Como una reacción verdaderamente exagerada, algo así como que “ya se acabó el mundo”, es a criterio de Alejandra Gómez, del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, la reacción que han tenido las cámaras empresariales, que exigen el veto a la recién aprobada reforma de la “Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”, que eliminaría las penas de cárcel a la reproducción y uso de obras literarias con fines educativos.
Tal cual está vigente la “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos”, se impide la reproducción de textos con fines de lucro, lo cual en opinión de Gómez ya es suficiente penalización para las microempresas, que realizan este servicio y que, obviamente, requieren tener un nivel de lucro para sostenerse en el mercado.
Recientemente, la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación  (CAMTIC) y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AMCHAM, por sus siglas en inglés) lanzaron sus voces ante la eliminación de las penas de cárcel establecidas en esta ley, porque desprotegerían sectores que no están vinculados con el ámbito educativo, dijeron estos grupos al ser consultados por UNIVERSIDAD.
 
Esto porque la “Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos”, en su artículo primero, define como “obra literaria” toda aquella producción artística y literaria, tales como libros, folletos, programas de cómputo, composiciones musicales, obras cinematográficas, entre otras.
“Por salvar fotocopiadoras, se está afectando a un sector productivo muy importante en este país”, argumentó Otto Rivera, director ejecutivo de CAMTIC.
Según Rivera no se busca afectar a los estudiantes, “no estamos en contra de la reprografía, como derecho a la educación que tienen los estudiantes, la posibilidad de reproducir fotocopias o programas para usos académicos”, aseguró.
Sin embargo, CAMTIC asevera que como la producción de software y programas informáticos están incluidos dentro de la regulación de obras literarias, no penalizar con cárcel podría tener consecuencias negativas en más de 80 mil personas que laboran en este sector, el cual genera $1500 millones en exportaciones al país.
Con la reforma se pretende dar seguridad jurídica a las fotocopiadoras que se encargan de reproducir materiales utilizados en centros educativos, ya que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y los Estados Unidos, y como parte de la denominada agenda de implementación, se incluyeron sanciones de tipo penal para los infractores en materia de derechos de autor.
La iniciativa de reforma fue propuesta por el exdiputado del Partido Frente Amplio, José Merino del Río durante la pasada administración, sin embargo no fue hasta tres años después de discusión, que se aprobó el pasado 20 de junio de manera unánime la eliminación de las penas de cárcel.
Merino coincidió con que es “exagerada” la reacción de las cámaras empresariales, puesto que en su opinión el TLC no obligaba al país a introducir este tipo de sanciones.
“Pretenden monopolizar derechos. Esta ley se limita a que los estudiantes utilicen los materiales con fines educativos, nada más, y que no sea penalizado o reciban amenazas por está razón, aquí no se abre ningún camino para a la piratería como lo manifiestan las cámaras”, afirmó el exdiputado Merino.
Como la presidenta, Laura Chinchilla, no ha sancionado la ley se mantienen vigentes las penas de cárcel, que van desde los seis meses hasta los cinco años, a quienes reproduzcan obras literarias sin permiso del autor.
Estos castigos fueron considerados como desproporcionados por Alejandra Gómez del Movimiento Fotocopiando para Estudiar. “La Sala Constitucional ante una consulta de la Asamblea Legislativa argumentó que son excesivas estas penas”.
Para representantes de CAMTIC, el que existan penas de cárcel alerta a aquellas personas o grupos que lucran con la piratería a abstenerse de hacerlo.
“Los datos del país nos dicen que desde que esta ley se implementó, en los últimos cuatro años, la piratería disminuyó hasta un 12%, pasó de un 67% de software pirateado a un 55%”, argumentó el presidente de CAMTIC.
La mandataria tendrá al menos diez días para refrendar, archivar o declarar un veto parcial y, por tanto, eliminar algunos cambios que pretende introducir la ley.
 

