16A LA REPUBLICA. Miércoles de Junio de 1994 Editorial LA REPUBLICA PRESIDENTE EJECUTIVO: Alvaro Chaves DIRECTOR INSTITUCIONAL: Carlos José Gutiérrez GERENTE GENERAL: Martin Robles Robles.
DIRECTOR EDITORIAL: Eduardo Amador SUBDIRECTORES: INFORMACION: Jesús Mora Elbert Duran Hidalgo DISEÑO: Eduardo Sánchez Sánchez Una decisión injustificable FUNDADA EN 1950 PUBLICADA POR EDITORIAL LA RAZON, CON EL LECTOR ANGELA OROZCO Pueblo. dónde estás?
do mi qu qu las cic ра ra re VE ci fa ri d: Todos en algún momento de la vida hacemos un alto en el camino y nos replanteamos los aciertos y errores que hemos cometido en el quehacer profesional.
Saber qué piensa la gente de lo que escribimos, si realmente le interesa o no, si solo ve el título y pasa de página, es una inquietud de todos los que tiene el periodismo como su religión.
Al volver a cubrir la información desde la Asamblea Legislativa esta interrogante se vuelve más intensa, pues mientras se discuten los proyectos de ley, únicamente veo a asesores como testigos en las barras que deberían estar repletas del pueblo.
Decidir la suerte de una pensión para los artistas, si se legisla por la unión de hecho, por la madre sola o dar la razón a un pueblo que lucha por proteger su derecho a su propia tierra.
Ese es el diario trajinar de una Asamblea Legislativa, repleta de asesores, asistentes, asistentes de los asistentes, pero desolada por el pueblo que parece no creer que su opinión es importante o tal vez, y sería lo más triste, no creer en sus diputados.
Solo la imperiosa necesidad de obtener una carta de recomendación de un diputado para obtener un trabajo o al menos la esperanza de lograrlo, es el incentivo para que el pueblo se acerque a los diputados. Los responsables? Para los diputados, la prensa que solo se interesa en desinformar según ellos sobre cuánto comen los diputados, si viajan o están en el país, cómo se sientan o cuál es el perfume preferido.
Un debate político sin escuchas, un mensaje que no llega al pueblo. Cómo recuperar la confianza?
Esa es la pregunta del millón.
Con el debido respeto hacia el Presidente de ne Martinez, cometieron sus delitos en Costa Rila República y hacia los Ministros que así lo ca. Tres costarricenses murieron y el fruto de aconsejaron y que comparten su determinación, sus actividades criminales supera los 150 millo la expulsión de los criminales venezolanos del te nes. El regimen de Derecho fue incruentamente rritorio nacional, es absolutamente injustifica violado en nuestro país y no en Venezuela.
ble y constituye una violación a nuestro régimen Costa Rica es un Estado de Derecho. Los cride Derecho.
minales tenían que ser juzgados por nuestros Desde el punto de vista jurídico, los cuatro cri Tribunales de Justicia y sólo a ellos, por impeminales estaban requeridos ante el Juzgado de rio de la Constitución Política y la ley, corresy Instrucción de Pavas, por la comisión de delitos pondía determinar la pena, despues de un juicio tan graves como tres homicidios calificados, ten justo y apegado a los procedimientos de defensa.
tativa de homicidio, robo agrabado y tentativa Eso es lo que nos singulariza como país ante la de robo agrabado, ocho asaltos, portación ilegal comunidad internacional.
de armas y asociación ilícita para delinquir. En El caso no puede compararse con otros vincutotal, un cuadro de penas de más de 300 años. lados a delitos de narcotráfico, lavado de dinero sea que los hechos delictivos, cometidos en o terrorismo, en los que existe una generalizada el territorio nacional, estaban bajo el conoci y cada vez mayor conciencia de que deben ser miento del Poder Judicial, tal y como se estable considerados como propios de una categoria ince en la Constitución Política y como correspon ternacional y, en donde, se justifica la extradide en un Estado de Derecho.
ción. Tampoco era este el caso de criminales reEsta jurisdicción y potestad es absolutamen queridos por la justicia de otro país, en este cate irrenunciable.
so Venezuela, por cuanto no se conocen causas La decisión del Poder Ejecutivo, en este senti penales contra ellos, ni existe un proceso de exdo, aunque el Gobierno de la República la justi tradición solicitado por los canales corresponfique por razones de seguridad nacional, consti dientes.
