Para todos es claro que desde el momento en que en sesión extraordinaria, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones el primer domingo de febrero cada 4 años, se inicia con los resultados de la elección presidencial y se marca una tendencia ganadora, la legalidad del ejercicio del poder empieza a tomar forma; este proceso finaliza con la investidura del presidente el día 8 de mayo posterior.
Pero poco se comenta sobre la legitimidad de ese poder, legitimidad que a través del tiempo quienes lo ostentan deben reforzar materializando las promesas de campaña, haciéndole frente a las necesidades del pueblo,  enrumbando al país por la senda del orden, el uso efectivo de recursos, discurso acorde a la acción y búsqueda del desarrollo y equidad.
A partir de estas premisas, ¿qué se puede valorar sobre lo que en nuestro país ha ocurrido con la gestión de Laura Chinchilla?, que, sin alcanzar ese poder, ya sufría de problemas de falta de credibilidad al estar bajo la sombra implacable de su antecesor Óscar Arias y enfrentar la anticipadísima precampaña de su hermano Rodrigo,  tipificada como marioneta, su slogan de campaña –Firme y honesta− se pondría a prueba.
Este 11 de Abril en Alajuela, a propósito de la celebración de la batalla de Rivas, un cerco policial evitó que muchos costarricenses −en el más sano ejercicio democrático− manifestasen su descontento, frustración y enojo a la Presidente, por lo que muchos consideramos un contrato de concesión injusto e innecesario. 200 policías reforzaron la “seguridad” del cuerpo ejecutivo aislándolo de cualquier realidad y manteniéndolos en un estado de confort irreal, lejos de los gritos y consignas de quienes defienden sus derechos.
En mis 37 años de vida no recuerdo a un presidente con tanta necesidad de esconderse detrás de barricadas y policías, para convertir una fiesta patria en una actividad privada, solo reservada para quienes aplauden y callan; pero esto no es un hecho aislado, es más bien el resultado lógico de las malas decisiones de esta administración en temas éticos, económicos, sociales y políticos.
El no sancionar a Luis Liberman y Leonardo Garnier, luego de las cartas de “recomendación” para que la empresa de su asesora y ministro de hacienda ganaran una licitación en Recope, todo a pesar del informe de la procuraduría de la ética que, acertadamente, recomendaban una sanción. El no reprender o destituir a René Castro a raíz de la piñata de nombramientos en la cancillería, y por el contrario, “premiarlo” con el MINAET, son acciones que afectan en mi criterio la legitimidad que el pueblo le entregó a Laura Chinchilla.
En su condición de ser la primera mujer en alcanzar la presidencia, ella desaprovecha la oportunidad de abogar por las luchas de las mujeres en temas como fecundación in vitro o aborto, violencia y falta de equidad salarial; por el contrario, se ha aliado con la Iglesia Católica, alianza que limita cualquier poder de acción en esos temas.
La legitimidad del poder representa, además, una línea de pensamiento fuerte, concisa y clara, sin paños tibios y dobles discursos; la tónica de La Presidente es de no sostener ninguno, mientras en Europa apoya la ley de sociedades de convivencia, en Costa Rica la entorpece, mientras habla en foros internacionales sobre sostenibilidad y carbono neutralidad, en nuestro país apoya abiertamente la explotación de gas “natural”, minería a cielo abierto y petróleo, mientras repica y se le hincha el pecho calificando la nuestra como la “democracia más antigua de Latinoamérica”, pone barricadas al pueblo, cierra las puertas y corta los puentes.
Por último, descarga su propia inoperancia en los diputados acusándolos de entorpecer su trabajo, pero desde hace dos años estamos esperando que ejecute más de US $1000 millones que esa misma asamblea le aprobó para infraestructura y siguen inoperantes a la espera, tal vez, de que inicie la nueva campaña electoral.