“Costa Rica se está acercando a una situación similar a la de Colombia, en la que hace año y medio se declaró emergencia social y sanitaria, por los gastos médicos”, afirmó el Dr. Xavier Seuba Hernández, profesor español de derecho internacional público de la Universidad Pompeu Fabra, en su más reciente visita al país para dictar conferencia en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Lo anterior lo dijo por la carencia de una regulación clara en materia de precios de medicamentos, lo cual ha llevado a Costa Rica a pagar los precios más altos por medicamentos en la región.
El académico barcelonés impartió el 9 de marzo la conferencia “La regulación del medicamento a la luz de la protección de la salud”, organizada por el Centro Centroamericano de Población de la UCR.
Acerca de la falta de regulaciones claras sobre los precios de los fármacos, comentó que Costa Rica “probablemente se ha confiado al funcionamiento del mercado -y el mercado es totalmente atípico-, pensando que facilitaría la competencia”, puntualizó Seuba.
Según la Dirección de la Farmacoepidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el año pasado esta invirtió en la adquisición de vacunas y medicamentos cerca de ¢101 000 millones.
 
Aunado a esta insuficiencia reguladora, se suma lo peculiar del mercado costarricense, que junto con Cuba, es uno de los que brinda mayor acceso a la salud en la región; “se tiene un buen pagador y un buen comprador que es la Caja; hay una garantía de acceso universal a cualquier prestación.  Por otro lado, un pagador difuso que las personas no acaban de identificar”, agregó  Seuba.
En su opinión, este indefinido pagador tiene su raíz en el copago, en el cual los usuarios pagan una cantidad pequeña y fija por los servicios ofrecidos y los medicamentos consumidos -en este caso por la Caja Costarricense del Seguro Social- y “por lo tanto, el consumidor no tiene noción de lo que paga”.
 
MEDIDAS REGULATORIAS
Para el expositor, la adopción de medidas reguladoras en los precios de los medicamentos en el mercado nacional “pueden y deben de acogerse a corto plazo de manera urgente, para contener lo que paga en medicamentos”.
Entre las disposiciones que se podrían adoptar, Seuba recomienda medidas de control de precios, de control de protección a la propiedad intelectual, medicamentos paralelos y  la concesión de licencias obligatorias, con las cuales el fabricante puede seguir comerciando a los precios convenientes, pero el Gobierno puede comerciar con otros.
Durante este proceso de adopción de medidas, Seuba hace énfasis en que se debe de pensar en el consumidor ante todo. Hay que asegurar que adquiera medicamentos seguros, de calidad y eficaces. “No solo es el amparo, sino gestionar la salud”, añadió.
Para trazar un plan regulatorio, el experto considera que se deben tomar en cuenta distintos actores nacionales e internacionales. En el país, resaltan el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos -que de acuerdo con la Ley General de Salud (No. 5395) son los principales entes reguladores en la materia- y la CCSS.
Pero, más allá de las instituciones oficiales, Seuba destacó el papel que jugaría la sociedad civil y las universidades públicas. “La academia cumple un rol importante; acá en la UCR hay una escuela de salud pública que tiene muchos conocimientos en estos ámbitos y que también debería de ser un actor relevante”, instó.
En el ámbito internacional, hizo ver que principalmente las transnacionales y empresas fabricantes, así como las distribuidoras de los medicamentos, entran a ser actores importantes. De la misma manera, están los organismos internacionales –Organización Mundial de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-, que podrían brindar asesoría al país.
Respecto al tema de los tratados del libre comercio y la apertura comercial, Seuba tiene sus reservas sobre qué tanto beneficio significan para el acceso a la salud y los medicamentos. “Afectan de manera negativa; lo que hacen es restringir la competencia. Restringe el acceso a competidores, se equilibran los intereses de los consumidores y propietarios”, expresó.
Al hacer un llamado a la urgente regulación, el español insistió en la importancia de un proceso de la adopción de medidas reguladoras de  precios de medicamentos, que vele por mantener su acceso y la salud de los usuarios.