El Consejo Nacional de Producción (CNP) se enfrenta a una situación cada vez más delicada, pues sus bases están débiles, y a pesar de ser el ente encargado de la estrategia nacional en materia de seguridad alimentaria, diversos sectores denuncian que en lugar de fortalecerlo lo desmantelan poco a poco, aunado a que no tiene liquidez financiera, las instituciones no le contratan los alimentos y no tiene recursos para pagar a los proveedores.
Esto lo confirmó Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, quien hizo hincapié en que hay acciones para disminuirlo, hubo intentos de vender el edificio central, hay una disminución en funciones estratégicas  que han sido trasladadas a otras instituciones y la política se ha orientado a su debilitamiento.
En un pasado el CNP tenía a su cargo el almacenamiento de granos; no obstante, hoy la infraestructura está deteriorada y  esa función fue abandonada.
 Por otra parte, el sentido institucional como estabilizadora de precios también se vino abajo, ya que la tendencia es ir hacia la apertura de precios y la no intervención del Estado en esa regulación.
“Otro tema que no se está cumpliendo es el Programa de Abastecimiento Institucional, que por ley debe darse con base en la producción nacional; sin embargo, por lo que entiendo no se está cumpliendo a cabalidad, y más bien las instituciones públicas están trabajando con proveedores privados en lugar de trabajar con el CNP como establece la ley”, detalló Arauz.
En su criterio, esto ha minado la función del CNP y la ven como una institución que pertenece a un paradigma superado, aunque piensa que el enfoque debió estar orientado a fortalecerla, para responder a los nuevos paradigmas del entorno internacional en seguridad alimentaria.
“Todos los gobiernos de países desarrollados tienen protegida su producción local de alimentos, por lo que uno se pregunta: ¿cuándo empezaremos a actuar como una nación desarrollada en el tema de alimentos?”, cuestionó el decano.
RECURSOS INSUFICIENTES
El principal problema que enfrenta el CNP es financiero, dado que existe una falta de liquidez, la institución no tiene los ingresos suficientes para cubrir las planillas y gastos operativos, además de no contar con entradas de dinero fijas, aparte de lo que le traslada la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).
“Las ventas de FANAL han caído por diferentes circunstancias y el ingreso que percibimos de la entidad no cuenta. También tenemos el Programa de Abastecimiento Institucional, pero igual los ingresos no son suficientes”, argumentó Percy Marín, del sindicato del CNP.
Según el dirigente sindical y empleado del CNP, no hay recursos para hacer frente a los proveedores que son quienes suministran los productos que adquieren las instituciones públicas, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, los hospitales, juntas de educación, entre otros; además del atraso en el pago de otros proveedores.
Por otra parte, la ley obliga a las instituciones gubernamentales y entes públicos, a proveerse de suministros con el Consejo de Producción; pero, interpretaciones de la Contraloría General de la República afirman que no es así.
“La Contraloría les permite a las entidades estatales realizar licitaciones públicas, en las cuales debe participar el CNP para colocar los productos de los pequeños y medianos productores nacionales, pero la realidad es que el Consejo no debería participar en estos concursos, sino que las instituciones están obligadas a comprarle”, reclamó Marín.
Para el funcionario, el proceso de modernización que impulsan las autoridades lo que busca es reducir la planilla, y no cuentan con estudios técnicos concretos y objetivos que demuestren que con el personal que quedaría se cubrirán los mandatos de la ley.
Otra problemática que enfrenta el CNP es el deterioro de sus plantas de almacenamiento, sumado a que se ha dado espacio a la importación de alimentos a precios más bajos, sin pensar en que el productor nacional puede cubrir la demanda.
Marín considera que esto no soluciona el problema de fondo, y que, por el contrario, la entidad debe buscar las alternativas para fortalecer a las pymes agrícolas, crear riqueza y generar empleo en las zonas rurales.
Una alternativa, analizó el dirigente, es fortalecer a la Fábrica Nacional de Licores, quitándole los impuestos que gravan sus ventas, pues la cantidad de tributos que debe cubrir agrava su situación; con eso se bajaría el costo del producto y se podrían atender los gastos operativos y de atención.
“Los productos de FANAL son de la más alta calidad, y si aplicamos la exención de impuestos que tiene el CNP a la fábrica, se podría dotar de más recursos a la entidad. El Gobierno debe dotar al Consejo de un ingreso fijo, pues es un bastión fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país”, indicó Marín.
El CNP es una institución con un mercado de unos ¢100.000 millones, y el año pasado con el programa de abastecimiento apenas se colocaron cerca de ¢15.000 millones.
“Si pudiéramos vender a las juntas de educación y otras instituciones, habría más oportunidades; pero, a la fecha éstos son abastecidos por comerciantes privados y no se sabe la calidad de sus productos”, mencionó Marín.
UNIVERSIDAD consultó con la oficina del CNP sobre las problemáticas que enfrenta la entidad; sin embargo, a la fecha de cierre no tuvimos respuesta, a pesar de que se  solicitaron las preguntas por correo electrónico.

FANAL en riesgo
De acuerdo con Miguel Zúñiga, del sindicato de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) -ente adscrito al CNP-, la empresa está siendo desmantelada bajo un manto de modernización, como dijo el dirigente.
Lo anterior, mediante una fundición que pretende hacer la Gerencia General en las áreas administrativas y financieras de ambas entidades.
“Esto traerá el despido de unos 100 empleados, cerca del 50% del personal de la FANAL. Este desmantelamiento roza con la legalidad, pues la Ley Orgánica del CNP en su artículo 50, establece que la fábrica es una unidad adscrita, que debe tener sus propios medios y su administración independiente”, recordó Zúñiga.
El dirigente explicó que en el pasado la Dirección de Asuntos Jurídicos del CNP emitió un pronunciamiento, en el cual afirmaba que no podía fusionarse el Consejo con la FANAL, y actualmente la ley que los rige continúa siendo la misma. “Desgraciadamente la Administración no ha querido entender razones y el Ministerio de Planificación aprobó esta unificación”, criticó.
“La fábrica como toda empresa con un giro operativo completo, requiere de su gerencia, departamentos financiero, recursos humanos y demás. Ellos mantienen que hay dualidad de funciones, pero son dos cosas distintas; el CNP debe velar por la seguridad alimentaria del país y la FANAL es una industria licorera”, argumentó.
La FANAL produce actualmente todo el alcohol para el consumo del país, el cual utiliza el sistema hospitalario nacional y lo vende al costo, lo que no haría ninguna industria privada. También lo produce para la industria licorera privada del país, además de sus productos, como el Guaro Cacique, Ron Magallanes, Centenario, Marqués de Talamanca, Ron Viejo Especial, Vodka Zar y licores para aperitivos.
“Actualmente la fábrica le traslada la mitad de sus ventas brutas al CNP para que financie sus funciones; este dinero se pasa mes a mes a la entidad; pero lo cierto es que la voluntad política es para desmantelar, tanto a FANAL como al CNP, y lo cierto es que la mejor forma de hacerlo, es asfixiar financieramente a ambas empresas”, reprochó Zúñiga.