En días pasados, nos fue publicado en un medio nacional un artículo titulado “Malvinas: argentinas”, con el subtítulo: “Las Islas Malvinas son de su legítimo dueño: el pueblo argentino”. En él, se refutaba otro escrito publicado en el mismo medio, cuyos contenidos no solamente falseaban u omitían  hechos históricos, sino que venían cargados de improperios.
Hoy nos anima el deseo de  referirnos de manera breve y sin mucho rodeo a puntos más específicos sobre el mismo tema: lo que sustenta el justo reclamo argentino; el último argumento que le queda a la parte inglesa, y no llamamos británica para no herir susceptibilidades de pueblos que viven aún sometidos bajo esa común denominación; y lo que se podría calificar como actitudes reprochables.
Justo Reclamo. Argentina cuenta hoy, como nunca antes, con el apoyo activo, y beligerante en muchos casos, de una gran mayoría de países y de los principales organismos regionales e internacionales. Razones de mucho peso justifican esos apoyos a los reclamos argentinos por Las Malvinas. No son gratuitos. En cuanto a lo que se fundamenta en contra de los mismos hay para todos los gustos, desde lo más pueril hasta  lo más perverso; entre ellos pretender establecer parangones con otros arrebatos violentos e ilegales de un país a otro. Argentina, a diferencia de esos malos ejemplos que de manera arbitraria se traen a colación, nunca renunció a su soberanía sobre las islas; no existen en este caso acuerdos de partes ni tratados en ese sentido.  Su legítimo e indeclinable reclamo está incluso reafirmado de manera explícita en su propia Constitución Nacional.
Autodeterminación. En cuanto al último argumento de los usurpadores (todos los demás se han venido cayendo por inconsistentes), en que se invoca el derecho a la autodeterminación, este no aplica y queda descartado también por inconsistente. El derecho a la libre autodeterminación no puede violentar el principio de territorialidad de un país. El hecho de que Las Islas Malvinas estén habitadas actualmente por ciudadanos ingleses que fueron llevados a las islas, los primeros como resultado de  acuerdos forzados,  luego de la expulsión de los habitantes argentinos allí asentados, no le otorga ninguna potestad ni al Reino Unido ni a los que en número de 3.140 (la gran mayoría ingleses) residen en ese territorio soberano de la República Argentina. Un territorio que por mandato constitucional es reclamado desde que fue arrebatado por un acto de fuerza en 1833.
Actitudes reprochables. Tratar de minimizar el tema de soberanía sobre Las Islas Malvinas en las actuales circunstancias de creciente confrontación o de aguda  fase del  conflicto, o como quiera llamársele, so pretexto de que hay otros asuntos sentidos en el país que merecen  mayor atención, es cuestionable y hasta sospechosa. Ni que decir cuando esta intención se da en momentos en que el reciente llamado del Gobierno Nacional para buscar una salida pacífica por medio del diálogo y la negociación, y terminar con una usurpación que lleva ya 180 años, está recibiendo el apoyo de la comunidad internacional en pleno; en que se abren espacios de oportunidad privilegiados para la diplomacia argentina. Reprochable también lo es si  con propósitos políticos partidistas se trata de desacreditar o desmerecer la acción de reclamo de un Gobierno, fuera este cual fuere, emanado de la voluntad popular en elecciones democráticas. La fuerza de la razón, la justicia, la solidaridad y los robustecidos deseos de paz, terminarán imponiéndose por encima de la soberbia, el cinismo, las descaradas mentiras históricas y la aplicación de la  fuerza militar por parte de quienes en pleno siglo XXI pretenden conservar colonias y tierras usurpadas, ubicadas a miles de kilómetros de su propio territorio.