Persisten graves violaciones de derechos humanos, advierte directora de CEJIL. (Foto: Katya Alvarado)
En el continente americano, y en especial en Latinoamérica, se siguen irrespetando los derechos humanos,  dijo en entrevista con UNIVERSIDAD la directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Krsticevic estuvo recientemente en Costa Rica, donde asistió a dos audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que conoció varios casos, incluidos Colombia y Venezuela.
La activista hizo un repaso de los avances y retrocesos del sistema interamericano de derechos humanos y habló sobre los desafíos en materia de protección de esos derechos.
A continuación, UNIVERSIDAD publica un extracto de la  conversación con la Directora de CEJIL, organización no gubernamental encargada de facilitar la tramitación de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y apoyar las demandas de las víctimas ante la CIDH.
 
¿Cómo está operando el sistema interamericano de derechos humanos, en qué condiciones está?  ¿Tiene más fortaleza, o se ha debilitado?
– El sistema interamericano en los últimos años ha sido una herramienta fundamental para la protección y tutela de los derechos humanos en las Américas. Ha sido una herramienta clave para ilustrar algunos problemas recurrentes de los derechos humanos en los distintos países de la región, algunos generados por temas de violencia política, fallas en los sistemas de administración de justicia, la discriminación racial, la violencia de género y otro tipo de situaciones que aún permanecen como graves violaciones en toda la región.
Algunos de los logros más importantes del sistema interamericano  ha sido el haber impulsado iniciativas y procesos judiciales para el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación respecto de graves violaciones ocurridas durante los conflictos armados y las dictaduras en Suramérica y los conflictos armados en Centroamérica, principalmente. Por ejemplo, una decisión fundamental de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fueron  varios actos contra Perú, fue la que revirtió la ley de amnistía que permitía la impunidad del entonces presidente Alberto Fujimori. Esa jurisprudencia se extendió a otros países de la región que han avanzado de manera sustancial en la búsqueda de la justicia y la verdad, como es el caso de Uruguay, Argentina, Chile, y recientemente el Estado brasileño.
Da la impresión de que América Latina, sobre todo del presente siglo hacia acá, ha tenido avances hacia una normalización de la democracia desde el punto de vista conceptual.
Pero:  ¿Cómo evalúa el respeto en general a los derechos humanos, cuáles países han mejorado y cuáles empeorado?
– Desgraciadamente, y pese a que en buena parte de nuestra región han cesado las guerras, las dictaduras y se instauran varios ciclos de democracia electoral,  hay graves violaciones de derechos humanos.
En algunos Estados persisten grados de violencia generados todavía por agentes del Estado. Es el caso de Colombia, de México, eso es muy claro. En Guatemala existe algo más, un problema generado por la impunidad. Este tema es un problema que cruza toda la región.
¿Incluso Honduras, después del golpe que derrocó al presidente Zelaya, está en la mira internacional?
– El caso hondureño es absolutamente deplorable. Se presenta una situación muy deteriorada de derechos humanos que se incrementa y se acentúa con posterioridad al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Existe información sobre la ejecución de campesinos, homicidios y crímenes.  La propia Comisión de la Verdad habla de algunos casos de ejecuciones extrajudiciales; se denuncian una serie de asesinatos de periodistas, lo que genera mucha preocupación en algunas personas que estuvieron vinculadas con la defensa de la democracia y en algunos de los jueces que frente al golpe de Estado respondieron en contra. Fueron despedidos de sus trabajos y no han sido reincorporados en el gobierno del presidente Porfirio Lobo. Hay un aumento impresionante en el número de homicidios. Es increíble. Se han llegado a contabilizar más de 80 por cada 100.000 habitantes.
¿Cómo evalúa la situación en otros países del área, como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá?
– En el caso de Nicaragua nuestra oficina en San José cubre eso con mucho detalle. Hay denuncias sobre el hostigamiento sufrido por muchos de los actores sociales en su trabajo de defensa de derechos, y hechos de intolerancia y de impunidad frente a agresiones contra defensores de derechos humanos, restricciones a la participación política. Nosotros litigamos un caso en el que se planteaban los derechos políticos de comunidades indígenas que no ha sido resuelto por parte del Estado y hay cuestionamientos muy serios sobre las posibilidades de participación.
¿El Salvador se sale o no,  un poco, actualmente,  de este esquema?
– En el Salvador hubo mucha expectativa con el gobierno del presidente Mauricio Funes y hubo posiciones importantes en los temas de derechos humanos. Sin embargo, vemos algunos signos alarmantes todavía por la falta de voluntad del gobierno de avanzar en la lucha contra la impunidad específicamente y por signos alarmantes. Por ejemplo, acaba de ser nombrado un nuevo ministro de Justicia, que es un militar. Esto nos preocupa porque nos parece que en general eso revela una intención de generar una política de mano dura en los temas de justicia.
¿Qué piensa de la situación de Costa Rica?
La CIDH ordenó instalar los tribunales de apelación pero hay problemas en temas como libertad de expresión por utilizar la vía penal.
¿Hubo violaciones de derechos humanos en La Reforma, tras un amotinamiento?
– Estos son asuntos que manejan nuestros expertos en la oficina de San José y están dentro de las preocupaciones de CEJIL.
Hay también denuncias sobre algunos problemas en Panamá. Hubo una gran represión contra un levantamiento indígena en la zona fronteriza con Costa Rica, tiempo atrás.
– La enorme preocupación tiene que ver, precisamente, con la persistencia de violaciones de derechos humanos en todos estos países.
¿O sea, que el panorama general de los derechos humanos en la región no es tan halagador como algunos creen? ¿Hay serios problemas en Colombia, en Venezuela y en otros países latinoamericanos?
Sin embargo, creo que el mayor avance en el tema de derechos humanos tiene que ver con  la consolidación de los sistemas democráticos. Esto es importante, y la reivindicación por una buena parte de la ciudadanía de un lenguaje de derechos y del empoderamiento de algunos sectores ciudadanos en la defensa de esas garantías.
¿Manejan ustedes ahora una nueva categoría de derechos, como económicos, inclusión, etc.?
– Nosotros consideramos que los derechos de las personas son derechos que se oponen frente al Estado pero también frente a otros ciudadanos. En este sentido sí existe una serie de obligaciones por parte del  Estado de prevenir las violaciones, de garantizar algunos derechos fundamentales que incluso son de carácter social.
Son derechos que incluyen temas como la violencia contra las mujeres, la preservación de la seguridad de las personas frente a la criminalidad organizada, la capacidad de que los niños se eduquen, que coman.
En materia de cumplimiento, los Estados muchas veces suscriben la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no la respetan  a cabalidad. ¿Cuál es la situación actual?
– Existe un  déficit importante en derechos humanos en todas las Américas, eso es claro. Esto refleja que los compromisos asumidos por los Estados al ratificar la Convención no se han cumplido a cabalidad.
¿Entonces falta mucho por cumplir?
Sí, falta mucho todavía. Desgraciadamente como región nos falta mucho para garantizar que todas las personas, los de a pie, las personas más pobres, las que sufren discriminación, las mujeres, los pueblos indígenas, que todos tengamos la capacidad de desarrollarnos plenamente.
Falta mucho, falta institucionalidad y un compromiso a cabalidad de hacer realidad los derechos de las personas.