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Bangkok. AP. La junta militar de Tailandia emitió ayer nuevas órdenes para evitar cualquier oposición a su golpe de Estado, prohibiendo las actividades políticas en los municipios y provincias.
Los militares golpistas, que derrocaron al primer ministro democrático Thaksin Shinawatra la semana pasada, cuando este viajaba a Nueva York, ya habían prohibido las reuniones de partidos políticos y el establecimiento de nuevas fuerzas políticas.
Por otra parte, un portavoz del ejército dijo que los militares podrían anunciar esta semana al primer ministro interino del país mientras que un grupo nombrado por la junta militar advirtió que no se detendrá ante nadie para descubrir los presuntos actos de corrupción del líder derrocado.
Tras tomar el poder, el martes, los golpistas prometieron nombrar a un primer ministro civil para que encabece un gobierno interino en dos semanas y realizar elecciones antes de octubre del año próximo.
Media docena de prominentes tailandeses, incluidos abogados, tecnócratas y el director de una agencia de la ONU, han sido mencionados por medios y diplomáticos locales como posibles candidatos al puesto.
El nombramiento de un líder civil ayudaría a mitigar algunas de las críticas más severas de los gobiernos occidentales y de los organismos de derechos humanos tras el primer golpe militar ocurrido en Tailandia en 15 años.
La junta militar que tomó el poder espera también justificar sus acciones al exponer los casos de corrupción, al parecer numerosos, bajo el régimen de Thaksin.
"Cualquier caso que cause un daño serio al país, debemos investigarlo urgentemente", dijo Parnthep Klanarongran, el nuevo jefe de la Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, que deberá analizar unos 10.000 casos, incluidos varios que involucran a Thaksin.
La comisión realizará su primer encuentro hoy.
Una de las primeras medidas tomadas después de enviar los tanques militares a las calles de la capital el 19 de setiembre, fue declarar la ley marcial en todo el país, prohibiendo así las reuniones públicas de más de cinco personas.
Las autoridades militares también pidieron a los medios de prensa que ejerzan la autocensura.
La orden más reciente, anunciada en los canales de televisión locales el domingo en la noche, exige a todas las organizaciones que detengan sus actividades y sus reuniones políticas hasta que la situación vuelva a la normalidad.
En los primeros días tras el golpe de estado surgieron rumores de un posible contragolpe, pero hasta ahora no han emergido señales de que eso pudiera suceder.
El general Palangoon Jaharn, portavoz de la junta, se negó a decir cuánto tiempo estarán en vigencia las restricciones. Solo expresó que serán levantadas cuando la situación vuelva a ser normal.
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