Ley modificada  por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos  prohibe fotocopiar.
El proyecto de reforma a la Ley de Observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual (Ley 8039), podría ser visto y aprobado cuanto antes por la Asamblea Legislativa, si el Gobierno lo convoca al periodo de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 1 de diciembre.
José María Villalta, diputado del Partido Frente Amplio (FA) y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos que estudia el proyecto, aseguró que desde su partido se están haciendo las gestiones necesarias para solicitar al Poder Ejecutivo que convoque el proyecto, pues de lo contrario la iniciativa que despenaliza el fotocopiado, tendría que esperar para ser vista por el plenario.
 
De acuerdo con el legislador, a lo interno de la Comisión hay voluntad política para sacar el proyecto, que se encuentra entre los 10 textos prioritarios; sin embargo, este lleva esperando en corriente legislativa desde la administración anterior de Óscar Arias.
El expediente 17342 de reforma a la ley, entre otras cosas plantea la eliminación de las sanciones penales y civiles para quienes se dedican al negocio de las fotocopias, para que se permita el fotocopiado con fines educativos.
La legislación vigente, modificada como parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, establece la prohibición de fotocopiar.
El artículo 54 dicta que serán penalizados con multas (hasta quinientos salarios base) y cárcel (de seis meses a cinco años) quienes reproduzcan obras literarias o artísticas o fonogramas protegidos sin autorización del titular del derecho.
En este sentido, Villalta criticó que la ley planteada no se ajusta a la realidad costarricense, sino que se trata de una imposición y que si se aplicara al pie de la letra, el sistema colapsaría. “No se consideró el problema social que generaría. Se trata de una legislación desequilibrada, que no contempla el interés de la mayoría de la población”, afirmó.
La lucha para que el fotocopiado no sea un delito se gestó desde el “Movimiento Fotocopiando para Estudiar”, una organización de estudiantes, microempresarios y civiles que abogan por la despenalización de esta actividad.  Además, ha sido apoyada por agrupaciones políticas como el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario y el FA.
CONTRAPOSICIÓN
Con el fin de escuchar las posiciones tanto a favor como en contra a la reforma de ley, la Comisión de Asuntos Jurídicos convocó a los representantes de la Cámara del Libro y del Movimiento Fotocopiando para Estudiar.
Para el legislador Villalta, la defensa del Movimiento fue muy sólida, debido a que quedó claro que la intención de los empresarios que se dedican a las fotocopias, no es promover la piratería ni la reproducción de “clones” (copia exacta de un libro), al tiempo que argumentaron sobre los empleos que estos negocios generan.
De acuerdo con el acta de la sesión ordinaria No. 33 de la Comisión, Dunia Solano –presidenta de la Cámara del Libro – propuso que se cobre un canon a los centros de fotocopiado, el cual se le redistribuiría a los autores de las obras.
Solano reclamó que para tener acceso a libros están las bibliotecas.  Por otro lado, indicó que las universidades estatales se preocupan más por tener un centro de fotocopiado que una buena biblioteca.
Para ella, si un profesor adopta como texto principal cualquier libro, esa biblioteca debe tener al menos veinte ejemplares, y de las obras recomendadas al menos dos ejemplares.
De acuerdo con el legislador, las propuestas hechas por la Cámara del Libro no solucionan las  arbitrariedades de la legislación y enfatizó que es importante fortalecer los sistemas de bibliotecas, las cuales en muchos casos están desactualizadas y no en todas las comunidades hay una.
A su parecer, estas medidas no sustituyen la necesidad de fotocopiar para estudiar y que a pesar de la exoneración de impuestos, el precio de los libros es prohibitivo.