A diferencia de otras ocasiones, hay consenso de las fracciones para entregar un informe unánime.
El convenio con el Ministerio de Hacienda realizado por la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante la pasada administración, que rebajó en cientos de miles de colones las deudas acumuladas del Estado con la institución y sin cobrar los intereses. Nuevos convenios en la presente administración que generaron pérdidas adicionales y una considerable disminución del patrimonio de la institución. Deficiencias en los procesos contables, inconsistencias en los informes de estados financieros auditados, e incumplimientos de las recomendaciones planteadas por la auditoría externa.
Lo anterior son algunos de los problemas denunciados ante la comisión legislativa que investiga la crisis de la CCSS, y que se deberán reflejar en el informe final que ese panel está a punto de hacer público.
El informe contendrá recomendaciones para resolver la crisis financiera y de gestión que socava a la institución de seguridad social emblemática del país, y propondrá sanciones para los responsables de cuestionadas decisiones, omisiones y falta de cumplimiento de deberes, que agudizaron la crisis y el desequilibrio financiero causante del deterioro de los servicios que hoy sufren las personas aseguradas.
Dicho informe ya está listo y va a ser firmado por todas las fracciones legislativas representadas en la comisión, dijo su presidente, Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana). Su entrega está prevista para la primera semana de octubre.
Que salga un dictamen unánime de todos los partidos es un hecho llamativo, puesto que lo usual es que en el caso de comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa el oficialismo y la oposición discrepen, y salgan con informes diferentes.
Uno de los temas que más atención ocuparon durante la investigación fue el brusco aumento de la planilla de la CCSS, en cerca de 10.000 nuevos puestos durante la pasada administración de la Caja, presidida por el ingeniero Eduardo Doryan, sumado al aumento en las remuneraciones y del tope de cesantía de los empleados a 20 años, a pesar de los números rojos que venían mostrando los propios informes actuariales de institución y estudios externos, que advertían de un creciente desbalance negativo entre ingresos y gastos, que comprometía la sostenibilidad financiera del seguro de salud de la CCSS.
A  pesar de los pagos extraordinarios que hizo el gobierno con bonos ese año y en el 2011, la crisis de liquidez del seguro de salud persiste, con el consiguiente deterioro de los servicios, contrario a lo que sostienen las autoridades.
“Los gastos desproporcionados en nuevas plazas, aumentos salariales y otros beneficios laborales no generaron mejoras en el servicio, sino que más bien hoy marcan un grave contraste con los cientos de miles de asegurados que deben esperar hasta años para acceder plenamente a los servicios de salud”, señaló Jorge Herrera, administrador de empresas, en un estudio sobre la situación de la Caja realizado con base en la información recogida por la comisión legislativa e informes oficiales de la  CCSS.
Los datos ponen en evidencia que los jerarcas del período mencionado, en vez de gestionar, como corresponde, el pago oportuno de las obligaciones por parte del Estado, decidieron recortar las deudas estatales mediante procedimientos que ameritan rigurosas investigaciones, señala entre otras conclusiones Herrera, quien es asesor de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana.
Cabe indicar al respecto, que el 12 de julio del 2007 la junta directiva de la CCSS acordó que la deuda estatal acumulada con la institucional (desde 1994) fuera reducida y se realizaran los ajustes contables a períodos anteriores.
Esos ajustes se reflejaron en el Estado de Resultados como una pérdida por ¢217.000  millones. Respecto a los estados financieros del 2006, los ajustes significaban una diminución del 27.8 % en el patrimonio institucional.
La directiva fundamentó su decisión en que existían disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR) para que el cobro contemplara población registrada efectivamente en la Caja, y no en estimaciones de la encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), como se venía haciendo.
La mayor parte de ese recorte correspondió a la deuda que había acumulado la Dirección de Asignaciones Familiares (DESAF), la cual, según estados financieros al 30 de junio 2007, ascendía a ¢301.000 millones, incluidos el principal e intereses.
