Costa Rica ha venido realizando un interesante debate sobre la deuda política, respondiendo a una preocupación latente en los ciudadanos por determinar el valor de la democracia y la justificación para que el Estado erogue fuertes sumas de dinero para financiar las elecciones presidenciales y municipales que llegan cada cuatro años en nuestro país.
Sin lugar a dudas, esta es una duda que no concierne exclusivamente a nuestro país, sino que ha estado siempre presente en los Estados que eligieron democratizar el poder, pensado en la democracia más como como principio universal que como negocio para las arcas públicas. No obstante, la economía ha mostrado un creciente interés por el financiamiento de las elecciones, dado que hay preguntas de escasez en donde tiene un bagaje importante que aportar. En particular, interesan preguntas sobre el impacto que tiene el gasto (sobre todo el gasto público) a la hora de conseguir un voto para limitar, en la medida de lo posible, el alto costo de las campañas políticas.
Para simplificar se parte de las situaciones extremas: el gasto (público) impacta mucho o no impacta nada en la voluntad del electorado. En caso de que impactara mucho sería conveniente establecer límites al gasto (tanto público como privado) para garantizar la igualdad de oportunidades entre contendientes y otorgar financiamiento público para garantizar el libre acceso (sino solo los candidatos pudientes concurrirían).
En el caso extremo en que el gasto impacte poco, tendríamos entonces que identificar los factores adicionales al gasto que influyen en la voluntad del electorado. Entre los factores que influyen positivamente sobresalen si el candidato es incumbente (se ha encontrado evidencia fuerte para el caso chileno) y si pertenece al partido o coalición del Presidente en ejercicio. Lo interesante de los estudios es que muchas veces la causalidad va a la inversa de lo que se pensaba: competir contra un incumbente le resta tantas posibilidades de éxito a un desafiante que el incumbente pierde los incentivos para desempeñarse bien en su primer mandato.
La intuición a lo anterior va de cosas tan obvias como que el beneficio electoral que recibe el incumbente en la ejecución de su presupuesto ordinario –por ej., bonos de alimentación, vivienda, etc.- hasta más difíciles de captar, como la diferencia entre rendición de cuentas públicas y campaña política, entre otros.
Esto sin duda empaña el anhelo, quizá utópico pero no sustentado, de optar por la carrera parlamentaria en Costa Rica. El descontento cívico en ningún momento clama por cambios a la ligera, sino por cambios que funcionen, por lo que el país debería agotar la evidencia empírica que se tiene y rescatar las buenas prácticas internacionales antes de abogar por amplias reformas al sistema democrático costarricense, que puedan llevarnos para atrás en lugar de adelante.