En días pasados hubo otra masacre en Guatemala, murieron 11 personas dentro de éstas dos niñas. El móvil, la lucha contra la minería a cielo abierto. Ahora se trata de masacres globalizadas, la minería ataca de nuevo, las empresas mineras canadienses le han declarado la guerra a Centro América.
En décadas pasadas las masacres dejaron cientos de miles de guatemaltecos muertos, los militares se ensañaron con los indios del norte de Guatemala y aún no han sido juzgados con entera satisfacción. El general Ríos Montt, autor de las masacres de la zona Ixil, fue declarado culpable por un tribunal de la Corte de Constitucionalidad, pero al día siguiente quedó libre. Las autoridades desmantelaron la Corte y se lo llevaron para su casa como si nada hubiese pasado.
Lo curioso es que los mismos militares que ordenaban las masacres en décadas pasadas, ahora dan concesiones a consorcios canadienses, para que exploten minas a cielo abierto. El potencial minero metálico está compuesto por cobre, níquel, cobalto, oro, plata, zinc y plomo, destinados a la industria manufacturera y de construcción. El mineral de El Escobal, por ejemplo, ubicado en San Rafael de Las Flores, Santa Rosa, en el oriente del país, es considerado uno de los más grandes depósitos de plata de Centro América, con reservas de más de 300 millones de onzas, además de plomo, zinc y oro. La empresa Minera San Rafael, filial de Tahoe Resources, (canadiense) opera este proyecto desde hace 4 años y espera iniciar los trabajos de explotación a mediados de 2014.
El 2 de mayo del presente año, mediante decreto gubernativo, el presidente Pérez Molina decretó estado de sitio en los municipios de Casillas, ubicados en la misma zona. Allí también opera la Tahoe Resources. Este fenómeno se da en todo el país, con consecuencias serias debido a la intervención militar en las faenas de los mineros y la resistencia de estos ante la industria extractiva.
Antes de la firma de la paz, la inestabilidad política en Guatemala afectó seriamente la inversión en el sector minero. Sin embargo, a partir de la firma de los acuerdos de paz, los acontecimientos cambiaron drásticamente. De acuerdo a las nuevas políticas del gobierno, a través de la Dirección General de la Minería, del Ministerio de Energía y Minas, las inversiones en el sector económico del país han cobrado gran importancia. Esto se demuestra por el creciente número de solicitudes de derechos mineros de exploración y explotación, los cuales, en su mayoría, corresponden a inversiones de compañías canadienses unidas a los capitales nacionales.
Los propios asesores legales de las empresas diseñaron una ley de minería que entró en vigencia en 1997, durante el gobierno de Álvaro Arzú, que contempla la entrega gratuita del agua, apenas el 1 % de regalías y carece de artículos que aseguren compensaciones por contaminación, pérdidas o accidentes, garantías de buen trabajo ambiental, seguridad laboral y de salud para los trabajadores. Es tan entreguista esta ley, que en febrero de 2005, por la presión social, se formó una comisión de alto nivel integrada por autoridades gubernamentales y otro sector de la sociedad civil encabezada por la iglesia, para diseñar una nueva ley de minería. Luego de varios desacuerdos, hasta agosto de ese año no se había podido arribar a un proyecto de consenso. Pero aún antes de que se produjera el debate jurídico, la empresa minera canadiense Gladis Gold Co. −a través de la compañía Montana Exploradora S.A.− ya se había instalado para explotar oro y plata en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, en el occidente del país. Como en los tiempos coloniales, ríos de riqueza van a parar a las metrópolis, mientras en los países dueños de los minerales queda un cuadro de desastres ambientales, contaminación del agua y del aire, y enfermedades de todo tipo.
Las mineras arrasan todo lo que se atraviesa en su camino para conseguir sus objetivos: se introducen en áreas de conservación ecológica, desmantelan los bosques y arremeten en contra de los seres vivos que allí habitan, se apropian de las fuentes de agua y de la energía eléctrica, contaminan ríos y lagos, desplazan a comunidades indígenas y campesinas o sectores urbanos, provocan divisiones y enfrentamientos entre las comunidades, sobornan y compran a autoridades nacionales y locales.
Lo paradójico del asunto es que Canadá cuenta con una legislación ambiental admirable. Entonces, por qué los consorcios que la representan actúan con tanta impunidad al amparo de los gobiernos locales, quienes disponen de policías privados y nacionales. Obviamente, las ganancias son exorbitantes ante una mano de obra mal pagada y vilipendiada por la pobreza. El paliativo es la creación de zonas de libre comercio, y de alianzas comerciales que tienden a beneficiar en particular al que pone la tecnología, no a la fuerza de trabajo. Sin embargo, en la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992, Canadá fue uno de los países firmantes del Programa 21, un documento de 700 páginas en el que se hace un llamado por el desarrollo sustentable del mundo en el siglo XXI.