Gilbert Calderón. Procurador de la Ética. (Foto: Fabián Hernández M.)
Gilbert Calderón, procurador de la ética pública, en entrevista con UNIVERSIDAD clamó por más respaldo del Estado y una reforma a la ley que haga que los criterios de esa instancia puedan trascender de un simple regaño moral −que algunos pasan por alto− a una sanción vinculante.
Esto lo dijo en el marco del informe final que esa procuraduría envió a la Presidenta de la República el pasado 3 de julio, tras investigar supuestas faltas de los funcionarios que acompañaron a la mandataria en un viaje a Perú el 11 de mayo, en un avión privado.
El documento, aunque eximió a la presidenta Laura Chinchilla de faltas a la ética, sí señaló incumplimientos a la Ley anticorrupción para el hoy exministro Francisco Chacón, la ministra Anabel González y la exasistente, Irene Pacheco, acompañantes en el viaje.
Dos días después de conocerse el informe, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González  −mediante un artículo de opinión enviado a los medios de prensa− externó fuertes críticas a la investigación, argumentando que hubo desconocimiento de los hechos y  que se violentó el derecho de defensa, entre otros señalamientos.
 
Esta no es la primera vez que funcionarios públicos desestiman los criterios de la Procuraduría de la Ética.
 
¿Cómo se explica la existencia de una Procuraduría de la Ética, cuando algunos funcionarios públicos afectados desestiman sus criterios en reiteradas ocasiones?
-Es un contrasentido, si consideramos que el combate a la corrupción forma parte de compromisos internacionales que el país ha venido asumiendo y donde cada Estado se compromete a crear un órgano especializado en la lucha contra la corrupción, el cual  gozará de independencia, suficientes recursos y sin presiones indebidas. Cuando el Estado costarricense se compromete a crear un órgano de esta naturaleza, debe respetarle sus funciones.
¿Es atacada la función de la Procuraduría de la Ética?
-Solo en ciertos casos, porque no es siempre. La Procuraduría ha hecho muchos otros informes que han sido acatados, pero en algunos no solo no se acatan, sino que más bien dan lugar a la crítica.
En el caso del avión, la ministra González argumentó que el informe desconoce los hechos, emite conclusiones sin fundamento y violenta el derecho de defensa. ¿Es cierto?
-No es cierto ni en este, ni en otros pronunciamientos que la Procuraduría de la Ética  ha llevado desde su creación. Actuamos con estricto apego a las normas que rigen el procedimiento. Mal haríamos en exigir el cumplimiento a un funcionario, cuando nosotros mismos nos estuviéramos apartando de las reglas éticas.
¿Para qué es necesaria la existencia de un órgano como la Procuraduría de la Ética?
-No sólo para lograr cumplir esos compromisos internacionales, sino para garantizarle al ciudadano que la función pública está dirigida a la satisfacción del interés general y no a la del interés particular de cada ciudadano.
No debe haber funcionarios públicos a los que no se les aplique las leyes éticas que rigen el ejercicio de la función pública por más alta jerarquía que este tenga. La Procuraduría va a seguir teniendo una posición firme en la vigilancia de estos principios éticos.
Si los criterios no son vinculantes, ¿cuál es el papel que se espera de la Procuraduría de la Ética?
-No nos corresponde valorar las actuaciones de los órganos a los que remitimos nuestros informes. Esperaríamos que sean acatados. Lo peor que le puede suceder a una democracia  es que los funcionarios públicos se aparten del interés general en el ejercicio de sus funciones.
En este momento tenemos dos vacíos importantes en nuestra legislación: las sanciones al Presidente de la República y a los diputados. Es necesario que se hagan los cambios a las leyes para que, independientemente de quién sea el funcionario público,  pueda ser sancionado cuando violenta  las reglas éticas.
¿Hay ambiente para esto?
-Honestamente veo poco interés de parte del órgano legislativo en entrarle al tema de las reformas éticas que necesita este país.
Tenemos un proyecto de Ley que desde el 2011ingresó y que al día de hoy no ha sido posible hacerlo realidad. La Sala Constitucional le ordenó a la Asamblea Legislativa crear un ordenamiento que sancione las faltas éticas de los diputados y al día de hoy no hay ni siquiera presentado un proyecto en este sentido.