Las cuatro universidades públicas se beneficiarán del préstamo en cuanto a mejoras de infraestructura, equipo de investigación y el desarrollo académico de sus docentes. (Foto: archivo)
Las cuatro universidades estatales, el Gobierno y el Banco Mundial llegaron el 8 y 9 de agosto a un consenso sobre la primera etapa de las negociaciones sobre el crédito de $200 millones, destinados al mejoramiento de la educación superior estatal del país. Esta fase inicial concluyó en oficinas del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) luego de dos meses de diálogo.
En este proceso, participaron como representantes universitarios Henning Jensen de la Universidad de Costa Rica (UCR); Sandra León de la Universidad Nacional (UNA); Luis Guillermo Carpio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y Julio Calvo del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Manuel Becerra del Banco Mundial, y los ministros de Educación, Leonardo Garnier, y de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto Gallardo, también suscribieron el acuerdo.
Este convenio dota de $50 millones a cada una de las universidades estatales, para el desarrollo de proyectos de mejora institucional. Además, $49,11 millones serán destinados por el Gobierno, el CONARE y las universidades para aumentar la capacidad institucional y para mejorar la calidad de la educación superior.
En un comunicado de prensa de la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la UCR, el rector Henning Jensen expresó estar satisfecho por el consenso logrado y por la recepción de sus planteamientos por parte de las universidades. Asimismo, señaló la actitud receptiva de los representantes del Gobierno y el Banco Mundial para revisar todos los documentos redactados.
ASPECTOS FINANCIEROS
En esta parte del convenio, se acordó que los $200 millones serán financiados como un préstamo de margen fijo, que el Gobierno deberá pagar en un plazo de 30 años. Igualmente, se deberá cancelar una prima de 0,25% del empréstito o $500 000, en un período de 60 días después de haberse efectuado la transferencia de dineros.
Según el contrato del préstamo, el Poder Ejecutivo comenzaría a realizar el pago de cuotas el 15 de octubre del 2017, al hacer dos pagos anuales, uno en abril y otro en octubre, hasta el 15 de abril de 2047.
Junto a esto, se decidió que se utilizará la Cuenta Única del Tesoro para gestionar los pagos y desembolsos del convenio con el Banco Mundial, utilizando el Sistema Tesoro Digital. Así, cada universidad tendrá su propia cuenta, creada por el Banco Central, a la cual se depositarán los desembolsos para ser utilizados.
Esto se haría de acuerdo con la programación de inversiones que las mismas universidades han propuesto, según indicó a UNIVERSIDAD Sandra León, actual presidente del CONARE y rectora de la UNA.
Sobre el desembolso del dinero, León comentó que a las cuatro universidades les pareció adecuado dicho procedimiento, “haciendo un énfasis muy grande de que este sistema es una propuesta para el manejo de este préstamo, y que no tiene implicaciones hacia adelante para ningún manejo de recursos que son propios, por ejemplo el Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES)”, dice León.
A lo cual añade que el mecanismo de Cuenta Única les parece “razonable para el manejo de este préstamo, pero que no es aplicable para otro tipo de intenciones que no se valoren como una forma adecuada de gestión de fondos”.
FISCALIZACIÓN Y AUTONOMÍA
Para fiscalizar las obras ejecutadas con los dineros del convenio, el contrato del préstamo estipula la creación de una Comisión Técnica, que entre otras funciones asesorará al Gobierno durante la implementación del proyecto. También, se formará una Unidad Coordinadora del Proyecto, adscrita a CONARE, y una Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional dentro de cada universidad.
Un reporte deberá ser entregado cada semestre al Banco Mundial, evaluando el progreso de los proyectos. CONARE, a través de las universidades participantes, también tendrá que elaborar semestralmente un informe financiero no auditado, y uno auditado al final de cada año fiscal.
Tanto León como Henning Jensen dijeron estar seguros de que durante las negociaciones se procuró garantizar la autonomía universitaria de las cuatro instituciones. De acuerdo con el comunicado de la ODI, se incluyó en el convenio una cláusula que garantiza que el acuerdo será respetuoso del artículo 84 de la Constitución Política costarricense, que protege la autonomía universitaria.
Como presidente del CONARE, Sandra León dijo estar satisfecha con el proceso y el resultado de las negociaciones. “Sin duda alguna, creo que esto va a ser un cambio para las cuatro universidades. Son recursos que no tenemos posibilidades de tener desde el punto de vista de los presupuestos ordinarios de las universidades”.
“¿Pudo haber sido más fácil? Seguramente. Lo importante es que llegamos a buen puerto, y las cuatro universidades creemos que nos representa fielmente respecto de las necesidades que cada una como institución propuso”, opinó León.