En un foro sobre vacunas —organizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y la Academia Nacional de Medicina, y llevado a cabo el pasado miércoles 15 de junio—, se cuestionaron políticas públicas entorno a la inclusión y universalización de distintas vacunas.
La ministra de Salud, María Luisa Ávila, y el médico y directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Agustín Páez, fueron los expositores invitados.
Páez señaló el considerable incremento del gasto público en vacunación, el cual pasó de $3.2 millones en el 2007 a $10 millones en el 2010 –aproximadamente-, aumento que para este año se perfila que sea de más de $16 millones.
Según el directivo de la CSSS, si bien estos gastos son importantes en la política de medicamentos, han sido cubiertos por la Caja y el incremento consume parte importante de su   presupuesto. Agregó que esta inversión, según la Procuraduría General de la República, le corresponde al Ministerio de Salud, o bien, al Gobierno mediante la designación de un presupuesto específico.
 
 

Páez fue enfático al resaltar la ausencia de estudios sobre el costo-beneficio de incluir vacunas en la lista general de vacunas, así como la universalización de algunas de estas. En específico se refirió al caso del neumococo y del virus del papiloma humano, vacunas que se universalizaron sin los estudios técnicos que sustentaran la decisión, sin considerar las repercusiones económicas y sin que existiera un acuerdo claro al respecto.
Otro ejemplo fue la vacuna del rotavirus, incluida en la lista oficial de vacunas mediante un decreto ejecutivo en setiembre del año pasado. El médico criticó, de igual manera, la ausencia de estudios técnicos, del costo-beneficio y de un acuerdo claro para la decisión de incluirla en la lista.
La vacuna contra la in influenza (gripe H1N1) fue otra de las cuestionadas por Páez, quien resaltó el conflicto de interés y ético, la ausencia de acuerdos válidos, así como la baja credibilidad de la población en una eventual pandemia. En su opinión, “el presupuesto de la Caja sufrió agudamente con el gasto en la pandemia”, pues calculó dicho gasto en más de ¢25.000  millones.
ACCIONES FUERA DEL MARCO LEGAL
De acuerdo con la normativa legal, la decisión en materia de vacunas para la reforma (inclusión en la lista oficial, así como la universalización de las mismas) recae en la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) -según lo establece la Ley Nacional de Vacunación número 8111-, y este órgano está integrado por representantes del Ministerio de Salud y la Caja, presididos por la jerarca de Salud.
En este sentido, Páez citó el informe Número DFOE-SOC-IF-53 de la Contraloría General de la República, donde el órgano fiscalizador dictaminó que “la decisión de la CNVE de incluir la vacuna contra el neumococo en el esquema básico de vacunación no contaba con estudios de costo-efectividad”, los cuales son requeridos por la ley 8111 en su artículo 8.
Al ahondar sobre ese documento, Páez citó lo dicho por la Contraloría, referido a “una débil coordinación técnica entre las autoridades de salud, fundamentalmente entre la CNVE y la CCSS, toda vez que la obligación que existía para esa Comisión de solicitar criterio técnico a la Caja para tomar decisiones”.
A los planteamientos presentados por Páez, se sumaron cuestionamientos hechos por parte de médicos presentes en el foro, en torno a la carencia de estudios técnicos, lo cual fue rebatido por la ministra Ávila, quien defendió sus decisiones basadas en la reducción del número de casos de las enfermedades, gracias a la inclusión y universalización de las vacunas ya referidas.
Del mismo modo, sobre los cuestionamientos a la CNVE, argumentó que “no se pueden delegar todas las decisiones en la materia, a una comisión que solo se reúne una vez al mes”.
Además, adujo que el tema de la vacunación es un tema complejo y que si bien, “son importantes los análisis, no podemos estar paralizados por estos y que por seguir procedimientos una decisión de salud pública se atrase”.
Frente a esta manifestación de la ministra, Páez llamó entonces a reformar los procedimientos o la estrategia para la toma de acciones. “Las decisiones tienen que estar muy bien fundamentadas, no se pueden tomar decisiones fuera de los marcos que están previamente establecidos, porque eso lo vamos a pagar todos”.