Mientras el Ministerio de Educación dejó de gastar ¢14.871 millones en el 2010, muchas escuelas siguen esperando reparaciones y mejores en su infraestructura. (Foto: archivo)
El rechazo legislativo al informe sobre la gestión financiera del Gobierno en el 2010, que refleja  una subejecución de ¢257.000 millones, aleja aún más las posibilidades de aprobación para el proyecto de “Solidaridad Tributaria”, con que la Administración intenta paliar el déficit fiscal.
También pondrá cuesta arriba la aprobación del impuesto a las sociedades anónimas, con que  el Gobierno intenta inyectar recursos a la seguridad pública, así como la aprobación del presupuesto para el año próximo.
“Si el presupuesto no viene con indicadores de gestión y un planteamiento sobre ajustes y eficiencia en el gasto, el proyecto de solidaridad tributaria se va al carajo, no se va a aprobar”, dijo tajantemente el diputado Víctor Hernández –del Partido Acción Ciudadana (PAC)-, integrante de la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
“No podemos ser cómplices de esta situación, si el presupuesto (de 2012) viene con estas deficiencias que se han señalado, ¿cómo vamos a aprobarlo para seguir en lo mismo?”, dijo el legislador a este Semanario.
El jefe de bancada del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Luis Fishman, señaló por su parte que habría que introducir “infinidad de cambios y revisiones” al proyecto tributario presentado por el Ministerio de Hacienda, para que su partido los respalde. “Los planteamientos se los hicimos hace diez meses y no hemos recibido respuesta”, recordó.
Similares inquietudes han expresado los diputados del Movimiento Libertario, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y del Frente Amplio. Las cinco agrupaciones políticas conforman la Alianza por Costa Rica, que se constituyó en mayo pasado para tomar el control del directorio legislativo.
GASTO SOCIAL
Una de las preocupaciones que manifiestan diversos sectores políticos, es que buena parte del gasto no ejecutado corresponde a instituciones encargadas de prestar servicios (ver recuadro).
Por ejemplo, el ministerio de Educación dejó de gastar ¢14.817 millones, a costa de un buen número de escuelas que carecen de infraestructura adecuada o de pupitres.
El ministro de Seguridad Pública argumenta que no se puede garantizar de mejor manera la seguridad ciudadana porque faltan radiopatrullas y otros instrumentos para facilitar el trabajo a las autoridades, pero en esa cartera se dejaron de ejecutar ¢16.486 millones.
“Hay grandes necesidades en vivienda, pero no se traslada al BANVHI los recursos que la ley establece que se le deben girar, de los fondos de la ley de protección al trabajador”, apuntó Hernández.
Tampoco se traslada el 15% de las utilidades de las empresas estatales al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), como está establecido”, pese a que existe un peligro inminente de que el régimen de pensiones de la mayoría de los costarricenses entre en insolvencia financiera dentro de pocos años.
La CCSS sufre de un déficit presupuestario de ¢95.000 millones, pero el Gobierno le paga con bonos que tiene que ir a negociar a la calle, con un costo financiero importante, criticó  el legislador.
¿INEFICIENCIA O ALGO MÁS?
¿Por qué el Gobierno pide más recursos y a la vez deja de ejecutar ¢257.000 millones del presupuesto del 2010, una cifra que representa el 50% de lo que pretende recabar con el llamado proyecto de solidaridad tributaria?, se preguntan los opositores.
“El meollo está en la descoordinación que existe entre el Ministerio de Planificación y el de Hacienda.  Al Ministerio de Planificación le corresponde hacer el plan de desarrollo para Costa Rica y al de Hacienda hacer los presupuestos, pero entre ellos no se conversan”, se respondió el diputado Hernández.
Por otra parte, a las instituciones no se les obliga a elaborar “indicadores de gestión”, que son instrumentos esenciales para medir el cumplimiento de las metas en relación con la ejecución de los gastos, añadió.
