Jueves 16. de Enero de 1992. LA REPUBLICA 21A Debate DEUDA DEL ESTADO CON LA CCSS Como una historia interminable, que ya ni se recuerda cuándo ni cómo empezó, el Estado arrastra su endeudamiento con la Caja Costarricense de Seguro Social, y esta situación no solo mina la capacidad asistencial del sistema, sino que pone en peligro, cada vez más su subsistencia. En este Debate esperamos esclarecer algunos aspectos de este espinoso tema, que nos atañe a todos. Mariana Lev CARLOS MANUEL CASTILLO Presidente PLN, Economista RODOLFO MENDEZ MATA Ministro de Hacienda La salud se deteriora Viejo y grave problema a Caja Costarricense de Seguro Social es, sin duda, una de las más grandes conquistas la La República Marcia Salas a 2 agosto de 1991 propuse a los costarricenses, por medio de la televisión, que sin pérdida de tiempo examinemos la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y formulemos las medidas necesarias para recuperar el mínimo de servicios que hemos perdido. La poca información de que dispongo indica que la institución está aproximándose a un colapso financiero, por cuanto el Gobierno no hace las contribuciones que está obligado a aportar. En todo esto hay que entender que cualquier ajuste estructural de la economía que conduzca a un deterioro en los indices básicos de avance social es un mal ajuste, y debemos rechazarlo. Lo que esto entraña no es solamente un cambio en la negociación internacional sino, principalmente, la decisión de distribuir los sacrificios del ajuste con un criterio de mayor equidad.
Mi información sigue siendo insuficiente, pero indica que, a la fecha, la deuda del Gobierno con la seguridad social de los costarricenses rebasa los 15. 000 millones de colones y que, de seguir las cosas como están llegará a 25. 000 millones a finales de 1992. Estas cifras representan por ciento de la producción nacional en 1991 y más de por ciento este año, y colocan el déficit del Gobierno en una cifra equivalente a más del doble de lo que nos dice el señor Ministro de Hacienda.
Con todo, el significado más importante de esta situación no es la estadística de la insuficiencia fiscal; es el deterioro, en términos sociales y humanos, del sistema nacional de salud. Las instalaciones físicas de nuestros hospitales se están desintegrando, y carecen de numerosos medicamentos, en tanto que los exámenes que nuestros pacientes necesitan hoy se programan para muchos meses después.
No pagarle a la Caja pone de manifiesto un enfoque equivocado del ajuste fiscal. Una vez superadas las profundidades de la crisis, el cierre indiscriminado de esta brecha produce, innecesariamente, efectos perversos como los que acabo de indicar. El equilibrio de las finanzas gubernamentales debe alcanzarse ahora con un criterio selectivo, y evitar retrocesos en nuestro desarrollo social. El balance presupuestario no puede hacerse al precio de no pagar las cuotas que adeuda la Administración. Hay que economizar, ciertamente, pero no a costa de la salud de los costarricenses. El Gobierno debe pagar. Esto es impostergable si queremos impedir un colapso de magnitudes que pueden ser catastróficas.
La Caja tiene también su lote de responsabilidad. El margen para aumentar el rendimiento por colón gastado es muy grande. La organización tradicional genera costos que no pueden pagarse con los recursos de que se dispone. Debe someterse a una reestructuración profunda, reafirmando la responsabilidad primaria del Estado en la provisión de los servicios de salud, y preservando la función niveladora de un sistema único, ase.
quible a todos, del que depende la vida democrática de los costarricenses.
Hay que incrementar la participación de la comunidad local, a partir de las experiencias acufinalidad de su servicio cuanto por la concepción que privó para su creación.
Sin embargo, desde hace casi dos décadas, el Estado costarricense viene incumpliendo sus obligaciones constitucionales y legales de carácter financiero con esa institución. De acuerdo con el Departamento de Contabilidad de la División Financiera de la Caja, la deuda total acumulada por el Estado en favor de esa institución al 30 de noviembre de 1991, alcanza la cifra de catorce mil millones de colones. Debe quedar claro que ese monto corresponde, en su buena parte, a los incumplimientos de las anteriores administraciones.
