Intentar igualar las penas de menores de edad con las de las personas adultas empeoraría el proceso de reintegración de menores a la sociedad, así lo aseguraron expertos en materia penal durante la mesa redonda sobre las reformas a la justicia penal juvenil, el pasado 4 de agosto, organizada por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Esta mesa redonda es la tercera realizada en el marco de las “Primeras Jornadas de Reflexión: Seguridad y Estado Social de Derecho”,  y en esta ocasión tuvo la participación de Teresa Aguado, profesora de la Universidad de Sevilla; Carlos Tiffer, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR; y Javier Llobet, director de la maestría en Ciencias Penales de la UCR; y fue moderada por Henning Jensen, Vicerrector de Investigación de la UCR.
En la primera ponencia, la profesora Aguado indicó que las reformas a leyes que regulan las responsabilidades penales de menores deben tener una planificación clara y contar con reglamentos eficientes a la hora de ser aplicadas, según su experiencia con leyes similares implementadas en España desde el 2000.
La profesora insistió en que estas reformas deben ir de la mano a los principios de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña para garantizar una aplicación acorde con las características de la persona menor.
A la vez, desaprobó los centros de internamiento para menores que funcionan, a su criterio, como “gestores de pobreza y exclusión social” y demandó para que estas leyes para menores no se implementen como un “copia y pegue” de las leyes establecidas para delitos de adultos.
Aguado explicó que no es justo y hasta peligroso que menores pasen su juventud privados de libertad, ya que esta podría ser una medida contraproducente que agrava la situación delictiva de la persona menor y que no soluciona el contexto social que lo lleva a delinquir.
Además, criticó a la presidenta Laura Chinchilla, quien en su discurso durante las celebraciones del pasado 2 de agosto en Cartago apeló a la Virgen de los Ángeles para que arregle los problemas de violencia.
En su lugar, la llamó a invertir en políticas de prevención más que acudir a milagros de la Virgen, añadió.
LEY PENAL COSTARRICENSE NO ES TAN DÉBIL
Por su parte, Javier Llobet indicó que la actual Ley Penal Juvenil de Costa Rica no es tan débil como la han querido hacer ver, ya que esta contempla penas de hasta 15 años de cárcel para la persona menor de edad, lo cual es una condena muy alta.
Aunado a esto, la responsabilidad penal de menores, a partir de los 12 años, es muy temprana comparada con otros sistemas penales internacionales que establecen esta responsabilidad a partir de los 15 años, indicó.
Igualmente, Llobet reprochó las declaraciones dadas a los medios de comunicación por parte de políticos que estiman que las actuales leyes aplicadas para menores son “alcahuetas” y permisivas.
En esto coincidió Carlos Tiffer. Este, en su exposición, fue vehemente en desmentir que quienes están en contra de penas más fuertes, estén alcahueteando y colaborando con los jóvenes que delinquen.
Tiffer indicó que la mayoría de los hechos delictivos cometidos por menores rondan las edades de 16 a 18 años; por lo tanto, bajar el ámbito de edades es peligroso y es lo que provoca el hacinamiento de los centros penales para menores.
En su criterio, a la hora de reformar este tipo de leyes no debería perderse el objetivo de las leyes y espera que estas reformas sirvan para mejorar y no para empeorar la situación actual.
Llobet explicó que los costarricenses creen que han crecido los índices de delincuencia e inseguridad en el país; sin embargo, no toman en cuenta que en la sociedad también han aumentado los índices de exclusión social, abandono escolar y colegial, ausencia de perspectivas laborales y se han abandonado los principios de solidaridad, posibles causas de la problemática.
Ante lo anterior, estima que dar accesibilidad del apoyo familiar, la educación, el acompañamiento psicológico, las oportunidades de capacitación, salud y deporte son fundamentales para el tratamiento de las situaciones delictivas de menores.