En La Prensa Libre del 21/03/2011: “El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, reiteró… la necesidad de aprobar… la nueva Ley General de Electricidad… «Tenemos la fortuna de poder aprobar una nueva ley… que empuje más la inversión privada sobre todo en energía renovable».
El exgobernante considera que «este es el momento para crear conciencia en nuestros diputados de la urgencia que tenemos los costarricenses, porque estamos quemando petróleo y eso es injustificable… tenemos la solución al lado nuestro, que es aprobar una ley y estimular más la inversión privada, tanto nacional como extranjera».
Apenas dos días antes, en total contradicción con tales afirmaciones, informaba el experto Armando Vieira de Carvalho (La República del 19/03/2011), del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en una conferencia organizada por el Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami, que: “Brasil y Costa Rica están a la cabeza de los países con los índices de producción de energía renovable más altos. Incluso alcanzan hasta tres veces el promedio mundial”.
No hay donde perderse, o se trata de la más incomprensible desinformación del Sr. Arias o de la continuación de la campaña que inició en su segundo gobierno para abrir totalmente (privatizar), también los servicios eléctricos del país.
Me inclino por lo segundo, y claro, como ha quedado demostrado hasta la saciedad con la campaña del Referéndum, el Memorando del Miedo y los Cables de Wikileaks, la mentira y el miedo han sido las mejores armas para aprobar los proyectos de interés de la mayoría de los políticos durante los últimos 25 años.
El país consume el 95% de la energía eléctrica producida con fuentes renovables. Un 5% lo suple con plantas a base de petróleo durante el verano, cuando se hace necesario sustituir parte de la generación hidroeléctrica, dado que merman naturalmente los caudales de los ríos.
Suplir ese 5% con fuentes renovables no es de sabios, pues es más económico hacerlo con petróleo (para suplir los “picos” durante uno o dos meses), que construir una planta hidroeléctrica equivalente a Garabito, pero con una inversión muchas veces mayor, para tenerla 10 u 11 meses botando agua.
Se podría exportar la energía sobrante, pero la ofreceríamos exactamente cuando los demás países –también-, menos la requieran, y en todo caso, difícilmente un comprador aceptaría un contrato solo por el tiempo en que precisamente a todos les sobra.
De modo que abrir el mercado, cambiar el modelo de desarrollo del país, mermar la capacidad constructiva del ICE, para entregar los proyectos a la empresa privada (como se hizo con Millicom, Riteve, Consorcio Portuario Caldera, Alterra, Autopistas del Sol, Autopistas del Valle, Telmex y Telefónica), es continuar por la senda de entregar el país al capital extranjero, sin que sea necesario.
El país necesita suplir un crecimiento eléctrico del 5 o 6% anual; para eso son necesarios -imprescindibles-, los proyectos de Pirrís, Diquís, Reventazón, etc., ya en proceso por el ICE, aunque las mismas fuerzas privatizadoras pretenden hoy entregarlos también.
Los Fondos de Pensiones de los costarricenses bien podrían financiar tales obras, generando riqueza para el país, sin necesidad de cambiar un modelo que ha producido la mejor cobertura, la mejor calidad y los mejores precios de Latinoamérica.