Comisión investigadora prepara su informe con recomendaciones y señalamiento sobre responsables de crisis de la Caja (Foto: archivo).
La comisión legislativa que investiga la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) culminó su período de audiencias y se prepara para rendir su informe final el próximo 10 de agosto.
Sin embargo, sus integrantes acordaron solicitar al plenario una ampliación del plazo por seis meses más, con el fin de abocarse exclusivamente a dictaminar una serie de proyectos de ley asignados a la comisión, tendientes a fortalecer a la institución.
Walter Céspedes, presidente de la comisión, presentó el pasado miércoles 6 de junio un informe preliminar que resume los hallazgos obtenidos durante las audiencias, que finalizaron la semana antepasada, con una serie de puntos que a su juicio debe incluir el informe final de la comisión.
Por su parte, la exministra de Salud María del Rocío Sáenz presentó un informe a nombre del grupo de representantes de la sociedad civil que participan como asesores externos de la comisión.
El informe, coincidente en muchos puntos con el de Céspedes, pide volver a colocar al asegurado en el centro de la seguridad social, para lo cual señala diversas rutas, y entre sus recomendaciones incluye mandar el informe de la comisión al Ministerio Público para sentar responsabilidades por los daños causados a la institución de seguridad social.
Céspedes recordó el fin fijado a la comisión, que es señalar rutas para garantizar a los asegurados y aseguradas un seguro de salud y de invalidez, vejez y muerte bajo los principios de universalidad, igualdad, solidaridad, equidad y calidad, por medio de una CCSS fortalecida, eficaz, eficiente y sostenible en el tiempo.
Señaló que el informe debe contemplar cinco aspectos importantes, cuales son el ingreso,  el gasto, la gestión, los servicios y el control interno de la CCSS, en cada uno de los cuales enumeró los diversos problemas detectados.
Así, por ejemplo, en cuanto al gasto mencionó las duplicidades que hay en las decisiones de gasto de la institución, incluido un inadecuado sistema de compra de medicamentos y de insumos médicos.
En cuanto al ingreso, mencionó los problemas de liquidez que tiene la Caja, la morosidad privada y la morosidad pública en el pago de obligaciones con la entidad.
Respecto al ingreso, incluyó las grandes listas de espera de pacientes, falta de planificación y modelos de inversión, ausencia de un expediente electrónico para dar transparencia y mayor eficiencia en los servicios, un mejor control de los pacientes y horarios de los profesionales en salud.
Sobre el control interno, señaló que este es débil en la Caja, no hay  rendición de cuentas, falta de seguimiento a acuerdos y disposiciones por parte de la auditoría. La dirección actuarial y otras instancias manejan datos que se contradicen entre sí, se da traslado de recursos del seguro de invalidez, vejez y muerte al seguro de salud sin criterios técnicos adecuados, faltan sistemas de información para el registro de procesos y especialmente para las compras.
Mencionó conflictos de interés que existen a nivel técnico, institucional y político en la Caja. Esto incluye un conflicto de interés entre el servicio de la Caja y la práctica privada de profesionales en la institución. También conflicto de interés entre la sostenibilidad financiera y los intereses gremiales.
La legislación por aprobar debe plantear la mejora en la gestión de cobro, fortalecimiento de la participación de usuarios en las juntas de salud, un expediente electrónico con acceso a los usuarios, una contribución estatal al seguro que sea integral, oportuna y líquida, nada de papeles.
Asimismo, el fortalecimiento del control interno de la Caja, controles del pago a profesionales en ciencias médicas, acceso a los medicamentos, limitar la injerencia política en la institución, lo que tiene que ver con el nombramiento de la junta directiva y las gerencias, para lo cual hay un proyecto, dijo Céspedes.
También hay que prever ingresos adicionales para equipamiento y reducción de las listas de espera, y en ese sentido se está elaborando un proyecto de ley para que el Estado le pague puntualmente a la Caja y otro proyecto para que la Caja se pueda capitalizar por cinco años, añadió el legislador socialcristiano.
Los proyectos de ley ya presentados que necesitan aprobación urgente en la Asamblea Legislativa son la ley de fortalecimiento de la gestión de cobro de la CCSS, ley de responsabilidad nacional con la seguridad social, firmado por todos los diputados de la comisión. Asimismo, se contemplan modificaciones a la legislación nacional, para que sin afectar derechos adquiridos se determine un régimen salarial razonable y sostenible para la institución, y una reforma a la ley 7852 para la desconcentración de los hospitales y las clínicas de la CCSS, a fin de dar una participación efectiva al control de los usuarios.
Para sentar las responsabilidades individuales en el informe, por las fallas y malos manejos que han originado la crisis en la Caja,  los diputados analizarán las propuestas con sus asesores, dijo Céspedes.
INJERENCIA POLÍTICA
Carmen Granados, diputada del Partido Acción Ciudadana que propuso la creación de esta comisión, destacó como una de las  principales conclusiones obtenidas durante las audiencias, la comprobación del gran daño que la injerencia política le ha ocasionado a la Caja.
Como ejemplo mencionó el “Plan Escudo”, que aplicó el gobierno pasado para paliar los efectos de la crisis económica, que incluyeron ciertas decisiones en la Caja que tuvieron un gran costo para la institución, pero no importó a los responsables a sabiendas de que los usuarios iban a sufrir las consecuencias, como ocurre en este momento con los servicios de la institución.
Para el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, “está claro que el problema de la Caja no es el modelo de atención solidaria y universal, el problema es la gestión política que se ha hecho”.
Dijo que es indispensable ampliar el plazo de la comisión a fin de poder conocer los proyectos de ley que tiene asignados para dictaminar, para que no queden sin dictaminar y que luego no digan los diputados en el plenario que no los conocen.
Y es que esta posibilidad de dictaminar proyectos es la diferencia de esta en relación con otras comisiones investigadoras que se han creado en el parlamento, donde salen informes muy buenos pero a la hora de la hora no hay mecanismos para implementar las recomendaciones, apuntó Villalta.
Una de las ventajas es que la comisión ha logrado poner en la agenda legislativa las reformas que se necesitan para fortalecer la Caja, algo que no había ocurrido antes, pues se viene diciendo desde hace años que la institución está mal, pero no hubo voluntad política para darles prioridad a los proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad social.
“La comisión tiene una agenda de proyectos que podrían ayudar a resolver problemas concretos de la población, como la ley que presentamos para regular los precios de las medicinas, que es uno de los puntos donde se encarecen los costos de la seguridad social, y en general se afecta a toda la ciudadanía. El tema de la deuda del Estado, el cobro a los patronos morosos son temas puntuales donde podríamos hacer  la diferencia respecto a otras comisiones investigadoras.”
“Ahora bien, no somos ingenuos, aquí hay toda una maquinaria política que no quiere que estos temas avancen, que van a intentar engavetar las recomendaciones que hagamos y probablemente van a intentar en los partidos tradicionales que el trabajo de esta comisión termine rápido, no sea que sigan ventilándose sus trapos sucios”, previno Villalta.