La expectativa en la comisión legislativa que investiga al exministro de la Presidencia,  Rodrigo Arias, estaba centrada esta semana en la respuesta que venga del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ante el pedido de la información sobre los $2 millones (¢1.000 millones) donados por la institución y que fueron empleados en el pago de cuestionadas asesorías del Gobierno entre el 2006 y el 2008.
El Ministro de Información,  Roberto Gallardo, dijo que el Poder Ejecutivo pidió al BCIE la entrega de toda la información solicitada por los diputados y está a la espera de lo que el organismo envíe, lo cual depende de la decisión que tome ese organismo internacional de acuerdo con los reglamentos y estatutos que lo rigen.
Gallardo es uno de los funcionarios que ocupan posiciones en el actual gobierno de Laura Chinchilla, y que figuraron entre los asesores que fueron contratados con fondos del BCIE durante la anterior administración de Óscar Arias Sánchez (ver recuadro “Algunos consutores…”).
El diputado opositor Manrique Oviedo, miembro de la comisión investigadora, dijo temer que el Gobierno vaya a decir que pidió la información, pero que el BCIE no la quiso dar.
 
“Ellos (el Gobierno) no se mueven si antes no saben las respuestas, y en publicaciones que han aparecido en la prensa han dicho que depende del Banco la información que vaya a dar; están emitiendo criterio al respecto y lo que me temo es que nos vayan a decir que ellos pidieron la información pero el Banco no la da”, expresó Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La comisión investigadora quiere tener el expediente completo, que incluya la información que había sido denegada en el 2008, cuando estalló en la prensa el escándalo por el manejo que la Presidencia daba a los  fondos donados por el BCIE, fuera del control presupuestario, y que estaban siendo usados en el pago de consultorías a familiares y amigos de funcionarios de la Casa Presidencial.
Tras una investigación que hizo entonces la Contraloría General de la República (CGR), esta concluyó que no se trataba de fondos públicos que debieran estar sujetos a control, puesto que el BCIE contrató y pagó directamente a los consultores, y los dineros nunca ingresaron al presupuesto nacional y, por tanto, no estaban sujetos a fiscalización.
No obstante, por el descontrol que encontró en el manejo de las consultorías en la Presidencia, la CGR inició un procedimiento administrativo a Rodrigo Arias, pero terminó la investigación exonerando de toda responsabilidad al ministro.
Por su parte, diputados del PAC presentaron una denuncia ante la Fiscalía General, con base en la información de una investigación realizada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Aunque se considerase que los fondos no eran públicos, los fines para los que fueron donados sí eran públicos y debieron cumplirse, y ahí podría haber responsabilidades penales de los involucrados, señalaron los denunciantes.
A su vez, Otto Guevara, líder del Movimiento Libertario, presentó una querella penal contra el entonces presidente Óscar Arias; su hermano Rodrigo Arias; el ministro de Hacienda y gobernador del BCIE, Guillermo Zúñiga; el representante de Costa Rica ante el BCIE, Alfredo Ortuño; y otros, por los presuntos delitos de  incumplimiento de deberes, influencia contra la hacienda pública y fraude de ley en perjuicio de la hacienda pública.
Entre las pruebas de las presuntas irregularidades entregó copia de un cheque del BCIE, llenado a mano y girado a favor de una de las consultoras que trabajaba en el despacho del diputado “independiente” José Manuel Echandi.
Los expedientes que ahora solicita la comisión investigadora, los había solicitado ya la Comisión de Ingreso y Gasto Público en el 2008; pero el entonces representante ante el BCIE, Alfredo Ortuño, adujo que la información solo se podía entregar si la Presidencia lo autorizaba.
Fue entonces que tras una nota enviada por Rodrigo Arias, el Banco entregó parcialmente la información, que a su vez fue remitida a la CGR.
Esta información, recopilada en un expediente de cuatro voluminosos tomos en la CGR, no incluyó contratos firmados con los consultores, términos de referencia de las contrataciones, los pagos girados, planes de inversión e informes de cumplimiento que debían entregar los consultores, lo cual impide valorar el cumplimiento del objeto de la asesoría y de los fines para los que esta se dio, según anotaron los encargados de la investigación en la Contraloría.
Llama la atención entre la documentación aportada, que la mayoría de las facturadas presentadas por los consultores para cobrar, son facturas no timbradas y “hechizas” en muchos casos. Tal es el caso, por ejemplo, de las presentadas a nombre de Adriana (Mimí) Prado, Estrella Quirós, Eduardo Alvarado, Alejandro Trejos, Sandra Chinchilla y Mishelle Mitchell, entre otros.
Pese a que según los acuerdos firmados se establecía que los desembolsos se harían una vez prestado el servicio y entregado el informe del respectivo consultor, de la documentación se desprende que se habrían dado pagos adelantados (ver recuadros “Condiciones a cumplir” y “Hallazgos de la Contraloría”).

