Como hechos muy graves que denotan el “quiebre” de la institucionalidad democrática que vive el país, la existencia de un gobierno paralelo o la preparación de un golpe de Estado.
Así catalogan diversos sectores consultados por UNIVERSIDAD sobre dos hechos claves suscitados la semana pasada: el primero, la publicitada reunión política que tuvo el exministro y su hermano el expresidente Óscar Arias el pasado 15 de enero con los alcaldes liberacionistas electos y la mayor parte de los diputados oficialistas.
El segundo, la decisión de la Fiscalía General de detener una indagatoria al exministro de la presidencia y actual precandidato oficialista Rodrigo Arias, tras una llamada telefónica de este político, según reveló el pasado 21 de enero el diario La Nación desatando un escándalo.
Anunciada como una ocasión para celebrar el triunfo del Partido Liberación Nacional (PLN) en las elecciones de alcalde en diciembre pasado, la reunión sirvió para que los presentes rindieran apoyo a las aspiraciones presidenciales de Rodrigo Arias para el 2014, haciendo alarde del liderazgo que reconocen en los Arias, según las manifestaciones recogidas por la prensa.
Analistas y representantes de la oposición valoraron el acontecimiento como una situación insólita y como una muestra de deslealtad y del vacío que, desde el oficialismo, la tendencia arista le viene haciendo a la presidenta Laura Chinchilla, prácticamente desde el inicio de su Gobierno hace nueve meses. Esto está creando una situación muy complicada para la gobernabilidad de su administración, que se ve obligada a negociar la agenda y la tramitación de proyectos con personas que no han sido elegidas por el pueblo.
Por otra parte, la decisión de cancelar la indagatoria a Rodrigo Arias por parte de la Fiscalía General motivó que sectores de oposición, en particular el Partido Acción Ciudadana (PAC) pidiera a la Corte Suprema la destitución del fiscal general Jorge Chavarría, y la formación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa que investigue las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en el caso.
 
La cancelación se produjo en octubre pasado, dos horas después que Arias recibió la citación para declarar por el supuesto delito de peculado en relación con el manejo de $2 millones donados por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al gobierno durante la administración pasada. Los fondos fueron utilizados para pagar asesorías contratadas a familiares y amigos de funcionarios de la Presidencia, sin ingresar al control presupuestario que corresponde en caso de fondos públicos.
Chavarría causó asombro con el argumento que dio a la prensa para explicar por qué no investigó a Arias. “Es posible que se dé el ilícito de administración fraudulenta, pero el Banco se ha negado a dar la información en relación a la posición de ellos”, por lo que el Ministerio Público no podía investigar, adujo.
Por otro lado, la afirmación de Chavarría de que las llamadas de políticos y miembros del Poder Ejecutivo a los funcionarios judiciales es una práctica normal en Costa Rica, causó resquemor en el Poder Judicial.
Mario Quirós, exdiputado del Movimiento Libertario, opinó que el affair BCIE-Arias es una muestra de la quiebra institucional que se está viviendo en Costa Rica.
Mediante un manejo que no duró dos horas se involucró un ministro, se involucró un fiscal que no estaba en función de su cargo, y se anuló una orden de indagación que muy seriamente un grupo de fiscales habían preparado en la Fiscalía.
“Me parece un hecho gravísimo en la vida institucional costarricense que eso se esté dando en la Fiscalía, pero muestra –y eso es el beneficio que hace al país- qué tipo de régimen estamos viviendo en Costa Rica.”
Se ha tejido una gran cobija de impunidad en Costa Rica, donde está enseñoreada la arbitrariedad, está acorralado  el estado de derecho.  El poder absoluto corrompe absolutamente y también desdora la inteligencia de quienes lo ejercen y de quienes le obedecen. Basta leer y oír  las contradicciones y mentiras de los protagonistas de esta tragicomedia del affair BCIE y su indagatoria, afirmó Quirós en un artículo.
 