Unos días después, el 29 de agosto 2007, la Caja y Hacienda suscribieron un convenio que permitía que el Estado cancelara obligaciones acumuladas al 30 de junio 2007 en el transcurso de otro período de 13 años, o sea al 2020, sin reconocer ningún tipo de intereses o compensación.
Mediante este convenio, la administración de la Caja aceptaba que, en el caso de la DESAF, una suma acumulada por 13 años fuera recuperada en otro plazo igual, es decir luego de 26 años, sin percibir al menos el valor real del adeudo.
En la deuda de la DESAF se incluyó la suma de ¢10.293.6 millones por gastos de administración, que correspondía al pago de servicios que le presta la Caja en la recaudación de aportes patronales del 5% de planillas, conforme a la Ley de Asignaciones Familiares.
Al respecto, el estudio señala que resulta cuestionable que la Caja recaudara esos fondos y que los girara sin realizar ninguna gestión cobratoria por los servicios, que prestaba como recaudador.
También merece mención la deuda por atención a menores de edad, conforme a las disposiciones del Código de Niñez y Adolescencia, deuda que también fue recortada por iniciativa de las autoridades de la Caja aplicando una supuesta “analogía” con lo dispuesto por la CGR, respecto a los cobros a la DESAF. El total registrado en la contabilidad era de ¢34.000 millones, y se rebajó a ¢1.984 millones.
Aunque ahora –después que el tema salió a relucir en la comisión legislativa- las autoridades de la Caja pretenden cobrar algunos intereses sobre la deuda pactada en agosto de 2007, lo cierto es que los montos que se mencionan son bajos en relación con las pérdidas reales en que se incurrió, y parece un intento de desviar la atención sobre las secuelas de aquella decisión en las finanzas de la entidad, criticó Herrera.
INTERROGANTES
En su comparecencia ante la comisión legislativa, el expresidente ejecutivo de la CCSS Eduardo Doryan, negó que con el acuerdo del 2007 se hubiera reducido la deuda del Estado, pues adujo que lo que hubo fue un cambio de metodología en el cálculo de lo  adeudado.
La deuda estimada “es una realidad virtual” que nunca ha existido; nunca fue aceptada por la CGR ni por los otros entes. Se trató de “una construcción de la CCSS, que fue cuestionada por la Contraloría, cuyos escritos mencionados (años 2001, 2002) dicen que no se puede cobrar al Estado si no se aplica esta otra metodología”, sostuvo Doryan.
Sin embargo, según el estudio de Herrera, la información contable -después de la adopción de la nueva metodología- permite establecer una facturación mensual promedio de ¢4.150 millones en la Caja, cifra que supera en mucho la suma promedio mensual de la deuda acumulada durante los 13 años anteriores al 2007. Resulta llamativo que durante 13 años se acumularan ¢120.000 millones,  y luego, en solo dos años y 10 meses, la deuda acumulada ascendía a ¢110.000 millones.
¿Se trató efectivamente de aplicar una metodología adecuada para la facturación, o se buscó cualquier justificación para realizar una significativa y complaciente reducción a las obligaciones desatendidas por el Estado durante años?, cuestiona el estudio, entre otros aspectos que deben ser profundamente investigados.
En octubre del 2010 se firmó un nuevo convenio que readecuaba el pago de las deudas, las cuales ni siquiera habían sido registradas en Contabilidad Nacional.
No fue sino en el 2010, con el actual Gobierno, que esas deudas se incluyeron nuevamente en la contabilidad nacional, según lo muestra el documento “Efecto del resultado contable del Poder Ejecutivo sobre el Patrimonio Nacional período 2010”, donde se habla de la incorporación de la deuda que el Fondo de Asignaciones Familiares adeuda a la CCSS por concepto de atención de indigentes en los años 2008 y 2009 por un monto de ¢83.114.020.758.