¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República, defender al Estado y los intereses de los costarricenses o respaldar los argumentos de una empresa?, son las preguntas que hace el grupo de abogados que ganó el juicio Contencioso Administrativo por el caso del proyecto minero en Las Crucitas.
Álvaro Sagot, Bernal Gamboa y Edgardo Araya consideran que los representantes de la Procuraduría se han mostrado “parcializados y serviles” a los intereses de la empresa transnacional Industrias Infinito, interesada en desarrollar una mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país.
El cuestionamiento a la Procuraduría es mayor, luego de que “el abogado del Estado” presentara junto a la empresa minera un recurso de casación a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló los permisos para este proyecto.
Esta semana se tiene previsto que la procuradora general, Ana Lorena Brenes, tenga que comparecer ante los diputados de la Asamblea Legislativa, para explicar la posición de la entidad en este caso.
 
¿A QUIÉN DEFIENDE?
 
El propio Tribunal Contencioso Administrativo en la sentencia por el caso Crucitas, dedica un apartado a señalar el comportamiento del representante de la Procuraduría, Mauricio Castro.
Al respecto dijo que “(…) es pertinente expresar que a este cuerpo jurisdiccional no pasó desapercibida la forma cómo, durante las audiencias, el Procurador Castro Lizano coordinó, a través de papeles, comunicaciones verbales o incluso mediante señas, con la representación de Industrias Infinito, los más diversos temas, incluidos el de si se objetaban preguntas o se formulaban revocatorias”, señaló el Tribunal.
Para los jueces, dio la impresión de que Castro “no estaba realizando únicamente la defensa técnica de los intereses públicos, sino que estaba dando cabida también a la defensa de los intereses privados de la empresa”.
El Tribunal recordó que la Procuraduría General de la República no puede dividirse y defender en juicio posiciones que van en contra de su misión. “La Procuraduría General de la República debe asumir en los procesos contencioso administrativos, posiciones objetivas, tales como las que asume en los procesos constitucionales”, dice el texto de la sentencia.
A los jueces les llamó la atención el hecho de que durante el juicio, no fue si no hasta la incorporación de la procuradora Susana Fallas, que Castro objetó una pregunta de Industrias Infinito.
“Cabe indicar que durante la etapa de conclusiones se percibió lo que pareció ser una inadecuada identificación del Procurador Castro Lizano con los intereses particulares de Industrias Infinito, pues cuando el representante de la empresa pretendía hacer la exposición de diversos materiales, el referido representante estatal defendió la importancia de las muestras para la teoría del caso de la empresa, incluso antes de que el abogado de ella la expusiera”, señala el texto de la sentencia.
 
“PARCIALIZADA Y SERVIL”
 
Edgardo Araya, abogado y representante de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), aseguró que la Procuraduría se mostró siempre “parcializada y servil” a los intereses de la minera, tanto en el juicio contencioso, como en la vista ante la Sala Constitucional.
“La Procuraduría siempre coordinaba la estrategia con la empresa minera; eso viola la objetividad y transparencia que debe regir al que es el abogado del Estado, no del Gobierno, ni de los funcionarios”, comentó Araya.
El abogado recordó que durante la vista ante la Sala Constitucional, fue evidente cómo la Procuraduría participaba en las reuniones de coordinación con los abogados de la empresa, y prácticamente formaban un solo equipo.
Mencionó que a Castro se le llamó la atención durante el juicio, por no presentar una documentación que finalmente el tribunal determinó que sí existía, y que la tuvo que mandar a secuestrar.
“Los jueces dejaron en la sentencia una gran regañada para la Procuraduría, por la forma en que se comportó a lo largo del juicio”, reprochó.
 
“NO HUBO DEFENSA TÉCNICA”
 
Mientras tanto, Bernal Gamboa, abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS), comentó que durante todo el juicio siempre se percibió la actitud de defensa del procurador Castro, siempre atento a los intereses de la empresa.
“Eso que menciona la sentencia respecto a que Castro defendió la exposición de unos materiales por parte de la empresa, fue cuando Federico Sosto (abogado de la empresa) quiso hacer unas pruebas con químicos”, rememoró Gamboa.
“El tribunal dijo que no, y mandó a sacar los materiales, lo que el representante de la Procuraduría objetó, cuando en teoría él no debería tener ningún interés en eso”, puntualizó el abogado.
Para Gamboa es “muy grave” que el tribunal señalara el intercambio de “papelitos” entre la Procuraduría y la empresa, ya que se supone que ambas partes defendían intereses distintos.
“Ahora que la Procuraduría también presentó el recurso de casación, no le veo ningún sentido, porque el Estado no pierde nada con esa sentencia, es la empresa; entonces no hay razón para poner ningún otro recurso”, criticó Gamboa.
En su criterio, Castro nunca hizo la “defensa técnica” que su cargo obligaba, pues en varias ocasiones se dedicó incluso a atacar a la parte que demandaba la anulación del proyecto minero.
Según el ambientalista, los diputados no solo debieron llamar a comparecer el jueves 27 de enero a la procuradora general, Ana Lorena Brenes, sino también a Mauricio Castro, para que explique su proceder.
 
PAPEL CUESTIONABLE
 
Por otro lado, para el abogado y profesor universitario Álvaro Sagot, lo más cuestionable del papel de la Procuraduría es el hecho de que en el juicio quedó demostrado que había bienes públicos, como el camino vecinal que quedaba debajo de la laguna de relaves, que estaban siendo comprometidos.
“Me parece hasta inmoral que presenten un recurso de casación, porque de revocarse la sentencia, significaría que le están entregando el camino a una empresa transnacional”, comentó Sagot.
En su opinión, la Procuraduría parece más interesada en que se anulen las órdenes de investigación al expresidente Óscar Arias y otros funcionarios, que el defender los bienes públicos.
Sagot hizo ver que durante el juicio, el propio Procurador solicitó que la prueba relacionada con el camino público no se presentara, lo cual considera un “contrasentido” a los objetivos y deberes de la Procuraduría.
“Están quedando mal con el Estado; dejaron mal a la Procuraduría, porque ese camino no podía dejar de ser público sin el trámite de la Asamblea Legislativa; entonces no hay argumento que valga”, dijo Sagot.
Asimismo, preguntó cuál sería la posición de la Procuraduría en el caso de que la empresa emprendiera un proceso de demanda contra el Estado, cuando el Estado se dedicó a defender los intereses de la empresa y no los propios.
Sagot consideró necesario que se instaure un “órgano director” que investigue el proceder de Castro durante el juicio, para que aclare todo lo señalado por los jueces en la sentencia del Contencioso Administrativo.
UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de la Procuradora General, Ana Lorena Brenes, sobre estos señalamientos. Al cierre de esta edición (lunes 24), respondió que prefería no referirse al caso antes de su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el jueves 27 de enero.