GOLPE
La Comisión Nacional de Enlace, agrupación de ciudadanos que analizan el desarrollo político del país, afirmó que la reunión de los hermanos Arias con alcaldes y diputados del PLN  pone en evidencia que lo que se ha ejecutado en Costa Rica es “un nuevo golpe de Estado”, además de una «provocación inaceptable» al pueblo costarricense.
Estas reuniones del oficialismo para apoyar la candidatura presidencial de Rodrigo Arias en el fondo son una descalificación hacia la presidenta Chinchilla, quien debería denunciar públicamente esa maniobra desestabilizadora, añadió el grupo en un comunicado.
“El mensaje de los Arias a Laura Chinchilla es muy claro, usted es la presidenta, pero nosotros tenemos el poder real  en asuntos tan importantes como la Ley de Electricidad, la reforma fiscal, la seguridad nacional y el manejo de la segunda fase de la crisis capitalista global, cuyos costos se descargarán implacablemente sobre la clase trabajadora,» agregó la Comisión, tras hacer un llamado a los partidos de oposición y al movimiento sindical para que repudien la «nueva felonía” de los Arias.
En opinión de José Luis Vega, sociólogo e integrante de la Comisión de Enlace, en Costa Rica hay desde tiempo atrás un gobierno de facto dominado por los Arias, que opera paralelamente al margen de la legalidad formal y de la Constitución, y que fue anunciado ya al final de la primera administración de Óscar Arias en 1990 (ver nota adjunta “El poder real…”).
Pareciera que se está estableciendo una dualidad de poderes, dijo por su parte el sociólogo Manuel Rojas al comentar la cita de los alcaldes y diputados con los Arias. En ese sentido, añadió que se ha informado en la prensa que la presidenta ha tenido conversaciones con Rodrigo Arias y que el acercamiento va a seguir, lo que muestra una dualidad complicada. Diecisiete de los 24 diputados oficialistas están con el señor Arias, lo que configura una situación  inédita por lo menos desde los años 40 para acá, apuntó.
Para el analista político Víctor Ramírez, la ruptura tan tempranera que se ha dado a lo interno del PLN y la fracción oficialista no solo es inédita sino también insólita.
Ni siquiera se dio algo igual en el famoso distanciamiento entre el expresidente Calderón Guardia y el presidente Picado del 44 al 48, donde Calderón era la figura poderosa detrás del trono. Sin embargo, Calderón hizo algo que es distinto a lo que está ocurriendo, y es que se fue del país y no hizo sombra al presidente Picado, aunque todos entendían que su poder era grande. Y no se dijeron las palabras que se han dicho durante las últimas semanas y meses de parte del expresidente Arias, en relación con Chinchilla, ni se dio una escisión tan abierta como la que ocurre entre aristas y chinchillistas.
Aquí lo importante es preguntarse qué es lo que hay detrás de esa escisión y esas luchas de poder apenas a seis o nueve meses de iniciado el Gobierno, señaló Ramírez.
En el fondo lo que hay es que a los Arias les interesa mostrar cuan poderosos son y mandar este mensaje a la opinión pública y los diferentes miembros de los poderes: nosotros somos poderosos, no se metan con nosotros. También es una advertencia a la presidenta de lo que le puede pasar si se pone en contra de ellos. ¿Es que tienen temor los señores Arias de que ciertas cosas se sepan?, interrogó Ramírez.
Es una situación que indiscutiblemente va a repercutir de una manera muy difícil para el país y la gobernabilidad de la administración Chinchilla y el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en momentos en que las arcas están vacías y se necesita encontrar una manera de llenarlas, comentó.
 
RETO
El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza, a la pregunta de si le parece que hay un “golpe de Estado” a la presidenta Chinchilla como otros afirman, dijo que “los Arias ya saben de golpes de Estado, y de cómo violentar la Constitución para reelegirse. En este caso saben cómo violentar la voluntad popular e imponerse a una presidenta electa popularmente.”
“Flaco favor le hacen a la democracia con las posturas que están asumiendo, arrancando fuegos electorales prematuros y sobre todo con un posicionamiento en temas políticos donde hay una presidenta y ellos se la brincan”, agregó.
A su juicio, la presidenta debía haber reaccionado, marcar su espacio político y controlar la gestión de su partido que la llevó a la presidencia. Tener diputados electos que son movidos por el poder no formal y tener a una presidenta sin capacidad de ejecución o de contraponerse al poder de los Arias, es sin duda alguna de la más alta preocupación, apuntó Mendoza.
A su vez, Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión, consideró que “los Arias no han dejado de gobernar en todos estos años, y la elección de doña Laura es una especie de ficción jurídica en donde hubo un cambio aparente de la presidenta de la Republica, pero los verdaderos grupos de poder que están dirigidos por la tendencia de los Arias tienen un control de lo que ocurra en la fracción oficialista y en el Poder Ejecutivo”.
Es una situación sumamente grave para el país, porque hay una concentración de poder exacerbada que es totalmente contraria a cualquier principio básico de la democracia.
“Además siento que es un reto muy importante para los grupos de oposición, que tenemos el deber de empezar a encontrar más coincidencias para ir pensando seriamente en la probabilidad de una coalición de tipo electoral, unida por un mínimo de principios y por la necesidad de darle a este país alternabilidad democrática. De lo contrario estaríamos viviendo, según las propias palabras de Óscar Arias, una dictadura en democracia”, señaló Granados.
Según José María Villalta, diputado del Frente Amplio, se ha hecho evidente el poco respeto que “la camarilla” de los Arias tiene por la institucionalidad del país, y que están muy preocupados de perder participación en buenos negocios que dejaron montados al final del gobierno de Óscar Arias.
Hay una voracidad de poder que se refleja con la candidatura tempranera de Rodrigo Arias, con un irrespeto total a este Gobierno y al pueblo de Costa Rica. “Que diputados del Gobierno digan que el líder no es la presidenta sino que es un carajo que no ocupa ningún cargo público es gravísimo. Hay un desprecio por la voluntad popular, porque independientemente de que uno comparta o no comparta, lo cierto es que eligieron a Laura Chinchilla presidenta.”
“Liberación Nacional dejó a Laura Chinchilla votada. Aquí hay diputados que se declaran claramente seguidores de Óscar Arias”, afirmó Villalta. Ejemplo de ello es que los diputados oficialistas hicieron todo un escándalo porque Julio Rodríguez, editorialista del diario La Nación, criticó a Óscar Arias, y ningún miembro de la fracción dijo una palabra siquiera por las declaraciones vergonzosas de Óscar Arias en la revista Poder, diciendo que Laura era blandengue, gelatinosa y malagradecida porque gracias a él es presidenta. Es una muestra de que esta fracción está cada vez más desconectada del Gobierno y más al servicio de los hermanos Arias, remarcó Villalta.
Montserrat Sagot, socióloga y catedrática universitaria, entre otras consideraciones anotó que desde el inicio de este Gobierno se notaba que los Arias no le reconocían a Chinchilla autoridad como presidenta de la República.
Sagot encuentra además que hay “un elemento de descalificación sexista” en la manera como se refieren a la mandataria. Y es que “desde un inicio los Arias pensaron que ella iba a ser una ficha movible por ellos, y al no responder ella al cien por ciento, inician entonces una descalificación muy sexista, desde una visión hegemónica masculina, y al irrespetar a Laura Chinchilla como presidenta irrespetan la voluntad del pueblo de Costa Rica”, apuntó.
 