TRANSPARENCIA
Gallardo dijo que el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, envió al BCIE el pedido de información tal y como la pidieron los diputados, y lo hizo a través del representante de Costa Rica en el Banco, Jorge Walter Bolaños.
De parte del Gobierno no hay ninguna actitud de esconder o impedir la entrega de información, pues “nosotros creemos que en honor a la transparencia, la información debe fluir”, dijo.
No obstante, recordó que es el BCIE -un organismo conformado por los países de Centroamérica y el Caribe con socios extrarregionales- el que determinará cuál es la información que va a entregar,  “es una cosa sobre la que el Gobierno no tiene injerencia, más que decir: nosotros queremos que se considere el envío de esta información”, indicó.
El Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, es el representante de Costa Rica en la asamblea de gobernadores, la máxima autoridad del BCIE.
El estatuto constitutivo del Banco, ratificado por Costa Rica, le otorga a la entidad y sus funcionarios un régimen de inmunidades y privilegios, en su carácter de organismo internacional de derecho público, que incluyen inmunidad de los archivos de la institución (artículo 30).
Según la Procuraduría General de la  República, el régimen jurídico y funcionamiento de la entidad, son establecidos por el convenio constitutivo y los reglamentos que lo ejecutan, normas que son parte del derecho comunitario centroamericano y, por ende, es un derecho internacional, no un derecho interno el que determina su marco de acción.
Ello no excluye, sin embargo, que al contratar  con los Estados partes, el Banco se someta a disposiciones del derecho interno del Estado correspondiente (Dictamen de la PGR No 210 del 30 de mayo del 2005).
Los aportes del Estado costarricense al capital del BCIE suman $55 millones, según una certificación del Banco Central solicitada por la CGR en julio 2008.
 

Algunos consultores son funcionarios de Chinchilla
•Entre las asesorías contratadas con los fondos entregados por el BCIE para desarrollar los proyectos “Fortalecimiento del liderazgo y los procesos de toma de decisiones en la Presidencia de la República de Costa Rica” y “Gobernabilidad y reforma del Estado como herramientas para el desarrollo”, se incluye la de la actriz Adriana (“Mimí”) Prado, ahora embajadora en El  Salvador. Ella aparece contratada de noviembre del 2006 a agosto del 2008, con una paga mensual de $4.000. El objeto de su asesoría: “mejorar y modernizar los procesos de comunicación política que se originan desde la Presidencia hacia la sociedad civil, la construcción de flujos de información y la innovación de nuevos canales de comunicación”.
•Sandra Pisk, actual ministra de Trabajo, fue contratada por $4000 mensuales, con el objeto de “suministrar insumos para la toma de decisiones, recomendar estrategias y contribuir a ampliar la comunicación entre el Gobierno y los sectores sociales, así como colaborar en las negociaciones necesarias para la implementación de proyectos prioritarios para el desarrollo del país”.
•Roberto Gallardo, actual ministro de Información, con un pago de $3000 mensuales fue contratado para “instaurar una estructura de apoyo presidencial, para el diagnóstico, formulación y ejecución de políticas estratégicas desde Casa Presidencial, que sirva como herramienta para brindar soporte e insumos al Presidente”.
•Rolando González, actual presidente ejecutivo del IDA y asesor del presidente legislativo Francisco Antonio Pacheco en la pasada administración, fue contratado por $1500 mensuales para brindar “apoyo estratégico a la Presidencia en el desarrollo y seguimiento del Consejo de Desarrollo Zona Norte-Norte”.
•Fabián Volio, quien ha fungido como asesor legal del Gobierno en casos como el de la mina Las Crucitas y el conflicto sindical en JAPDEVA, entre otros, fue contratado por $1500 mensuales para “reforzar la capacidad de conducción y planificación del Poder Ejecutivo sobre el aparato público estatal, mediante la adopción de acciones que tiendan al fortalecimiento de las rectorías sectoriales en el Poder Ejecutivo”.
•Alfredo Ortuño, actual embajador en Italia, era el representante de Costa Rica en el BCIE cuando se realizaron las contrataciones. También fue donante y tesorero de la campaña que llevó a la presidencia a Óscar Arias en el 2006.
 

