Es sumamente grave lo que ocurre en la UCR. La administración, encabezada por la rectora Yamileth González, viene profundizando un alarmante curso autoritario. El último capítulo en esa dirección es la fulminante destitución del Vicerrector de Investigación, Henning Jensen, comunicada el 12 de octubre. Argumenta la rectora  “falta de lealtad” del Sr. Jensen.  La supuesta falta del destituido Vicerrector  consiste en manifestar sus serias preocupaciones sobre las “negociaciones” con el Banco Mundial y el Gobierno, referidas al empréstito de 200 millones de dólares para las universidades  públicas. Jensen, lejos de atacar a la señora rectora, no hizo más que  alertar, con argumentos acertados y precisos, que los condicionamientos de ese empréstito son perjudiciales y violatorios de la autonomía universitaria. Así las cosas, atenta la rectora de manera flagrante contra principios esenciales de la vida universitaria: las libertades de pensamiento y de cátedra, consagradas en el Estatuto Orgánico de la UCR.
Para colmos, la destitución de Jensen ocurre poco tiempo después de que se hiciera público lo que desde hace tiempo se difundía entre corrillos: que Jensen es candidato para las elecciones de rectoría, adversando en esa disputa electoral al actual Vicerrector de Administración, Héctor González, quien cuenta con el favor del “oficialismo”, tal como es un secreto a voces en el seno de la comunidad universitaria. De tal modo, la represalia de la rectora adquiere ribetes aún más graves.
 
Es oportuno también destacar que este nuevo acto autoritario, es precedido por otros del mismo talante.  Nos referimos a los siguientes:
1.- La firma entre CONARE y los ministros de Gobierno del V Convenio para el Fondo Especial para la Educación Especial (FEES), en la madrugada del  26 de agosto del 2010, a espaldas de la comunidad universitaria y burlando el acuerdo previo, formal y público, suscrito entre las rectorías, consejos universitarios, federaciones estudiantiles y sindicatos de las cuatro universidades públicas, en demanda de un 13 % de crecimiento real para el quinquenio 2011-2015.
2.-Posteriormente, la rectora  se niega a difundir el texto completo del acuerdo relativo al V Convenio FEES y a promover un amplio debate sobre su contenido y consecuencias, a pesar de reiteradas  solicitudes del SINDEU y la FEUCR, para convocar al efecto a Asamblea General Universitaria, amplia y democrática,  con los tres sectores de la comunidad: docentes, estudiantes y administrativos.
3.- Una publicación en la página web del Semanario UNIVERSIDAD con fecha 10 de enero  (posteriormente retirado de esa página), informó sobre la preparación de parte de la administración de una denuncia penal contra dirigentes de la FEUCR y el SINDEU, por el “delito” de encabezar las protestas de universitarias y universitarios en razón de  la firma inconsulta del V Convenio FEES. Ante la  campaña de repudio encabezada por el SINDEU, la administración finalmente desistió de esas nefastas intenciones, sin explicación alguna.
4.- El destacado documentalista y profesor Pablo Ortega fue despedido de la UCR, un mes después de estrenar su documental «El Oro de los Tontos» que denuncia la minería a cielo abierto en Crucitas. Su despido de la Unidad de Producción Audiovisual (UPA) le fue notificado por la Vicerrectora de Acción Social: María Pérez,  el 4 de julio, retroactiva al 1 de julio, al peor estilo de una piñera, bananera o maquiladora.  Este hecho es la culminación de una larga historia de acoso laboral contra el equipo de funcionarias y funcionarios de la UPA.
Como se puede observar, la destitución de Jensen no es entonces un “rayo en cielo sereno”, es el eslabón más reciente  de una larga cadena de autoritarismo que amenaza con liquidar todo resquicio democrático en nuestra alma máter.
Es hora de que en la comunidad universitaria, sin distingos de ninguna especie, hagamos frente común contra el atropello recurrente a la libertad de pensamiento, opinión y organización.