El papel del Estado en el progreso social es uno de los objetivos más importantes que debe tener claro el sector público y el gobierno para la correcta estructuración de una moderna Administración Pública con plenas capacidades de eficiencia. Así, las políticas públicas se emplean para compensar o enmendar las fallas del mercado aplicándolas como estrategia económica para responder al cambio de los factores macroeconómicos y también para cumplir sus responsabilidades éticas, morales, económicas y por razones políticas en la solución de los problemas públicos.
El Análisis de las Políticas Públicas (APP) es un enfoque de tendencia aplicada que fusiona a la Ciencia Política y a la Ciencia de la Administración dentro de un mismo espacio y que favorece la evaluación con el fin de generar información valiosa para quienes han de tomar decisiones respecto a cada plan o proyecto planteado.
Ellas son conjuntos objetivos de decisiones y acciones que afectan a la mayoría directa o indirectamente y que combaten los problemas de interés público estableciéndose como condiciones que afectan a un número considerable de personas, produciendo necesidades o generando insatisfacción entre individuos o grupos para lo cual se tiene que buscar una solución.
La precisión relevante y oportuna del estudio de las políticas públicas exige la comprensión determinante de las palabras en las que se centra: lo público, las políticas y el análisis de cada una de sus variables. La evaluación no es sólo una actividad que se hace únicamente al cierre de un ejercicio pues es un proceso permanente que debe ser parte de un estilo de gestión basado en objetivos y resultados.
En el espacio efectivo de las políticas, existen muchas de ellas que se alejan de lo público o del interés común porque grupos de actores particulares presionan las esferas de poder para obtener, a través de la política, una ventaja en menoscabo de los intereses de una colectividad. Por reprochables que sean, este tipo de políticas son públicas y deben ser objeto de estudio dentro de su análisis.
Sobre la base de lo anterior, es necesario reconocer que muchas veces los problemas de política son escabrosos, perversos, malintencionados, mal definidos y con datos y certeza científica incompetentes para crear acción pues las creencias, las ideologías e intereses afectan el proceso correcto de hacer políticas, convirtiéndolo algunas veces en un proceso que contiene datos excesivos, poca sabiduría y un juicio cambiante e insensato.
Las políticas públicas se transforman en flujos de información relativos a un objetivo público. Estos cursos de acción deben ser extendidos por el sector público con la frecuente participación de la comunidad y el sector privado en donde esas políticas pueden incluir propuestas, sugerencias, disposiciones, instrumentos o aspectos institucionales esenciales para su puesta en marcha.
La Administración Pública no puede concebirse de manera aislada pues tiene lugar en medio de una diversidad de componentes y actores diferentes, destacando lo económico y social que finalmente conducen y realimentan a la política la cual existe para preservar el Estado y sus relaciones con la ciudadanía.
El buen analista de políticas públicas tiene visión de futuro, construye escenarios, reconoce actores, determina variables, se propone una misión concreta, se concentra en objetivos y señala cómo va a medir cada uno de sus logros. De todo esto trata el análisis, formulación, gestión y evaluación de las políticas públicas junto con toda la información que se agrupa durante el proceso respecto a las razones de interés público que explican su creación.
Cualquier política pública equivale a una acción de causa y efecto. La gestión gerencial gubernamental presenta un contexto de constantes cambios y transformación institucional que pretende un pensamiento global y una actuación local de acuerdo a criterios de productividad, competitividad y rentabilidad.
Evaluar las políticas públicas significa reflejar la actuación y resultados del quehacer público bajo el patrón de la gestión: un modelo que responde a la toma de decisiones dentro de una estructura administrativa por medio de una secuencia ordenada y racional en la cual se plantea el reconocimiento y aprobación de las decisiones institucionales.
Una correcta evaluación reflejará la actuación y resultados del quehacer público, es decir, la función pública desempeñada por un conjunto de elementos humanos quienes buscan cumplir con cada uno de los compromisos y contingencias que se generan en una actividad gubernamental-institucional para el servicio de la sociedad.