Diálogo “con respeto y sin mentiras”, para buscar alternativas de modernización de los puertos de Caribe que no sean la privatización, es el primer reclamo al Gobierno de parte de los líderes del SINTRAJAP (Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA), tras obtener la reelección por amplia mayoría en una asamblea de trabajadores y trabajadoras, el pasado viernes 21 de enero.
Ronaldo Blear, el secretario general del SINTRAJAP reelecto por tercer período hasta enero del 2012, dijo que los trabajadores lo que piden es trabajo y que el Poder Ejecutivo utilice los medios lícitos que la ley permite para financiar las inversiones necesarias en los puertos.
Los puertos son rentables y cualquiera presta el dinero porque no hay riesgo. “Así como el Estado les ayuda a los concesionarios privados a conseguir el dinero que invierten, y la banca nacional les va a facilitar dinero a los inversionistas para construir la nueva terminal de contenedores de Moín, que igualmente el Poder Ejecutivo abra esa posibilidad a JAPDEVA”, dijo Blear.
De una votación de 1108 agremiados, la papeleta de Blear obtuvo 718 votos (65%), mientras que la del opositor Douglas Brenes consiguió 370 (35%), según los datos del tribunal del sindicato a cargo del proceso. La votación, realizada en el estadio Eddy Bermúdez de Limón, fue observada por numerosos medios de prensa e invitados de diversas organizaciones e instituciones, entre ellas la Defensoría de los Habitantes.
 
 
Blear había sido destituido hace un año en medio de fuertes presiones del Gobierno para romper el monopolio estatal de los puertos en el Caribe, ofreciendo incluso a los trabajadores una indemnización de $137 millones (¢80.000 millones). No obstante, la Sala Constitucional ordenó restituir a la directiva defenestrada, tras encontrar ilegalidades en el proceso de destitución.
En declaraciones dadas a medios de prensa, Douglas Brenes atribuyó la derrota de su tendencia, favorable a la concesión, a que el apoyo del Gobierno no fue suficiente.
Según José Luis Castillo, secretario de Finanzas de SINTRAJAP, ya los trabajadores dijeron lo que piensan de la concesión, y a partir de ahora se debe hablar de modernización portuaria y no de privatización o concesión. ”Esas fueron las reglas que pusieron los señores del Gobierno cuando dijeron que por última vez se les consultara a los trabajadores qué piensan de la concesión. Entonces cumplan con las reglas del juego que ustedes pusieron”, enfatizó.
“Esperamos que a partir de ahora la Presidenta Laura Chinchilla cumpla con firmeza y honestidad con su palabra y tienda los puentes para el diálogo, pero un diálogo con respeto y con propuestas reales que estén en el marco de la ética pública, y que dejen de mentir sobre la situación portuaria”, añadió.
Señaló que el país lleva cinco años perdidos, cuatro de la administración pasada y prácticamente uno de la actual, en el proceso de modernización portuaria por testarudez y por dogmatismo de los que temporalmente tienen las riendas del Estado costarricense. Desde el 2006 el sindicato hizo una propuesta de modernización viable y ajustada a la realidad actual de los puertos, que el Poder Ejecutivo no ha querido poner en práctica porque obtusamente solo ve el mecanismo de la concesión.
El Ministro de la Presidencia Marco Vargas dijo que la administración Chinchilla mantiene que deben modernizarse las actuales instalaciones portuarias de JAPDEVA, y la reelección del sindicato  les obliga a abrir un diálogo y una negociación. La modernización de los puertos a través de JAPDEVA va a requerir de una reestructuración profunda de la entidad, porque con la forma en que está estructurada y como funciona la convención colectiva de trabajo, nunca va a haber un puerto eficiente, a menos que se den cambios importantes en JAPDEVA, aseguró el ministro el lunes 24 de enero en una entrevista radial.
ABANDONO
Por su parte, Blear afirmó que los gobiernos han dejado en el abandono a Limón y han sido “miserables” con la provincia, a pesar de que por ella se mueve el 80% de la economía del país, y ahora que con la globalización y el libre comercio se pone en evidencia la necesidad de desarrollar los puertos, se dan cuenta de que no han hecho las inversiones en infraestructura que debían hacerse en JAPDEVA.
Los problemas de JAPDEVA no se deben a sus 1.400 trabajadores, sino que hay responsabilidad de los mandos superiores, como lo muestra el informe que la Contraloría General de la República (CGR) emitió el pasado 15 de diciembre, donde les dice a la junta directiva y a la presidencia ejecutiva que no están cumpliendo su trabajo, añadió.
Entre otras irregularidades, el estudio de la CGR detectó que JAPDEVA tenía sin cobrar el 10% de los servicios que presta (lo cual representa la entrada que dejan 200 barcos), y del resto el 31% estaba cobrado solo parcialmente.
Además, desde el año  2003 JAPDEVA no actualiza las tarifas que cobra, mientras que suben algunos de los costos fijos, apuntó la CGR, que ordenó al consejo directivo de la entidad y a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) tomar medidas correctivas en un plazo no mayor de dos meses.