La reciente protesta estudiantil por el recorte de “marchamos” en la UCR, no responde, como se ha tratado de tildar, a un grupo “pudiente” de jóvenes exigiendo privilegios a la administración, sino a una defensa de derechos estudiantiles y de un modelo de desarrollo universitario.
Primero, la escasa coordinación intrainstitucional, así como la falta de información clara y efectiva resultó en caos, no solo en el nivel administrativo, sino en el nivel vial durante la primera semana de clases de la UCR. Este año, la desorganización administrativa envió la asignación de marchamos hasta la segunda semana de clases, obligando al estudiantado a dejar sus vehículos en la vía  pública y causando un severo malestar en los vecinos. La respuesta de las autoridades universitarias a las quejas de los vecinos fue nula, indicando que ellos regulan adentro, pero lo que ocurra afuera no pueden manejarlo. De una institución académica cuya visión establece “un compromiso con el mejoramiento la calidad de vida”, esto resulta inaceptable. ¿Será que la visión social de la Universidad se queda dentro de los confines del recinto universitario?
Segundo, la escasa voluntad de la administración en buscar soluciones marcó el paso. Luego de tres semanas de negociaciones en donde se presentaron diversas propuestas, estas fueron rechazadas. Para la administración, el problema se iba a solventar el domingo 17 con la asignación de marchamos al indicar sistema utilizado se encontraba listo. Sin embargo, y tras un año para crearlo, el sistema no se encontraba preparado, causando un sentimiento de engaño en la población estudiantil que resultó en la organización del bloqueo de las entradas a la sede Rodrigo Facio el lunes 18; un problema sencillo con soluciones inmediatas de fácil aplicación, se tradujo en una problemática tanto dentro como fuera del campus. Esto, entonces, abre un cuestionamiento sobre la voluntad y capacidad de la administración para resolver problemas de mayor envergadura para el estudiantado, como lo ha sido el recurrente tema de becas y matrícula insuficiente.
Tercero, la escasa justificación en las decisiones administrativas hace ver la reducción de los marchamos como una decisión arbitraria. Por una parte, la Vicerrectoría de Administración afirma que la decisión responde a un plan de carbono neutralidad en aras de tener menos vehículos circulando en el campus. No obstante, el recorte de marchamos se realiza a estudiantes, no a administrativos. Mientras que a cada administrativo se le asigna un derecho de circulación (usando un carro cada uno), los estudiantes ya comparten vehículo para trasladarse o utilizan medios alternativos (por ende una menor huella de carbono), por lo cual el eje de un plan “carbono neutral” debería  también afectar a los administrativos. Por otra parte, el comunicado oficial de la UCR al respecto establece que la decisión se toma según una interpretación conjunta de la Convención Colectiva de Trabajo y el Reglamento de Circulación y Estacionamiento, en donde a los estudiantes se les asignan derechos de circulación únicamente si ya fue satisfecha la demanda por estos por parte de administrativos y docentes. Estamos entonces, frente a un problema de defensa de privilegios administrativos, el cual fue “resuelto” por las autoridades al quitarles a los estudiantes sus derechos adquiridos. Hasta hace algunos años, únicamente los baños privados de los administrativos contaban con jabón de manos y papel higiénico. La pregunta es entonces, ¿en función de quién se desarrolla la política universitaria? ¿De sus estudiantes, o de sus administrativos?
La manifestación, lejos de ser una protesta burguesa y de clases privilegiadas como muchos trataron de tildarla, fue una expresión estudiantil en búsqueda de un modelo de desarrollo universitario más equitativo, en donde la política universitaria se realice de manera íntegra, transparente, y coordinada, no en función de beneficios y privilegios de sus funcionarios: una Universidad orientada hacia los y las estudiantes.