 
Alejandra Gómez, Vocera del Movimiento Fotocopiando para Estudiar

¿Por qué se ha generado tanta controversia con esta reforma a la Ley de Observancia?
—El proyecto reforma cuatro artículos nada más. No me extraña que salgan grupos descontentos, siempre hay intereses comerciales, y nosotros eso lo tenemos muy claro, pero me parece fuera de proporción las declaraciones que han hecho estas cámaras. En la prensa, se ha dicho que se despenaliza el narcotráfico y la piratería, y la gente lee eso y se asusta, aunque sea mentira lo que se afirma.

¿Cómo encontrar ese equilibrio sin afectar a los escritores o editoriales?
—Nosotros no queremos afectar a las editoriales con estas leyes; también hay que entender que sin esto no se puede estudiar. Aquí no hay estudios, pero a mi me gustaría saber cuánta gente estudia sin fotocopias, creo que nadie.
¿Entran en contradicción estas reformas con la Ley de Derechos de Autor?
—Estas reformas no violan ese derecho, dado que sigue siendo un delito, esto no viene a reformar eso. Con esta reforma, no se quitan derechos de autor o derechos conexos. No se abre tampoco ningún portillo, porque usted elige si cometer un delito o no.
Las cámaras empresariales que solicitan el veto hablan que ya se permite la reproducción de obras literarias, según lo establece el artículo 74 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
—Ese artículo no permite nada. Habla de manuscritos y de una copia mecanografiada, está completamente obsoleta. Nosotros hemos dicho que hay que reformar esa ley.
 

 
Alejandra Castro, Asesora Legal de CAMTIC

¿Por qué preocupa la despenalización en este tema?
—Las penas de cárcel son las que realmente disuaden al infractor a violentar la propiedad intelectual, aunque se mantengan algunas penas de carácter pecuniario o económico.
Argumenta CAMTIC una vinculación entre crimen organizado con violación a derechos de propiedad intelectual.
—La Fiscalía General reveló que los delitos de propiedad intelectual cubren crimen organizado y facilitan el lavado. En términos generales, eliminar del todo estos delitos dejamos desatendida un parte sumamente importante de lo que es la política criminal costarricense, pues se estudió solamente la sección académica nada más. Por eso pedimos el veto a la Presidenta, si pudiera hacer un veto parcial sería lo mejor para no afectar a ningún otro sector.
Se ha dicho que la reforma que se plantea no es necesaria, ¿por qué?
—En el artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor, dice que los estudiantes pueden hacer publicación de forma amplia tales como antologías, no es taxativa la eliminación, si quieren incluir fotocopias ahí calzan perfectamente. Incluso la Defensoría de los Habitantes tiene un criterio que dice que los estudiantes pueden sacar fotocopias de los libros.
Pero con ese artículo de la Ley de Derechos de Autor, no se protegen o avalan los servicios que brindan centros de fotocopiado.
-No, no están cubiertas y eso es lo que plantea esta reforma, pero basta con dejar las penas como están. Si quieren más claridad puede darse más claridad, la elección de eliminar los delitos está afectando a todo el valor creativo.
 

Dunia Solano, expresidenta de la Cámara del Libro:
“Creemos que hay vicios de inconstitucionalidad con esta reforma, ya que el delito sigue tipificado; existe delito contra la propiedad intelectual y la reforma pide despenalizar, ahí ya tenemos una contradicción en la ley”.
Evelyn Ugalde, Club de Libro:
“Siento que falta de información sobre el tema, los escritores no sabíamos de esta reforma a pesar de que llevan más de tres años discutiendo el tema”.
Óscar Castillo, Uruk Editores
“Es un error de parte de los legisladores suponer que se resuelve correctamente el derecho de los estudiantes a la educación, violando el derecho humano que tienen los autores a que se respete su creación”.
José Pablo Salazar, asesor legal de la Rectoría UCR
“El criterio de la Universidad es que las penas de cárcel no son convenientes en este caso, ya que se está tratando de criminalizar una actividad que por sí misma no es un delito, si no en la forma en que se vaya a manifestar, la reproducción está permitida bajo ciertos ámbitos restringidos”.