Costa Rica y el mundo se encuentran en una seria situación. No es el momento de divisiones partidistas de índole egoísta; es la época del estudio sesudo del acontecer nacional y de tomar las medidas necesarias para lograr el cambio que la sociedad exige. No lo digo yo, lo dice la marcha de los indignados que se dio en España, Chile y otros países en el mundo, incluyendo los Estados Unidos; lo expresan las diversas manifestaciones acontecidas en el país en los últimos meses.
El país está viviendo una situación que no es local. No se limita solo a la economía, ni a la política o el medio ambiente: es integral, es una falta de valores que dignifiquen la condición humana. En cuanto a la economía, empecemos por señalar las políticas que ha desarrollado el Estado en las últimas décadas.
A través del pensamiento cepalino Costa Rica (y Latinoamérica en general) siguiendo una lógica de desarrollo a lo interno, ejecutaba una serie de acciones como el control de importaciones y exportaciones, otorgamientos de subsidios directos e indirectos (en especial a empresas industriales), fuerte participación del sector público, tasas de cambio preferenciales para determinadas importaciones. Esta política no funcionó, favoreció la dependencia de productos que fueran producidos en el exterior. La falta de competitividad agravó los problemas de balanza comercial del modelo.
A partir de la década de 1980, Costa Rica abandona el modelo de sustitución de importaciones en el marco de sus procesos de reformas macroeconómicas y de apertura comercial, que implicaban eliminar o reducir aranceles, barreras no arancelarias, y subsidios, privatizar empresas públicas, y en general, atender las exigencias de la competencia internacional. De allí surgen los Certificados de Abono Tributario (CAT) donde el Gobierno de Costa Rica devolvía un porcentaje económico como incentivo a las empresas exportadoras de productos no tradicionales.
Estas políticas que se venían desarrollando, se resumen dentro del Consenso de Washington, iniciativa dictada desde Estados Unidos (EEUU) en la década de 1990, tratando de liberalizar los mercados, al ver condiciones en la región de dependencia industrial y de pocos productos. Entre ellas estaban: una disciplina fiscal, una liberalización de los tipos de interés, liberalización del comercio internacional y de la inversión extranjera directa (IED), fortalecimiento de la privatización de entidades públicas y desregulación.
Afortunadamente, el país no acató todas las recomendaciones sugeridas en estas políticas, con lo cual se puede explicar en alguna medida la permanencia de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el andamiaje institucional costarricense.
Eso sí, en el país se desarrollaron los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE) que supuso la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica. Sin entrar en mucho detalle, es sabido que estos programas fueron utilizados para que muchos se enriquecieran de manera deshonesta a costa del Estado.
Considerando todo lo anterior, se vislumbra la crisis financiera que se vive en la actualidad. Situación que ha obligado al Gobierno a presentar un plan fiscal, necesario por lo antes razonado; sin embargo, queda el descontento de que lo hecho en materia fiscal, monetaria y comercial ha generado riqueza, pero con dimensiones distributivas desproporcionales. El gasto del Gobierno se ha disparado, el sistema de pensiones parece estar colapsado y los beneficios sociales son cada vez más insostenibles en una sociedad que se fragmenta cada vez más en dos clases: ricos y pobres.
La sociedad de consumo se ha disparado, en una población que se ha favorecido con salarios altos para contrarrestar la pobreza y dinamizar la economía, políticas establecidas desde la década de 1950. La evasión de impuestos es un tema no resuelto al igual que ahora la huelga de anestesiólogos, que debe ser tratada con cautela para no perjudicar al ciudadano común y corriente, como usted que lee esto y quien escribe.
En resumen, las últimas crisis que ha vivido el país y el mundo entero deben ser contrarrestadas no con políticas frías, sino con una concientización social, en especial de los grupos más educados y con mayor acceso a la riqueza. Es hora de pensar en una mejor Costa Rica en que vivamos todos, en una sociedad que retome las políticas sociales que siempre la han caracterizado y proponga una clase política diferente, renovada y honesta, junto a un pueblo que quiera comprender que la crisis no es económica, sino social.