El pasado 8 de octubre, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley que pretende recortar las cotizaciones que realizan los docentes del régimen transitorio de pensiones del Magisterio Nacional. Con este hecho avanza la batalla que desde hace más de una década ha librado el Magisterio Nacional para beneficio de sus afiliados.
Según dijo a UNIVERSIDAD el director ejecutivo de la Junta de Pensiones de esa institución, Róger Porras, la reforma propuesta es un “alivio” a la carga de los pensionados.
“Ese es un proyecto que se está peleando desde hace más de diez años por parte del Magisterio, para efectivamente disminuir el efecto abusivo que se generó con la promulgación de la Ley N° 7531, que fue en 1995 la que estableció las cotizaciones del 10 % al 16 %”, explicó el director de la institución.
En la Ley N° 7531 Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, el artículo 70 establece un sistema de cotización en el que contribuyen tanto funcionarios activos como pensionados del Magisterio. Este artículo “penaliza” a los jubilados que reciben una pensión bruta de entre 2 y 2,23 salarios base, disminuyendo su ingreso real hasta incluso ser menor que el de  aquellas personas con pensiones de dos salarios base.
Es decir, bajo el régimen actual, los pensionados que reciben ¢439 mil no cotizan al régimen. No obstante, un ajuste de ¢1000 a su pensión significaría pasar a cotizar ¢44 mil al régimen. Esto disminuye su pensión neta mensual de ¢439 mil a ¢396 mil.
“Son cotizaciones extremadamente abusivas y que afectan claramente el ingreso de las y los pensionados del magisterio de mayor edad”, subrayó Porras.
Este proyecto, en cambio, propone extender la exención de las cotizaciones a los 10 000  contribuyentes que reciben pensiones de hasta 2,8 salarios base. Ellos se beneficiarán al ver su pensión neta incrementarse entre un 11 % y un 12 %.
Asimismo, se busca que la cotización de las pensiones superiores a los dos salarios base se realice de forma escalonada. Así, se establecen cotizaciones de 12 %, 14 % y 16 % a los jubilados que reciban pensiones brutas de más de tres salarios base, y hasta los cuatro, seis y más salarios base respectivamente.
Para los funcionarios activos del régimen del Magisterio Nacional, también se desea reducir en menor medida el aporte que realizan, para mayor beneficio de los educadores que perciben salarios menores.
Según relata Porras, el Magisterio presentó un plan muy similar al actual, el cual llevaba más de diez años de existencia y alrededor de cuatro esperando su aprobación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, las mociones de vocación presentadas por la bancada del partido Liberación Nacional impidieron en su momento que fuera aprobado en la Comisión Plena Tercera.
Las fracciones de oposición y el presidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, fueron quienes inicialmente apoyaron al Magisterio Nacional para lograr instaurar una mesa de negociación con representantes el Poder Ejecutivo.
Estas negociaciones resultaron en un texto con ligeras modificaciones al original, haciendo inclusión de los funcionarios activos y eliminando la exención del impuesto a las remesas para financiar esta reforma.
A pesar de ello, Porras señala que para el Magisterio Nacional, el artículo 70 de la Ley N° no debería existir, pues las personas jubiladas y adscritas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social no cotizan más.
“Pero dado el proceso de negociación, el Magisterio negoció un texto con diferentes fracciones y con el Gobierno un texto que permite y que mejora las condiciones de vida de los pensionados”, añade Porras. Por ello, como institución apoyarán la aprobación del proyecto por parte del Congreso.
Con esta reforma, se benefician alrededor de 14 000 docentes activos. Además, en el caso de pensionados se benefician 38 000 personas, quedan exentos de cotizar 21 000 de ellas. Con respecto a este último grupo, en su mayoría son mujeres (70 %) y personas de edades superiores a los 68 años.