Pero también existe la sospecha de que una parte de esos recursos que nunca se ejecutan para lo que fueron presupuestados, pasan a formar parte de un fondo que los jerarcas de las instituciones utilizan de manera un tanto discrecional y no siempre para cumplir los objetivos institucionales.
“Hay allí una matráfula, porque esos recursos muchas veces se utilizan en la financiación de viajes o en la contratación de consultorías innecesarias, para favorecer a los amigos o para pagar favores políticos”, señaló Hernández.
Según Fishman, hay una tendencia preocupante en el gasto del Gobierno, que es necesario entrar a analizar a fondo: de 2006 a la fecha, los gastos por consultorías pasaron de ¢50.000 millones a ¢500.000 millones anuales. “Se trata prácticamente de una planilla paralela”,  que pone mucha presión sobre los recursos públicos, advirtió.
Hay otros problemas que están incidiendo de manera importante en el déficit fiscal y el Gobierno no ha tomado medidas para enfrentarlos de manera coherente, según dicen los opositores. Uno de ellos es el sistema de compras descentralizado que funciona en las instituciones públicas que, según informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  le ocasionan al país pérdidas cercanas a los $460 millones anuales.
Si el Gobierno se empeña en resolver todas estas situaciones y aún se demuestra la necesidad de nuevos impuestos, “entonces buscaríamos la manera de aprobar impuestos progresivos y no regresivos, como el que pretende imponer el Ministerio de Hacienda con el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, puntualizó Fishman.
¿DEUDAS?
Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, ha salido en defensa de la Administración argumentando que el presupuesto es “una autorización de gasto y no una obligación de gasto”.
“Desgraciadamente, el país no recauda lo suficiente para gastar en todas sus necesidades. Por lo que un presupuesto de la República se encuentra constituido por ingresos corrientes del Estado y por préstamos o bonos, tal y como vamos a hacerlo ahora en el de 2011”, expresó el Ministro en una reciente conferencia de prensa.
De acuerdo con Benavides, es normal que se deje de ejecutar una parte del presupuesto, sobre todo cuando hay problemas financieros. Además, una parte de lo no gastado corresponde a deudas pendientes de pago.
Sin embargo, el diputado Hernández considera que eso de las deudas “es un cuento chino”, pues no hay ninguna justificación para que se acumulen deudas cuando existe un presupuesto destinado a esos pagos.
 

 
¿Influye la subejecución en el déficit fiscal?
La pregunta ¿influye la subejecución en el déficit fiscal? se le formuló al economista Helio Fallas, exministro de Planificación y de Vivienda en administraciones anteriores.
Fallas considera que éste es un tema complejo, porque es necesario elaborar un análisis a fondo de los gastos que se han dejado de ejecutar.
“Cuando se reduce el gasto por vía de subejecución se puede hacer de dos maneras: bajando gastos de operación o disminuyendo inversiones, pero no necesariamente bajar el gasto implica una reducción del déficit fiscal”, aclaró el economista.
“Hay que tomar en cuenta que el déficit fiscal es una relación entre ingresos, gastos y Producto Interno Bruto (PIB). Si el PIB no se afecta por la subejecución, entonces sí puede haber una disminución del déficit. Pero resulta que cuando se baja el gasto, generalmente el PIB termina afectándose”, explicó.
Puede suceder que si el gobierno tiene menos gastos operativos, se reduzca la capacidad de consumo de la gente y, por tanto, puede reducirse el PIB, con lo que se afecta el porcentaje del déficit. También puede ocurrir si se reduce la inversión, porque se afectará la actividad económica en general.
El problema de la administración Chinchilla, opina Fallas, es que gobierno de Óscar Arias  “se gastó toda la plata” y generó un déficit muy grande, ante el cual las soluciones son complejas no solo en el campo económico, sino también en lo político.
 

 
Montos  subejecutados en varios ministerios del sector social
Educación                   ¢14.817 millones
Seguridad                   ¢16.486 millones
Transportes               ¢14.738 millones
Justicia                        ¢3.865 millones
Ambiente                   ¢2.371 millones
Salud                          ¢6.533  millones