 
Hallazgos de la Contraloría
Entre las anomalías anotadas por los investigadores de la CGR están las siguientes:
-El Ministerio de la Presidencia (MP) manejó de manera muy informal el proceso de selección de consultores, pues consideró que el responsable directo era el BCIE. El Ministro de la Presidencia informó al órgano contralor que no se establecieron formalmente los perfiles requeridos de los consultores por recomendar ante el BCIE, para su contratación.
Efecto de ello, es que se pudo haber contratado profesionales que no reunían los requisitos mínimos esperados o necesarios, para atender las necesidades del Ministerio, y hubo un debilitamiento del sistema de control interno en todo el proceso de selección y recomendación de los consultores.
-Los términos de referencia para la contratación en realidad eran ofertas de servicios que presentaron los consultores; en la mayoría no decían claramente cuáles eran los productos tangibles e intangibles que se esperaban del consultor, fechas exactas de entrega de estos productos, forma específica en que se esperaba que el consultor brindara sus servicios, condiciones de recursos físicos y financieros  que el consultor debía suplir, y las que el MP debía proveerle para el desarrollo de su trabajo, de forma tal que permitiera garantizar el fin público de la consultoría, así como una rendición de cuentas efectiva y evaluación de resultados.
-Como resultado, no es posible conocer con claridad cuáles eran los productos reales que se esperaban de la consultoría. Además, no fue posible establecer eventuales incumplimientos de los consultores, pues no había fechas establecidas de entrega, ni condiciones mínimas que debían presentar los consultores.
-En el 93% de los procesos de servicios de consultoría, y adquisición de bienes y servicios, el MP solicitó que la primera o segunda contratación de los proveedores o las prórrogas de contratación de los consultores se efectuara a partir de fechas anteriores a la solicitud tramitada por ese Ministerio; es decir, en forma retroactiva, lo que hace suponer que los consultores iniciaron sus funciones de previo a que ese Ministerio enviara al BCIE el oficio mediante el cual recomendaba la respectiva contratación o prórroga.
-El MP indicó que dada las importantes necesidades que tenía ese Ministerio de contar con los servicios profesionales contratados -por la coyuntura en que se encontraba el país- en asuntos relacionados con el TLC con Estados Unidos y otros, fue que dichos profesionales en algunos casos empezaron a ofrecer sus servicios sin contar con la aprobación del BCIE. Efecto: eventual responsabilidad extracontractual por actividades iniciadas sin aprobación previa del BCIE.
-Los informes mensuales preparados por los consultores se limitan básicamente a relatar las actividades realizadas, sin brindar elementos que permitan medir el cumplimiento de los objetivos.
– El Ministerio de la Presidencia no realizó evaluaciones formales del cumplimiento de los objetivos y alcances de los proyectos financiados con los recursos del BCIE.
-Según se desprende de la información suministrada a la CGR, el BCIE no elaboró contratos con los consultores, aspecto que si bien no era requisito para la eficacia contractual, sí era referente para la actuación de las partes ante un eventual incumplimiento. El Banco debió haber  definido una política específica de contratación para esa modalidad de ejecución, tal y como existe para las cooperaciones financieras reembolsables, la cual ha sido utilizada y aplicada en forma supletoria para otras cooperaciones no reembolsables.
-El MP debió haber seguido un procedimiento formal para el establecimiento de requisitos y de las consultorías por contratar, el cual debía contemplar al menos quiénes eran los participantes en ese procedimiento, qué funciones le corresponden a cada uno de ellos, y si efectivamente se estaba ante la necesidad y la posibilidad de contratar esos servicios a través de las consultorías, de tal forma que le permitiera al MP contar con un mecanismo de control previo a la negociación, y que efectivamente esta viniera a cubrir una necesidad que no podía ser satisfecha con los recursos humanos de la institución y que lo contratado no corresponde a una actividad ordinaria propia de la institución.
 

 
Condiciones que se debían cumplir
-El convenio de cooperación firmado entre el Gobierno y el BCIE el 23 de octubre del 2006 dice que los fondos donados serán utilizados exclusivamente para financiar proyectos y programas del sector público de asistencia técnica y desarrollo económico social, que el beneficiario defina en concordancia con los planes estratégicos del BCIE (“cuyos ejes son el combate a la pobreza, la integración y la globalización”, puntualizó por su parte Nick Rischbieth, presidente en funciones del  Banco, en nota enviada a la contralora Rocío Aguilar, en respuesta a un requerimiento de información relacionada con el caso).
-Los desembolsos de los recursos se efectuarán de conformidad con el plan de inversión  y el cronograma de actividades que presente el beneficiario (el Gobierno de Costa Rica), los cuales se podrán hacer efectivos a las entidades gubernamentales encargadas de los programas o proyectos, o bien en forma directa a los proveedores de bienes y servicios, o a los beneficiarios de los recursos cuando así lo solicite el beneficiario para facilitar su ejecución.
En todo caso, la administración del Banco velará por que los recursos desembolsados  se destinen  a los propósitos establecidos en cada solicitud.
-Para cada proyecto o programa concluido el organismo ejecutor deberá presentar al BCIE un informe final del mismo, así como la respectiva liquidación de gastos de las actividades realizadas durante la vigencia del convenio.
-Además de las condiciones usualmente requeridas por el BCIE para este tipo de operaciones, el beneficiario deberá cumplir lo siguiente: ejecutar los proyectos o programas con diligencia y eficacia de acuerdo con prácticas sanas en el orden técnico y administrativo; presentar para aprobación del BCIE los términos de referencia para la contratación de los consultores cuando ello aplique; facilitar al BCIE la supervisión de los trabajos y la documentación administrativa, técnica y contable relacionada con el proyecto, programa o destino para eventual evaluación; presentar al BCIE informes trimestrales de la utilización de los recursos de esta cooperación, así como la respectiva liquidación de gastos o cargos a la gerencia general de la República de Costa Rica; entregar al BCIE para su aprobación el informe de terminación del proyecto conforme a las guías del Banco, a más tardar  tres meses después de la fecha de finalización del proyecto; cubrir con los propios recursos de otras fuentes, cualquier diferencial para atender el costo total de los proyectos o programas; y cumplir con los demás términos y condiciones previstos en el convenio de cooperación.