El proyecto de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica que dictaminó la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, está diseñado “a gusto” de los institutos privados de investigación y transnacionales que se dedican a la investigación, dejando por fuera el interés público.
Así lo denunciaron a UNIVERSIDAD las diputadas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Rita Chaves, y María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes afirman que hubo presiones indirectas a los diputados para imponer la lógica comercial en la investigación biomédica que realice el país.
Para representantes de institutos privados que realizan investigación biomédica en el país, el proyecto dictaminado responde a los estándares internacionales en este campo, y no es cierto que se quiera debilitar el trabajo que hacen entidades como las universidades estatales.
“NO SE ESTÁ MURIENDO LA GENTE”
La diputada María Eugenia Venegas asegura que representantes de institutos privados y empresas transnacionales han acompañado muy de cerca el proceso de diseño y dictamen de la ley, al cual también le han apresurado el paso.
Venegas negó que ella en particular haya recibido presiones directas por sus posiciones alrededor de este proyecto, pero señaló que los más interesados en que la ley salga con una lógica comercial, son los mismos que han salido a la luz pública a decir que “la gente se está muriendo” sin investigación.
“Que no nos metan cuento que se está muriendo la gente. Hemos tramitado lo más rápido, pero no puedo firmar  una ley “light” que desconoce las observaciones de la Contraloría y de la Universidad de Costa Rica (UCR) que mucha escuela ha dado a tantos profesionales hoy vinculados con la industria farmacéutica,  así como desconocer los asuntos medulares que señaló la Sala Constitucional”, expresó la diputada.
Venegas ha señalado como problemas de esta ley, la falta de independencia que tendrá el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) y de los Comités Éticos Científicos (CEC), que no se garantice la continuidad del tratamiento a las personas que participan de un experimento y el cobro de aranceles a las universidades cuando realizan investigación con su presupuesto, entre otros aspectos.
Aseguró que los intereses privados ven en sus señalamientos un problema, pues “están urgidos” de reiniciar sus investigaciones, por lo que muchos de estos investigadores estuvieron “muy presentes”  durante la discusión.
“Se mocionó para que vinieran en su amplia mayoría gente interesada. Se consultó a Arguedas Mohs, a Guillermo Rodríguez, a Elías Soley, y no es que esté mal, pues tienen derecho como cualquiera; pero nos hubiese gustado tener a más investigadores de la UCR, de la UNA, del TEC y sectores de la población que pudiesen opinar sobre esto”, comentó.
Para la legisladora, una de las mayores preocupaciones tiene que ver con que no se garantice un fondo para investigar los problemas de salud de Costa Rica, ya que  afirma que muchas transnacionales solo utilizan al país para ocuparse de problemas que existen en los países desarrollados.
“Hay investigadores que lo han dicho, América Latina se convierte en un “paraíso” para los experimentos con medicamentos, porque es más barato conseguir la gente para someterla a estos procesos”, apuntó.
Por su parte, la diputada del PASE, Rita Chaves, afirmó que está investigando la injerencia de los centros privados en el diseño de la ley, al considerar que hubo “actitudes sospechosas” durante la discusión del proyecto.
Para Chaves es evidente que lo más importante en el proyecto resultante fue el interés comercial, y citó como ejemplo que no se haya querido garantizar un adecuado “consentimiento informado” en las investigaciones cuando participen personas con discapacidad e indígenas, que requieran la información en su propio idioma.
Chaves afirma que tampoco recibió presiones directas de sectores interesados, pero sí cree que se les trató de presionar indirectamente con mensajes en los medios de comunicación.
 

Adriano Arguedas, IPED:
“El proyecto se apega a la regulación mundial”
El director del Instituto de Atención Pediátrica (IPED), Adriano Arguedas, aseguró a UNIVERSIDAD que el proyecto que ahora será conocido por el plenario legislativo, cumple con todos los requerimientos internacionales, y no perjudica la investigación en las universidades.
Arguedas fue uno de los consultados por la comisión sobre este proyecto de ley, por su experiencia en el campo de la investigación. El IPED fue seleccionado por la farmacéutica suiza Novartis en el 2009 para realizar uno de los ensayos de vacuna para la gripe AH1N1 en el país.
“El proyecto de ley 17.777 aprobado por unanimidad, se apega en todo sentido a la regulación mundial en investigación biomédica en seres humanos, regulación que marca las pautas de trabajo emitidas por organismos a nivel mundial como la FDA de los Estados Unidos, la EMA de Europa y las Guías para la Buena Práctica Clínica de la Organización Mundial de la Salud”, argumentó.
Este infectólogo rechazó que el CONIS vaya a tener problemas de injerencia política, pues si bien está adscrito al Ministerio de Salud, es en calidad de órgano de desconcentración máxima, y negó que a este órgano le corresponda la aprobación de los proyectos de investigación.
“Además, en el  Oficio R-7786-2010  firmado por Yamileth  González, rectora de la UCR, se recomienda a la Comisión de Sociales que los miembros del CONIS  sean nombrados por las instituciones a las que representan y no por el Ministerio. Esta recomendación de la UCR fue acogida por la Comisión de Sociales e incorporada en el Artículo 35”, respondió.
En el tema de la continuidad del tratamiento a personas que se someten a la prueba de un medicamento, indicó que sí se garantiza la obligación del patrocinador a proveer de forma gratuita el producto -si con criterio médico se determina que es beneficioso para la persona-, esto es una norma mundial.
También rechazó que este proyecto responda a la lógica comercial y perjudicará a las universidades estatales con el cobro de un canon por investigar e indicó que en el proyecto se establecieron las salvaguardas necesarias.
Específicamente el articulo número 58 del proyecto de ley exime del pago del canon que el Ministerio de Salud aplicaría a los estudios con financiamiento privado a todos aquellos proyectos presentados por estudiantes universitarios, investigaciones sin patrocinio, e investigaciones de interés público”, alegó.
“Es más, el artículo 57 estipula que con el canos del 3% del presupuesto que se va a recaudar producto de los estudios con patrocinio externo, se van a financiar estudios de interés nacional, como podrían ser la mayoría de los estudios que se hacen a nivel de las universidades públicas del país”, añadió.
Arguedas también rechazó la afirmación de que el proyecto ha tenido un “trámite rápido” por presión de los sectores interesados, pues argumenta que el proyecto 17.777 es producto de discusiones que tienen ya 11 años en el país.
“Fue presentado a la Comisión de Sociales en forma consolidada hace cerca de un año y 6 meses y toma como base proyectos anteriores, y las mejoras que a éstos incorporó el  CENDEISS-CCSS”, explicó.
Arguedas recordó que el proyecto fue votado de manera unánime en la Comisión, incluyendo el voto de la diputada Venegas, y reiteró la urgencia de que esta legislación sea aprobada.
“Me parece que el proyecto se ha estado tramitando de acuerdo a la urgencia del mismo, urgencia que reclaman los enfermos y sus familias que ven en estos proyectos de investigación una oportunidad para mejorar su calidad de vida o eliminar alguna enfermedad que los está afectando”, expresó.
UNIVERSIDAD quiso conocer el criterio del director del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICICSA), Guillermo Rodríguez, pero al cierre de esta edición no se recibieron las respuestas a las consultas enviadas.