En la presente administración, en noviembre de 1991 se suscribió un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Caja según el cual, el Gobierno, asumiría el pago de algunos empréstitos externos concedidos en favor de la Caja resultando que, lo que el Poder Ejecutivo cancele por esos conceptos a organismos internacionales se constituya en abono a la deuda. Además estamos comprometi dos a obtener cooperación financiera para la adquisición de equipos necesarios para el óptimo funcionamiento de la institución.
Actualmente, se realizan los estudios pertinentes para acordar un adéndum al convenio suscrito en noviembre pasado y que ampliará el marco de posibilidades y compromisos para la satisfacción de las obligaciones financieras del Estado con la Caja. Complementariamente, la Asamblea Legislativa aprobó una norma presupuestaria dentro de la Ley de Presupuesto Nacional para 1992, que establece el compromiso del Ministerio de Hacienda a cancelar la deuda correspondiente a los años 89 90 y 91 en dinero efectivo en tanto que la deuda correspondiente a años anteriores al 89 podrá cubrirse mediante emisiones de bonos.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda presupuesto para 1992, casi cinco mil millones de colones para hacer frente al pago de las cuotas que el Poder Ejecutivo debe aportar en su doble condición de patrono y Estado en favor de la Caja.
La incorporación de estos recursos procura evitar que el incremento de la deuda acumulada continúe produciéndose.
Estas acciones tratan de procurar respuesta positiva y bien intencionada pero, hemos de ser sinceros al señalar que cada una de estas acciones o el conjunto de ellas no son necesariamente la solución. El origen del problema es de carácter estructural.
El Estado costarricense ha llegado a tal grado de atrofia que, mientras, se encuentra imposibilitado de atender obligaciones financieras de orden prioritario como lo es su contribución a este sistema de seguridad social, por otro lado continúa viéndose obligado a ejecutar gastos para financiar privilegios, duplicidades e instituciones que, en algunos casos, fueron producto de la ocurrencia y, en otros, aunque importantes ya cumplieron su ciclo histórico.
a 1 muladas en los procesos de cooperativización y en los mecanismos de capitación. Hay que reformular las prioridades en los programas de medicina curativa. Hay que intensificar los de medicina preventiva y comunitaria. Hay que completar aceleradamente la integración de servicios entre el Ministerio de Salud y la Caja. Hay que replantear los programas de inversión en infraestructura, y hay que colocar a la medicina costarricense en la nueva economía exportadora.
Todo esto es importante, pero será siempre insuficiente, mientras no fortalezcamos las bases económicas de nuestro desarrollo social. La responsabilidad del Gobierno actual en la crisis financiera de la Caja es mucho mayor que su deuda, por la política de contracción económica que sigue desde principios de su gestión.
Como lo señalan con acierto Leonardo Garnier y Roberto Hidalgo en su ensayo El Estado necesario y la política de desarrollo. debemos volver a una perspectiva que defina las políticas económicas y sociales como componentes medulares e inseparables de la concepción de desarrollo prevaleciente y como pilares fundamentales de la democracia lograda. de suerte que el desarrollo social resulte no sólo de las políticas sociales de cada Gobierno, sino también de las políticas económicas. Véase Costa Rica entre la ilusión y la desesperanza. Una alternativa para el desarrollo, Ediciones Guayacán, San José, 1991, 26. Para lograrlo, es esencial reformular nuestra política macroeconómica y nuestros programas de producción, a fin de sacar al país del estancamiento crónico, y de inaugurar un nuevo período de expansión sostenible.
El aumento de la producción y el incremento del ahorro y la inversión que así se logren fortalecerán los ingresos del Gobierno, le facilitarán poner al día sus adeudos, y efectuar las transferencias corrientes y futuras a la seguridad social, recuperando así el terreno perdido en estos años.
e a. S a 12n Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica