La Nación S.A. y el Semanario UNIVERSIDAD han destacado que las empresas de la pareja Herrero/Rodríguez, en algunos momentos Ministro de Hacienda él, exasesora presidencial ella, percibió directamente más de ¢100 millones anuales por asesorar a reparticiones del Estado. Los negocios de la pareja llamaron la atención porque el exministro Herrero, mal enterado acerca del pago de impuestos, olvidó cancelar algunos. El asunto comprometió fondos internacionales, universitarios, al Ministerio de Educación Pública y su Ministro, Leonardo Garnier, a la presidenta Chinchilla (Herrero y Rodríguez son sus amigos) y también a la Contralora General de la República quien, rauda, quitó al dúo H/R la barrera legal para realizar negocios con la administración pública.
El celo de tanto funcionario, que parece indicar una trama clientelar, tiene sin embargo un fundamento epistémico. Al revelarse que el Banco Centroamericano de Integración Económica giró fondos no rembolsables, $2 millones, a la administración Arias y que el dinero fue repartido por el Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, a consultores y servidores “amigos”, el debate se centró en si esos fondos eran o no públicos. Materialmente lo eran porque los accionistas del BCIE son todos Estados. Formalmente no, porque un truco jurídico internacional los hace privados. El pleito eclipsó la más brillante “idea” que haya externado nunca Rodrigo Arias: asesorías al Gobierno han de ser asignadas a “amigos” y no a agencias calificadas para evitar que los informes choquen con los intereses de la administración. Aunque el punto es de práctica corriente, el que la verdad y utilidad de una información deriven de la “amistad” es un hito epistémico en el campo de la administración pública que no obtuvo ni la difusión ni la gratitud merecida.
Pero siempre hay excepciones notorias. Leonardo Garnier, hoy atornillado a su puesto en el Ministerio de Educación, aflojó generosos recursos a amigos que previamente fueron sus socios y hasta empleadores. Tuvo el respaldo científico de la tesis epistemológica de Rodrigo Arias. Coherentemente, Garnier exalta su amical empeño pagando con dinero ciudadano espacios millonarios subrayando que nunca existió plata mejor utilizada que la cedida a exasociados y compadres. Da como prueba aseveraciones de funcionarios del Ministerio.
Entre quienes ignoran el generoso aporte científico de Rodrigo Arias, se encuentra Ileana Balmaceda, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social y cabeza del grupo que la ‘reorganiza’ tras el “ciclón Doryan”. Balmaceda contrató a una empresa, Price Waterhouse Coopers, para designar nuevos gerentes de la Caja, pero realizado su estudio, con factura de ¢18 millones, eligió, con sus cercanos, a quienes se les antojó incluyendo a una dama que ni siquiera concursó para la función. Consultada, Balmaceda ‘aclaró’: “…aquí nunca se le dijo a la empresa (PWC) que era una carrera donde ellos iban a escoger al ganador” (LN: 30/03/2012). Es decir despilfarró ¢18 millones como mampara ignorando la teoría científica de Rodrigo Arias. El dinero ameritaba un destino más sabroso. Una asesoría, por ejemplo, para Herrero/Rodríguez o algún pariente próximo.
En el otro vértice de la disputa epistemológica están los directamente beneficiados en esta feria de fondos públicos. El exministro Herrero rechazó irritado la pregunta de un periodista que le preguntó por los impuestos de las empresas de su cónyuge: ‘¿Usted quiere destruirme? Yo soy una persona honrada’. El corolario del aporte epistémico es que compadres y sus empresas están a moral y a derecho hagan lo que hagan. Es uno de los efectos de la ‘verdad científica’. La administración política del planeta y los circuitos judiciales en particular, lo resolverán así en algún momento.
De modo que Costa Rica no solo tiene la población más feliz del orbe, nicaragüenses incluidos, sino que encabeza la carrera por el changiano motor de plasma y orienta al mundo desde una epistemología argollada de la administración pública. Está por verse la contribución a este último campo del diputado Jorge Ángulo, quien pule en secreto sus verdades en la Asamblea Legislativa, amparado por cercanos y la cómplice mudez de otros. En los protocolos de la argolla, lo furtivo, el secreto y el amiguismo, a los que se llama firmeza, honestidad y transparencia, son valores sagrados.