 
 
El poder real está superconcentrado en los Arias
Es tal la profundidad de la crisis política y el poder de las fuerzas neoliberales lideradas por los hermanos Arias que la tarea a plantear es la defensa del Estado de derecho, ni siquiera es la defensa del estado social de derecho, afirma José Luis Vega.
¿Existe un gobierno paralelo al formal de la presidenta Chinchilla?
-Estamos ante un gobierno de facto que opera al margen de la legalidad formal y de la constitución dominado por los Arias. Esto tiene antecedentes en el gobierno paralelo anunciado a finales de la primera administración Arias nada menos que por su principal asesor, el chileno John Biehl.
Lo que pasa es que hasta ahora se le reconoce más claramente, y retorna de una manera visible y formal al poder con el golpe de la Sala IV a la Constitución, al restablecer la reelección presidencial sin tener facultades para ello, pasándole por encima a la Asamblea Legislativa
Esa muestra clara de ilegitimidad fue denunciada por el expresidente Luis Alberto Monge como un golpe de Estado, disimulado por un manto de legalidad. Otra muestra se da ahora, luego de esta segunda administración del arismo, que ante mínimas pretensiones de la actual presidenta y su grupo de adquirir cierta autonomía, se le recuerda donde está el poder real. Y el poder real está por supuesto superconcentrado en manos de los hermanos Arias y toda una constelación de intereses que forman un bloque de poder que pretende perpetuarse.
¿En la forma de “dictadura en democracia” de la que habló Óscar Arias?
-Uno podría hablar de la existencia de una dictadura en democracia, que cuando pretenda perpetuarse por medios que no están facultados por la constitución y las leyes  ya se transformaría en una dictadura abierta.
Ellos consideran que no tienen por qué respetar las formas de la institucionalidad, puesto que ya, según ellos, con esa institucionalidad no se pude gobernar el país, y entonces han montado su propio sistema de gobierno, de una manera espuria por supuesto, con el afán de solucionar lo que ellos han denominado una crisis de gobernabilidad.
Primero hablaron de la dictadura en democracia, antes de la toma de posesión de Óscar Arias,  y después Arias,  en una entrevista que le da al periódico La República dice abiertamente que ya los problemas de la democracia no se pueden resolver con más democracia, sino con menos democracia. Entonces ya claramente la ilegitimidad se ha transformado en la norma.
¿Hacia ahí van los planes de cambiar la Constitución?
-Recordemos que los planes de Rodrigo Arias son darle un vuelco a la Constitución Política, porque no han perdido el deseo de llamar a una constituyente que según ellos adecue el sistema jurídico y político al esquema de la dictadura en democracia. Es decir,  una super y manifiesta concentración del poder que sería un proceso muy parecido al que ha sucedido en México, donde después de la aprobación del TLC con EE.UU. ha habido que readecuar la constitución y la legislación a un sistema autoritario para imponer los intereses del socio comercial más poderoso, EE.UU.
Eso en México lleva ya más de 20 años realizándose y no ha terminado aún. Incluso en México hablan de una revolución jurídica, porque prácticamente el país ha sido convertido en un protectorado de los EE.UU., e imagino que la intención de los Arias aquí es adecuarlo totalmente desde el punto de vista del funcionamiento de la institucionalidad y del aparato jurídico a esa condición de total dependencia.
 
¿Cuál cree que es la forma de frenar ese proceso?
Esto va a continuar si no se forma una unidad de fuerzas coaligadas alrededor de un programa para resistir a eso, antes de que terminen de hundir la democracia clásica, liberal, con la imposición de un sistema autoritario que seguiría mucho la ruta de México, durante y después del PRI (Partido Revolucionario Institucional).
Creo que es tal la crisis política que existe en estos momentos, y tal la fuerza de los sectores neoliberales y ultranconservadores aglutinados en torno a los Arias, que lo importante es tratar de sostener el estado de derecho, ni siquiera es pensar en recuperar la institucionalidad del estado social de derecho.