El proyecto de Ley General de Electricidad presentado por el Gobierno implicaría en el largo plazo un aumento en los precios en el sector, debido a la competencia de generadores privados, lo que haría que Costa Rica pierda su lugar como uno de los países con tarifas más bajas de la región latinoamericana.
A esta conclusión llegó un análisis efectuado por el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, Radiográfica Costarricense, Filial de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y Proyectos (SIICE), sobre el proyecto 17.812, una de las propuestas que se encuentra en estudio en una comisión en la Asamblea Legislativa, y que pretende una apertura regulada donde los generadores privados competirían en un mercado mayorista y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) funcionaría por aparte.
Sectores opuestos al proyecto señalan que a pesar de que esa iniciativa es menos perjudicial  que la impulsada por los hermanos Arias Sánchez en la administración pasada -ya que pretendía una apertura total-, su propósito es el mismo: desmantelar el ICE y dejarlo sin estructura, en beneficio de las empresas privadas.
El Poder Ejecutivo nuevamente convocó este proyecto para las sesiones extraordinarias que iniciaron el 1 de diciembre, “consecuente con una estrategia de prioridades bien definida”, según detalló un comunicado de prensa del Ministerio de la Presidencia.
“En materia ambiental se pondrá en la agenda de discusión de los diputados la Ley General de Electricidad, un área fundamental para el futuro del país y en la que se ha venido trabajando en la búsqueda de consensos con diversos sectores, incluidas las fracciones legislativas de oposición”, citó la notificación.
ACCESIBILIDAD
Uno de los mayores puntos de crítica del mencionado sindicato hacia dicho proyecto, es que dentro de sus objetivos acentúa “satisfacer los requerimientos de la demanda eléctrica con precios razonables y competitivos, alta calidad, confiabilidad y sostenibilidad”. Pero de acuerdo con la investigación, los precios de la electricidad en el país ya son accesibles para gran parte de la población, y competitivos dentro del modelo liderado por el ICE.
Sara Salazar y Carlos Solano, ingenieros civiles e integrantes del SIICE, mencionaron que en el estudio determinaron el porcentaje del salario mínimo mensual que necesita una persona para pagar su recibo de electricidad. Para lograr este cometido, se tomó en cuenta el consumo de 250 kilovatios por hora (kWh), que es la cantidad que utiliza el 75% de la clientela del ICE.
Estos mismos parámetros se aplicaron en otros países, considerando las diferencias en el costo de la vida de cada uno, y se encontró que en promedio las naciones analizadas utilizan un 14.6% del salario mínimo para pagar las tarifas de electricidad. En Costa Rica, al 2009 el porcentaje fue de 8.4%, superado por Venezuela (3.1%), Argentina (3.6%) y Paraguay (5.8%). En estos tres países, los precios de la energía eléctrica se mantienen congelados desde el 2002.
Mientras tanto, en los estados centroamericanos, Honduras se colocó en segundo lugar con 11% del salario mínimo, Panamá con 14.1% y El Salvador con 17.9%. Los casos más altos se presentan en Guatemala con 22.1% y Nicaragua con 33.3%.
Según el documento, el modelo costarricense ha permitido generar tarifas muy competitivas, a causa del bajo consumo de combustibles fósiles y utilización de recursos renovables. Asimismo, las tarifas menores subsidiadas y el alto grado de electrificación rural, colocan al modelo costarricense como un mercado solidario. Estas cifras han contribuido a que tenga la más alta cobertura eléctrica de América Latina: 99.11%.
Ambos concordaron en que las personas que defienden el proyecto de ley, aseguran que los bajos costos de la electricidad van en detrimento de la inversión, ya que no generaría ganancias a los grandes generadores.
“El modelo de Costa Rica es alabado en el mundo. El único trasfondo (del proyecto de ley del Gobierno) es la participación privada. Podría haber una mayor participación privada siempre que sea complementaria, y no sustitutiva”, indicó Solano.
A su vez, Salazar expresó que se debe dejar de lado la idea de que el ICE es un monopolio, pues coexiste con las distribuidoras y generadores privados mediante un esquema mixto.
La profesional cuestionó la creación de un mercado mayorista, ya que en sus palabras “los mercados perfectos no se dan en áreas tan pequeñas como la costarricense e incluso la centroamericana”.
Además, como el proyecto significaría que el ICE quede fuera de las subastas (que serían entre compañías privadas), si alguno de los participantes tratara de “manipular” o no cumple en ese mercado tan pequeño, no habría una entidad con la suficiente capacidad para responder a esas eventualidades; por ejemplo, suplir energía cuando haya faltantes.
“Si al final las ofertas son fallidas, llaman al ICE, que está fuera del proceso, declarándose primero una emergencia nacional, pero en última instancia”, mencionó el ingeniero.
Salazar añadió que hay bastantes indicios de que este esquema no funcionaría, porque desde finales de los años 80 estos modelos se han venido instaurando en Centroamérica, y aún así ha habido crisis energéticas.
MODELO RENOVABLE
El ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre, ha resaltado como uno de los mayores méritos del proyecto de apertura eléctrica impulsado por el Gobierno, la iniciativa de que Costa Rica utilice solo energías renovables y limpias, para así dejar  depender del petróleo.
No obstante, los ingenieros explicaron que en la actualidad el 94% de la energía que se utiliza para producir electricidad es de tipo renovable, destacando la hidroeléctrica en 78%, sumada a la geotérmica, eólica y biomasa. Apenas un 6.5% de energía es térmica, es decir, derivada del petróleo.
El análisis cuestiona que el proyecto de ley enfatiza en la dependencia del país de fuentes derivadas de ese combustible, pero no detalla que es en el sector transporte donde más se utiliza (80%), no en el área eléctrica.
En contraste, el petróleo es la principal fuente de electricidad en el resto de América Central, y en casi todos los casos representa más de la mitad de la energía producida, con la excepción ya mencionada de Costa Rica, y Panamá.
El problema que describe el SIICE es que existen países en los que la transición a un mercado mayorista se decanta en una mayor utilización del petróleo, en lugar de emplear energías renovables.
“Ese incremento en la inversión privada ha redundado en un aumento en la instalación térmica, porque (las plantas) se instalan rápidamente y se recupera inversión”, señaló Salazar.
El informe citó un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llamado “Evaluación de diez años de reforma en la industria del istmo centroamericano”, que subrayó que dentro de los aspectos más perjudiciales de este campo,  se encuentran “el incremento notable de las emisiones contaminantes y la drástica reducción de la participación de fuentes nuevas y renovables (con excepción de Costa Rica)”.
Así, se deduce que una mayor participación privada por el proceso de la apertura eléctrica  es la mayor instalación y generación de fuentes térmicas, las mismas que el proyecto de ley del gobierno pretende erradicar con ese cambio de modelo.