tuye una abierta violación a la independencia en La actividad criminal de los venezolanos es títre los Poderes de la República que sanciona, en picamente común. Lo que hicieron en Costa Riforma clara y expresa, el artículo de la Consti ca fue robar y asesinar. Esos delitos son propios tución.
de la esfera jurisdiccional penal y su conocimienLa norma constitucional es terminante y to, por parte del Poder Judicial, sobre todo es ninguno de los Poderes puede delegar el ejerci tando los criminales requeridos desde hace vacio de las funciones que le son propias. En este rios días ante un Juzgado de Instrucción, constisentido, además, se plantea un cuadro delicado tuye un imperativo categórico de la ley. Niel Poen el plano jurídico, sobre las responsabilidades der Ejecutivo puede violentar esa obligación en que incurren, según el artículo 11, los funcio constitucional del Poder Jud ni éste renunnarios al arrogarse facultades que la ley no les ciarla. En donde quedaría, de otra forma, el réconcede.
gimen de Derecho y la separación constitucional Más allá de estos aspectos constitucionales y de los Poderes. legales, esenciales a un país democrático y ape Cuatro criminales venezolanos, por decisión gado al regimen de derecho la otra dimensión de del Poder Ejecutivo, han sido trasladados a su esta determinación del Poder Ejecutivo tiene país para ser juzgados por los Tribunales de allá, que ver con aspectos personales y familiares, en sy por otros delitos, tan graves como los cometidos cuanto los deudos directos de los costarricenses en Costa Rica.
asesinados por los criminales venezolanos.
Sin embargo. quedarán impunes los que coTres compatriotas, Hugo Herrera Herrera, Al metieron aquí. significará eso que los presunvaro Rojas Alvarado y Roberto Barquero Sán tos complices en esas acciones no van a ser inchez, pagaron con su vida la actividad delictiva vestigados ni procesados?
de los venezolanos.
Los restos de las víctimas de su criminal acti¿Qué les dirá a sus familiares y a sus seres vidad, tres costarricenses, descansan en cemenqueridos, la justicia terios en el territorio nacional. Una pregunta fi. Cómo responderá antes ellos el Estado? nal, resulta ineludible. Quién garantiza a los Los venezolanos Juan José Avendaño, Luis deudos y a todos los costarricenses, que se hará Enrique Martínez, Abel Quevedo Briceño e Ivon justicia. r te a C t ENFOQUE DEL REDACTOR BASILIO QUESADA CHANTO Debilidad gubernamental APUNTES DE LALO LOS COSTARRICENSES EVADEN IMPUESTOS POR MIL MILLONES NO SEAS DRAMATICO PARA DAR NUESTROS GOLPES NO HACE FALTA ESO DE POR SI EL ESTADO YA SABE QUIENES SOMOS La deportación de los venezolanos Juan José Avendaño Aular, Luis Enrique Martínez Ojeda, Abel Rodríguez Rangel e Ivonne Martínez Ojeda, realizada ayer por el Gobierno de la República, constituye una verdadera muestra de debilidad.
Amén de las violaciones a la Constitución Política y al Código Penal, el Poder Ejecutivo cedió ante las presiones del hampa por temor a demostrar incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana.
Esta situación pone al descubierto la fragilidad del Estado costarricense, que no posee una policía capacitada para en frentar a la delincuencia ni un sistema penitenciario eficiente, y ni que decir de la legislación penal.
Como en el pasado, Costa Rica volverá a tener fama de paraíso terrenal para los delincuentes. Robert Vesco, Caro Quintero y muchos otros delincuentes que han querido hacer de esta tierra su hacienda, debido a lo ingenuo o irracional del sistema que persiste en el país, donde el delincuente es quien pone las reglas del juego.
Lástima la brillante labor desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que culminó con la identificación y captura de la banda de asaltabancos. Ahora, de la noche a la mañana, el Gobierno la tiró por la borda.
Asesinatos, robos y los otros delitos que se les atribuían a y los venezolanos quedarán impunes, pues los delincuentes no serán juzgados en Venezuela por los delitos cometidos en Costa Rica, sino por la gran cadena de ilícitos que cometieron en ese país. Moraleja: el gato asustó al ratón.
816 Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.