La alianza PLUSC inició la bancarrota de la CCSS desde la década de 1970, cuando prometieron recursos a la institución a cambio de que la entidad aseguradora aceptara el traslado de cuantiosos gastos. Hicieron lo último e incumplieron, obviamente, lo primero. Veamos, con hechos, qué ocasionó este injerencismo politiquero en las finanzas de la Caja en 2010.
Seguro de salud por cuenta del Estado: Con la ley 5349 trasladaron a la Caja la obligación de asistir médicamente a la población en situación de pobreza. Indica esta ley  que de producirse algún déficit, el Estado -la sociedad- lo asumirá. En el año 2010 la Caja invirtió en ellos ¢147.000 millones, pero las células cancerígenas solo le permitieron cobrar ¢54.000 millones, para recibir ¢2000 millones, un faltante de ¢145.000 millones.
Seguro de salud de los pensionados: La Ley 5905 creó la obligación a la Caja de dar atención médica a los pensionados, con la promesa de que el Estado asumiría el déficit. El costo en el 2010 de este seguro fue de ¢232.000 millones, la CCSS recaudó ¢106.000 millones y este enorme cáncer creado a la CCSS “leguyeramente” escondió el déficit de ¢126.000 millones.
Seguro de salud de los trabajadores independientes y por convenio: Las pluscianas establecieron una cuota para este seguro de 11,25% sobre el ingreso que sus miembros declaren.  Pero estos asegurados usualmente declaran la mitad de sus ingresos, con lo cual la pluscicuota se reduce a un 5,63%.  Cerca de la mitad de ésta es por cuenta del Estado, por lo que tiende a reducirse aún más. En el año 2010 la Caja solo recaudó ¢50.000 millones, gastó ¢162.000 millones y perdió ¢112.000 millones. No es necesario ser instruido para darse cuenta que este modelo no funciona, pero es parte de la estrategia para privatizar los servicios de salud.
Población no asegurada: Así le llaman a la población que recibe prestaciones médicas gratuitas teniendo recursos para pagar; estas personas no pagan porque no les cobran o porque el modelo de cobro que les aplican no funciona; al PLUSC no le interesa cobrar sobre el consumo, ni obligar a estas personas a pagar, como parte de la maniobra para quebrar completamente a la Caja y pasarle el negocio a la empresa privada.  En el año 2010 la Caja gastó ¢190.000 millones en esta población y recuperó ¢15.000 millones, perdiendo ¢175.000 millones.
Seguro de salud de los trabajadores asalariados: para este seguro las pluscianas acordaron un aporte del 15% sobre el salario, lo que en el año 2010 produjo a la Caja ingresos de ¢884.000 millones, suficientes para cancelar sus propios gastos de ¢494.000 millones y producir un excedente de ¢390.000 millones, el cual lo utilizaron para sufragar el déficit de ¢558.000 millones de los otros regímenes de salud que se indicaron anteriormente, faltando aún ¢168.000 millones, que se liquidaron con deuda estatal, intereses y reservas.
Como si esto fuera poco, con ley 7374 de 1993 -para cumplir órdenes del Banco Mundial- iniciaron el traslado a la CCSS de los programas de salud preventiva, con la promesa de que cubrirían los nuevos gastos. Transcurridos 18 años  las pluscianas ignoran el costo; el PLUSC obviamente incumplió la promesa, no pagaron un centavo de la deuda financiera, política y moral asumida. La deuda la tenemos en especie: la calidad de los servicios de salud se deteriora cada día más, lo cual es óptimo en la estrategia del PLUSC y el Banco Mundial para desnaturalizar a la Caja.
Moraleja: para resolver la crisis de la Caja primero hay que extraerle de raíz el tumor.