La Fuente de la Hispanidad fue el centro de celebración luego de conocerse el voto de la Sala Primera, que ratificó la sentencia del Tribunal Contencioso en contra de la empresa Industrias Infinito. (Foto: Katya Alvarado)
Mientras que los ambientalistas involucrados en el caso de la mina en Las Crucitas de San Carlos celebran el voto de la Sala Primera, que ratifica la histórica sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, los abogados de la transnacional Industrias Infinito afirman que la “última palabra no está dicha”.
Así lo mencionó a UNIVERSIDAD Rubén Hernández Valle, apoderado especial de la empresa Industrias Infinito, quien al responder consultas hechas por correo electrónico dijo que el proceso “no ha terminado”, ya que todavía queda la instancia de la Sala Constitucional con la que esperan que los magistrados acojan una acción interpuesta por el otro abogado de la minera, Juan Carlos Hernández.
Hernández Valle recalcó que “los tribunales contencioso-administrativos no pueden fallar contra la jurisprudencia de la Sala Constitucional, por lo que veremos qué dice esta Sala”.
Sin embargo, los abogados ambientalistas durante el juicio contra la minera fueron enfáticos al reiterar la inviabilidad de esta acción de inconstitucionalidad.
Álvaro Sagot, abogado que representó durante el juicio al biólogo Jorge Lobo, explicó  que para que la acción sea acogida se necesita que exista un juicio previo, donde se discuta algún aspecto en el que se podría considerar la inconstitucionalidad.
“Al haber terminado el caso en Sala Primera, la acción debe ser rechazada; es decir, no tiene sentido, ni sustento”, concluyó Sagot.
Para Bernal Gamboa, abogado de  la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), existiendo una sentencia en firme, la posibilidad de que la Sala Constitucional admita la acción interpuesta por la empresa minera generaría un “pulso terrible” entre las dos salas.
“La Sala Constitucional aún no se ha pronunciado sobre este caso, por lo que la expectativa del sector ambientalista es que se rechace la acción.
Por su parte, los abogados de la minera depositan todas sus esperanzas en este recurso, que provocaría un nuevo debate sobre la explotación de oro a cielo abierto en la comunidad de Cutris de San Carlos.
Se intentó conocer con más detalle la opinión de representantes de la empresa Industrias Infinito, pero pese a que se envió un correo electrónico a la encargada de prensa, Yokebec Soto, ella no respondió nuestras consultas.
Investigarían a expresidente Arias
Cabe recordar, que poco más de un año fue suficiente para que la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el pasado 24 de noviembre del 2010, fuera ratificada.
En una votación unánime, los cinco magistrados de la Sala Primera rechazaron todos los recursos de casación presentados tanto por la transnacional como por la Asociación Solidarista de Trabajadores de Crucitas (ASOCRUCITAS), y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Con esto se mantienen en firme la sentencia del Contencioso que anuló la concesión otorgada a Industrias Infinito, así como los dos decretos y la resolución firmada durante la pasada administración Arias Sánchez, y que favorecieron a la empresa.
“Esto nos demuestra que no siempre ganan los mismos”, atinó a decir Álvaro Sagot pocas horas después de conocerse el voto de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, la Sala Primera ratificó la solicitud al Ministerio Público para que determine si es procedente o no seguir una causa penal contra algunos de los actores involucrados en este proceso.
Entre estos figuran el expresidente Óscar Arias Sánchez, y su exministro de Ambiente Roberto Dobles Mora.
A estos funcionarios el Tribunal Contencioso Administrativo les atribuye una presunta “orquestación de voluntades” encaminada a lograr que el proyecto minero Crucitas entrara en funcionamiento de la manera que fuera.
El hecho de que la Sala Primera ratifique una setencia que recomienda a la Fiscalía investigar a los funcionarios que estuvieron involucrados en este caso, es catalogado por el abogado Sagot como un “parte aguas” en cuanto a la ética de la administración pública, además de ser un recordatorio al principio de probidad (integridad y rectitud de funcionarios públicos).
“Ahora todos los empleados públicos saben que pueden ser enjuiciados, desde un expresidente hasta quien evalúa criterios técnicos”, señaló Sagot.
El exmandatario Arias a través de su cuenta de Facebook afirmó estar a las órdenes de las autoridades en caso de que sea necesaria su comparecencia con el fin de “esclarecer las investigaciones”. Dijo que los hechos que se le señalan no son de su responsabilidad.
“La firma de un decreto es la culminación de un proceso que abarca innumerables instancias técnicas y legales, de oficinas y departamentos del gobierno, en este caso, tanto del MINAET como de la Casa Presidencial, cuyos funcionarios proporcionaron sus criterios técnicos y jurídicos”, aseguró Arias.
La investigación contra Arias se mantiene abierta en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo el expediente 08-11-33-PE.
Sobre esta indagación el abogado Bernal Gamboa de APREFLOFAS no ocultó su inquietud sobre la “independencia” de la Fiscalía que investiga la actuación principalmente de Arias.
El pasado miércoles 30 de octubre fueron indagados los primeros 10 imputados del caso Crucitas.
Según el Ministerio Público, se investiga a funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para determinar si aprobaron o no varias resoluciones contrarias a la Ley, tendientes a que se otorgara la viabilidad ambiental de la extracción minera a la compañía Industrias Infinito. Esto se da luego de la declaración de varios testigos del caso.

 
Diputados se irían a vacaciones sin discutir filtración de borrador de sentencia
Los atrasos para definir el presupuesto nacional 2012, así como la discusión del Plan Fiscal son parte de los escollos que han tenido que sortear los diputados en los últimos meses.
Esto impidió que se pudiera discutir en el plenario legislativo la filtración del borrador de sentencia de la Sala Primera, escándalo en el que aparece como implicado un exmagistrado suplente como el presunto responsable de este hecho. Magistrado que fue nombrado por el Poder Legislativo en el 2010.
Algunos de los diputados de oposición señalaron su anuencia a conformar una comisión especial que investigue los hechos; sin embargo, esto podría quedar para el próximo año.
Uno de los más entusiastas es el legislador Manrique Oviedo del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien señaló que ante la gravedad de lo denunciado no debe pasar desapercibido, ni tomarse a la ligera.
Oviedo expresó su deseo de investigar lo ocurrido con “seriedad”, y sin el deseo de linchar a una institución; simplemente “evidenciar lo que no está haciéndose bien, para  corregirlo”, puntualizó el legislador del PAC.
Claudio Monge del PAC prometió semanas atrás que durante la discusión del presupuesto nacional del 2012, se aprovecharía para realizar alguna propuesta que investigue lo sucedido en el caso Crucitas. No obstante esto no ocurrió.
Por su parte, el jefe de Fracción de Liberación Nacional, Luis Gerardo Villanueva negó que Moisés Fachler haya sido candidato del PLN.
Para Luis Gerardo Villanueva, el problema pasa por la manera en que se elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que más allá de lo que podría hacer una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa, propone reformar el proceso de selección de estos jueces.
“Liberación Nacional va a pedir a la Corte que los nombramientos los haga mediante concurso, ya que de la forma en que se ha venido haciendo podría prestarse para compadrazgos”, recalcó Villanueva.
Actualmente, los diputados se niegan a votar la lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Tercera hasta tanto no se revisen los mecanismos de elección. La Corte Suprema de Justicia accedió a esta solicitud desde octubre pasado.