El TSE enfrenta críticas por alquilar una bodega de la Compañía Inversionista Las Brisas S.A. (Foto: Katya Alvarado)
Como “inconveniente” e “improcedente” calificaron varios diputados el hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) alquile una bodega del Parque Industrial y Zona Franca Hacienda San Rafael, propiedad de la Compañía Inversionista Las Brisas.
Se trata de un inmueble de 4.392 metros cuadrados en el que el TSE alberga bienes de la Proveeduría, el programa de empaque electoral y parte del archivo central”, según especifica el contrato de arrendamiento.
El hecho de que allí se guarde material de índole electoral ha constituido el motivo de las críticas, sumado a que la mencionada empresa es presidida por Gaspar Ortuño de la  Goublaye de Menorval, primo hermano de Alfredo Ortuño Victory, exdirector por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante la anterior administración, además de haber fungido como tesorero de la campaña electoral del expresidente Óscar Arias, y uno de sus más generosos contribuyentes.
Víctor Emilio Granados, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) dijo que no le gusta “para nada” ese alquiler, pues “algo tan delicado como el material electoral, corresponde estar en manos de autoridades públicas”.
Indicó que con ello no sólo se refiere al personal de seguridad, sino al hecho de que se trata de una bodega que no está enteramente bajo el control estatal. “Al encontrarse en un sector de zona franca bajo el dominio de grupos privados, no me siento con la garantía y tranquilidad de que el control del material y de las personas sea absoluto”.
Por su parte, Héctor Fernández, coordinador de Programas Electorales del TSE, explicó que el crecimiento de la institución y de la población, obligaron al Tribunal a buscar opciones para guardar el citado material de cara a las elecciones del 2010 y que la bodega elegida presentaba las mejores condiciones que encontraron.
“Con toda honestidad puedo decir que ni siquiera sabíamos a quiénes le pertenecía; simplemente tenía una serie de adelantos con respecto a las demás que habíamos visto, como el hecho de que cuenta con accesos hasta para 16 camiones”, señaló.
El funcionario especificó que ahí se ubica el archivo del Registro Civil, parte de la Proveeduría y el empaque electoral; “todo ello también de cara a que ya en ese momento visualizamos que tendríamos elecciones cada dos años” (municipales y nacionales).
Aseguró que la bodega presentó las mejores condiciones en cuanto a precio y área; “hasta después nos enteramos que había una relación de parentesco entre el presidente de esa empresa y don Alfredo Ortuño”, pero toda la negociación no se llevó a cabo con Gaspar Ortuño, sino con otra persona, acotó.
Fernández expresó que “tenemos toda la tranquilidad” respecto el tema de la seguridad del material en la bodega, pues indicó que el TSE tiene su propio personal de seguridad y sistema de vigilancia con cámaras las 24 horas. Las papeletas electorales se mantienen allí durante  un mes máximo,  desde que salen de la imprenta hasta que se realizan las elecciones, tiempo durante el cual se refuerza la vigilancia con la Fuerza Pública.
Detalló además que durante ese breve periodo, en la bodega se guarda además de las papeletas, el padrón de registro.
UNIVERSIDAD buscó también el criterio del presidente de la Compañía Inversionista Las Brisas, propietaria del inmueble. Pero al cierre de edición no se contó con respuesta alguna de su parte.
“SIN PRESIONES”
La relación de parentesco entre Gaspar Ortuño y el liberacionista Alfredo Ortuño Victory, ha llamado la atención desde que se supo en el 2008 que la construcción de la zona franca contó con aporte inicial del BCIE de $30.300.000, aunque según reportó este medio en febrero pasado, el total de los aportes de ese banco sumó $45.5 millones.
En su momento, la empresa públicamente aseveró que dada la relación de parentesco, Ortuño Victory se abstuvo de participar en el proceso de estudio y otorgamiento del crédito.
Otro tema por el que ha destacado la empresa ha sido por los daños ambientales. En la pasada edición de UNIVERSIDAD se abordó la preocupación que llegó hasta la Asamblea Legislativa, por el entubamiento y construcción de edificios sobre un río y dos quebradas en el sitio.
Vale mencionar que en mayo del 2008 el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) paralizó las obras de construcción de ese complejo.
Fue en octubre del 2009 cuando se firmó el contrato de arrendamiento entre Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, y Gaspar Ortuño, en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Compañía Inversionista Las Brisas S.A.
El precio del arrendamiento se fijó en $43.500 mensuales, unos ¢22.141.500  a ¢509 el dólar. El plazo del contrato fue de tres años y se estableció la posibilidad de prorrogarlo de manera automática y paulatina hasta 18 años.
Ante preguntas de este medio, Fernández aseguró que “en ningún momento conocimos ninguna presión ni sugerencia de sectores ajenos al TSE para contratar esa bodega; simplemente enviamos un informe completamente técnico sobre la conveniencia del sitio”.
Añadió que de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa, no hay ningún problema en que el TSE alquile espacio de una zona franca, sin ser una empresa privada exportadora. “Entiendo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también tiene alguna bodega allí”, puntualizó.
“INCONVENIENTE”
Para el legislador Granados, el material electoral debe estar en un edificio público, pues se trata “de lo más delicado y que provoca las mayores susceptibilidades, sobre todo a la luz de tanto cuestionamiento ciudadano en torno al sistema electoral”.
Por su parte, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, calificó el alquiler de la bodega como “totalmente inconveniente”, ya que el TSE “no sólo debe ser imparcial, sino que debe brindar todas las garantías a la población de esa imparcialidad”.
Calificó como “muy peligroso que se confíe en una empresa privada vinculada a los principales financistas de la campaña de Liberación Nacional y amigos incondicionales de los hermanos Arias;  es de alguna manera poner el material electoral en la boca del lobo”.
Agregó que “en el  caso de esta zona franca, es muy claro que no se hubiera podido construir como se hizo -con las denuncias ambientales existentes y la falta de permisos adecuados-, si no fuera por el vínculo que estos empresarios tienen con los Arias”.
Mientras tanto, Manrique Oviedo, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), opinó que es “improcedente” que el TSE alquile ese inmueble, al juzgar que ello “contribuye a generar más incertidumbre entre la ciudadanía”.
“Estaríamos ante un caso donde un grupo empresarial -con nexos con personas en altos poderes de la República- viene a beneficiarse”, lo cual se agrava al tratarse de “una materia tan sensible como lo electoral”.
Desde la bancada libertaria, el diputado Danilo Cubero cuestionó que “habiendo tantas bodegas y tantas posibilidades de alquiler, ¿qué necesidad hay de que se afecte el buen nombre del TSE -del cual somos respetuosos-, por generar un alquiler de este tipo?”.
El legislador juzgó que “no es conveniente ese tipo de relaciones contractuales” y añadió que “la pureza de los procesos electorales fortalece el sistema democrático”, y por lo tanto, “no se debe hacer nada que la ponga tan siquiera en tela de duda; es algo que el TSE debe valorar”.
Por su parte, el liberacionista Luis Gerardo Villanueva expresó que se debe investigar “para descartar la posibilidad de que pueda haber alguna negligencia que pudiera poner en peligro los resultados electorales”.
Sin embargo, advirtió que si no hay nada ilegal, es necesario determinar si hay algo desde el punto de vista ético y moral que perseguir, “pero si todo está en orden, no veo en dónde está la falta”.