma propuesta por Molina para, finalmente, hacer justicia con las otras Ciencias Sociales al crear un premio que las incluya.
Así, el Ministerio ha optado por sacudirse a Clío como si fuera una rémora y, al hacerlo, ha apostado por desconocer la vitalidad de esa disciplina y, por otro lado, el papel fundamental que las Ciencias Sociales han cumplido en la crítica de lo oficializado y, con ello, su aporte a la democratización de la sociedad costarricense. Por eso y todo lo apuntado nos oponemos a este proyecto de ley.